edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
05/02/2010

El Consejo de Estado confirma todos los indicios de inconstitucionalidad detectados por el Gobierno en la Ley de Cajas gallega

EP
El dictamen del Consejo de Estado confirma todos los indicios de inconstitucionalidad detectados por el Gobierno central en diez preceptos de la Ley de Cajas de Galicia, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas, que dan por hecho que el Consejo de Ministros decidirá hoy recurrir el texto.

Fuentes de la dirección del PSdeG, que han tenido conocimiento del documento, aseguran que "suscribe absolutamente todos los puntos puestos en cuestión" y "desmonta la refutación de la conselleira de Facenda", Marta Fernández Currás, que defendió la constitucionalidad de todos los puntos que el Gobierno veía posible recurrir.

Así, este órgano detecta que los diez preceptos señalados por el Ejecutivo central en el informe que le remitió al Consejo pueden colisionar con la normativa estatal. Estos puntos se refieren, en concreto, a la potestad de la Consellería de Facenda para decidir sobre un sistema institucional de protección (SIP) y las mayorías necesarias para aprobar una fusión.

La Xunta defiende, en el primer caso que debe autorizar la entrada de una caja gallega en una fusión fría, pues es una decisión estratégica; y en el segundo que las mayorías --pide dos tercios de la asamblea presentes y la mitad más uno de votos a favor-- son las que aparecían ya en el texto de 1996, que no se modificó.

Asimismo, suscitan dudas los puntos relativos a la representación de las entidades representativas o el porcentaje de renovación de los órganos de dirección, pues la Ley Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) establece que se mantenga un 50% para dar continuidad y la ley gallega exige la renovación del 75% en dos meses.

Otro de los puntos que Consejo de Estado y Gobierno ven recurribles es el que se refiere a la autorización, por parte de Facenda, de la obra social.

Si se recurren todos estos puntos en los términos que expuso el Gobierno, con petición de suspensión, quedará paralizada la renovación de las cúpulas de las cajas, que tanto Caixa Galicia como Caixanova pusieron ya en marcha.

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado hoy por su Comisión Permanente, fue remitido al Ministerio de Política Territorial, responsable de la relación con las comunidades autónomas. El análisis, que se pidió por vía de urgencia, fue realizado en un plazo de seis días, pese a que esta alternativa concede hasta 15 días para ello.

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