edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
16/10/2012

El Consejo de Defensa del Contribuyente aboga por la suspensión del acto impugnado sin exigir garantía en reposición

Xavier Gil Pecharromán
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado la Memoria del año 2011 del Consejo para la Defensa del Contribuyente, que en la  mayoría de las quejas (4.997) y sugerencias (377) corresponden a los servicios de atención e información, siendo menor el número de las referidas al desarrollo de los procedimientos tributarios.

Los contribuyentes presentaron en 2011 un total de 11.659 quejas y sugerencias, lo que supone un incremento del 3,6% en relación con las presentadas en 2010 (11.257). Se trata de un incremento moderado, y en línea con los registrados en años anteriores. En 2010 ese incremento fue del 4,7%. La mayor parte de los expedientes corresponden a quejas (10.884; el 94%) frente a las 775 sugerencias, equivalentes al 6% del total.

En la Memoria, el Consejo incluye una reflexión en la que se explica que se tramitan expedientes de queja en que desde el momento en que se ha suscitado la controversia hasta que se ha ejecutado la resolución de la última instancia posible, han pasado más de quince años, y en algunos casos hasta de veinte o más. Incluso se refiere un caso en que  “bien entrado el presente siglo, por la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que se pronunciaba finalmente en una controversia cuyo fondo era el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, que, como es de general conocimiento, estuvo vigente hasta 1985”.

Por ello, considera que la percepción del administrado ante esta situación es de enorme desaliento, no exento de escepticismo, y que el contribuyente afectado en concreto (si es que sobrevive física o jurídicamente), se ve sometido a una suerte de “cadena perpetua” procesal que, aunque se estime finalmente su pretensión, raramente le lleva a considerar que se ha hecho justicia de forma plena y acorde a los principios que deben inspirarla. En el texto se recuerda que se dice popularmente que una justicia tardía no es justicia.

Pero el Consejo aboga por que la solución no debe venir por la vía de dificultar o impedir de hecho el acceso a determinadas instancias, sino por una profunda revisión de todo el sistema, incluyendo, en su opinión, la introducción y el fomento de fórmulas convencionales de resolución de conflictos.

Considera, también que el contribuyente ha de tomar decisiones por delante, sin que en muchos casos exista todavía una doctrina administrativa o jurisdiccional que le ampare, doctrina con la que sí cuenta en numerosas ocasiones el órgano de la Administración tributaria que corrige su actuación. Por otra parte, dicha doctrina no siempre goza de la firmeza y de la estabilidad que serían deseables. De todo ello se deriva, de forma inevitable, una litigiosidad que, como los hechos demuestran, no es absorbida por los órganos competentes de la forma que sería exigible.

Destaca la Memoria, que un problema importante en los procedimientos administrativos es la indebida duración de los recursos de reposición hasta la obligatoria resolución expresa, lo que hace que en muchos casos se utilice la interposición del recurso como una técnica meramente dilatoria sin otro objeto que retrasar la firmeza de un acto o la consolidación de una situación, lo que constituyen una práctica no deseable.

Por tanto, concluye, que habría que hacer un análisis realista de la aplicación y de la efectividad de esta instancia. Como sugerencia señala que podría pensarse en la posibilidad de que en los recursos de reposición, y teniendo en cuenta el corto plazo legal de resolución, quedara en suspenso el acto impugnado sin necesidad de garantía.

Sin duda ello conllevaría que se utilizara este recurso en un porcentaje de casos mucho mayor que el actual, pues se evitarían las dificultades y los costes derivados de la aportación de la garantía exigida, y de paso se propiciaría la resolución en plazo por los servicios afectados.
Señala también, que la suspensión sin garantía de un acto durante el reducido plazo de un mes no debería ser un inconveniente apreciable en el funcionamiento del sistema, pues no sería otra cosa que una breve prolongación de la situación que se produce durante los plazos de alegaciones previos al acto administrativo previstos en los distintos procedimientos.

La reflexión concluye indicando que la dilación excesiva de los procedimientos ya constituye per se un gravísimo inconveniente, al que se añaden otros en determinadas circunstancias, destacando entre ellos las actuales limitaciones para el acceso a la casación en la vía contencioso administrativa. Todo ello hace que pueda quedar en entredicho el ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos constitucionalmente proclamados a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones.

Finalmente, señalar que la parte fundamental de las denuncias corresponde a las presentadas en relación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (7.759; el 66,5%) que, no obstante, ha descendido un 3,8% en términos relativos con respecto a 2010. También se observan ligeros descensos en las referidas a los Tribunales Económico-Administrativos y la Dirección General de Tributos. Las referentes a la Dirección General del Catastro han aumentado un 3,7%.

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