edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
10/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Congreso aprueba la reforma que rebaja el umbral de participación de los minoritarios en las juntas de las cotizadas

Javier Ardalán

La Comisión de Economía del Congreso, con  competencia Legislativa plena, aprobó ayer para su remisión al Senado, el Proyecto de  Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de  Capital para la mejora del gobierno corporativo.

La futura Ley extiende la posibilidad de la junta general de impartir instrucciones en materias de gestión a todas las sociedades de capital, manteniendo en todo caso la previsión de que los estatutos puedan limitarla. En la misma línea, se amplían las competencias de la junta general para reservar a su aprobación las operaciones societarias que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales.

Con respecto a la participación de los accionistas en la junta general, la reforma trata de garantizar que los accionistas se pronuncien de forma separada sobre el nombramiento, la reelección o la separación de administradores y las modificaciones estatutarias, y que puedan emitir de forma diferenciada su voto.

Además, los llamados derechos de la minoría en las sociedades cotizadas experimentan una rebaja en el umbral necesario para que los accionistas puedan ejercer sus derechos hasta el tres por ciento del capital social y se establece en mil el número máximo de acciones que los estatutos podrán exigir para asistir a la junta general.

La futura Ley modifica, además, la normativa vigente para clarificar la información a publicar en relación con las propuestas de acuerdo y establece de forma expresa que el criterio de  cómputo de la mayoría necesaria para la válida adopción de un acuerdo por la junta general es la mayoría  simple, despejando así de forma definitiva las dudas interpretativas que este artículo había suscitado en la práctica

Una novedad importante es que se reforma el tratamiento jurídico de los conflictos de interés que en adelante pivotará sobre  estos dos elementos: el primero consiste en establecer una cláusula específica de prohibición de derecho  de voto en los casos más graves de conflicto de interés, para lo cual se propone generalizar a las  sociedades anónimas la norma actualmente prevista para las sociedades de responsabilidad limitada.

Por otra parte, se  de una presunción de infracción del interés social en los casos en  que el acuerdo social haya sido adoptado con el voto determinante del socio o de los socios incursos en  un conflicto de interés. Otros aspectos relevantes en el funcionamiento de la junta general son los de su convocatoria y la  adopción de acuerdos.

Una parte fundamental de esta futura Ley es la regulación del derecho de información de los accionistas. Se diferencia entre las consecuencias jurídicas de las distintas modalidades de este derecho,  así como modular su ejercicio atendiendo al marco de la buena fe.  Además, y para el caso de las  sociedades cotizadas, se extiende el plazo en el que los accionistas pueden ejercitar el derecho de  información previo a la junta general hasta cinco días antes de su celebración.

Por lo que se refiere al régimen jurídico de la impugnación de los acuerdos sociales, se han ponderado  las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y  la seguridad del tráfico jurídico. En consecuencia, se adoptan ciertas cautelas en materia de vicios formales  poco relevantes y de legitimación, para evitar los abusos que en la práctica puedan producirse.

Al mismo tiempo, se unifican todos los casos de impugnación bajo un régimen general de anulación  para el que se prevé un plazo de caducidad de un año. La única excepción son los acuerdos contrarios al  orden público, que se reputan imprescriptibles. En el caso de las sociedades cotizadas, el plazo de  caducidad se reduce a tres meses para que la eficacia y agilidad especialmente requeridas en la gestión  de estas sociedades no se vean afectadas.

En lo que respecta a la legitimación y con el objetivo de evitar situaciones de abuso de derecho, solo  estarán legitimados para impugnar los accionistas que reúnan una participación de minoría del 1 por  ciento para las sociedades no cotizadas y del 0,1 por ciento para las cotizadas.

Finalmente, la Ley  permite que los estatutos sociales reduzcan estos umbrales y además amplía el concepto de interés  social, de forma que en adelante se entenderá que se ha lesionado el interés social cuando el acuerdo se  impone de manera abusiva por la mayoría.

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