edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
21/07/2011

El Congreso vota hoy la Ley que incompatibilizaba el cobro de la jubilación con el ejercicio privado de la abogacía

Una enmienda deja sin efecto dicha previsión, que debe ser confirmada por la Cámara Baja
Javier Ardalán

El Congreso vota hoy la norma que, finalmente, evitará que los abogados que estén pensando en jubilarse tengan que preocuparse por poder cobrar su pensión de la Seguridad Social mientras siguen ejerciendo de forma privada una vez retirados. La Cámara Baja tiene previsto votar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Una norma que venía siendo criticada por los profesionales colegiados, como abogados o médicos, por incorporar entre sus preceptos la incompatibilidad de cobrar una pensión con el ejercicio profesional privado. Finalmente, el propio Congreso eliminó esta previsión, al aprobar una enmienda transaccional que ha pasado ilesa su trámite por el Senado.

La enmienda, aprobada a propuesta del PSOE, PP y CiU en el Congreso y posteriormente en el Senado -donde se mantuvo transaccionada sin que se sometiera a debate, al contar con el apoyo de la mayoría-, deja finalmente sin efecto la Orden del Ministerio de Trabajo que incompatibilizaba pensión y trabajo tras la jubilación. Se trata de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, que ha estado rodeada de polémica desde su nacimiento y que, poco después de su entrada en vigor -el pasado 1 de julio- sufrió una primera revisión tras saltar la alarma con respecto a quiénes quedarían afectados por ella una vez aprobada.

Así, inicialmente se hablaba de que aquellos que estuvieran pensando en jubilarse de su actividad por cuenta ajena y continuar con la consulta privada tendrían como plazo para hacerlo hasta el 1 de julio de 2011 y, pasada esta fecha, si se jubilaran, no podrán realizar ninguna actividad profesional”. En rectificación, el 3 de julio se aclaraba que la incompatibilidad no afectaría, no sólo a los que a fecha de 1 de julio de 2011 estuvieran jubilados de la actividad por cuenta ajena, “sino también a aquéllos que a dicha fecha hubieran cumplido ya los 65 años de edad”, ampliándose el número de casos que quedaban fuera de aquella normativa.

Pero, acotado el espectro de afectados, la Orden fue finalmente eliminada del texto de la Ley de reforma de la Seguridad Social el pasado 21 de julio, restableciéndose la compatibilidad entre ambas actividades, a través de la disposición adicional trigésima séptima. Ahora sólo resta el último tramo del proceso. Si el Congreso aprueba el texto, los abogados podrán respirar tranquilos.

RESPIRO PARA LOS TRABAJADORES

La norma ministerial fue objeto de numerosas críticas por parte de los trabajadores colegiados que, tal y como ocurre en el caso de médicos o arquitectos, verían limitada su capacidad para seguir ejerciendo su profesión como lo han venido haciendo hasta ahora. Hasta su aprobación, los colegiados podían percibir su pensión de la Seguridad Social mientras ejercían, aún sin haberse dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), y ello por haber optado por una mutualidad de previsión social -modalidades aseguradoras voluntarias y complementarias del sistema público-.

Sin embargo, la Orden establecía como novedad que el régimen de incompatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo del pensionista sería también aplicable “con respecto al ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que se hallen exonerados de la obligación de causar alta en el RETA, con independencia de que queden o no integrados en una de las mutualidades de previsión social a las que la indicada disposición legal posibilita su actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial”.

Con la nueva redacción, introducida por la disposición adicional trigésima séptima, se disipan las dudas, al menos de momento, y se extrae esta cuestión para regularla de forma independiente, al establecerse que el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo y que, “mientras no se produzca esa regulación, se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN/1362/2011”.

La presión de los grupos de colegiados ha sido clave a la hora de lograr este resultado: en su día Unión Profesional, asociación estatal que representa a las profesiones colegiadas españolas y que se encuentra presidido por Carlos Carnicer decidió optar por la vía del recurso contencioso-administrativo para frenar la entrada en vigor de la Orden, y se encargó, además, de presentar la enmienda que ha permitido parar el proceso. Carnicer, quien también preside el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), declaró públicamente su oposición a la norma, afirmando que la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y el ejercicio privado de estos profesionales “reporta al sistema un valor extraordinario en términos de experiencia y talento y, por supuesto, del trabajo que, desde sus respectivas actividades, dan a miles de profesionales de todos los sectores laborales”. Tras mantenerse contactos con diversos grupos parlamentarios, finalmente se ha evitado la aplicación de una Orden que, en opinión de los colegiados, lesionaría gravemente sus derechos. En total, la Orden afectaría a unos 500.000 profesionales.

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