edición: 2615 , Jueves, 13 diciembre 2018
11/06/2012

El Consejo de Europa recomienda a España que alargue la edad de jubilación y mejore el paro de los mayores antes de 2015

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo Europeo acaba de emitir un informe con recomendaciones para España en el periodo 2012 a 2015 entre las que indica la necesidad de que el Gobierno aumente la edad para tener derecho a de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reforma del sistema de pensiones  de 2011, en el que España adoptó una reforma de las pensiones que representa un paso significativo en favor de la sostenibilidad a largo plazo de los ingresos del Estado.

Sin embargo, considera que el deterioro de las perspectivas de la economía española está limitando los efectos de la reforma sobre la previsión de gastos públicos que se derivarían del envejecimiento de la población. Por otra parte, recomienda que la reforma se complemente con medidas concretas encaminadas a sostener la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores más edad 2012-2014, encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo.

En la misma línea invita a tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. Aplicar las reformas del mercado laboral y tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando la selección de los grupos de destinatarios, es otra de estas recomendaciones del Consejo de Europa para el Gobierno Español.

En el capítulo fiscal aboga por que se subsane la baja proporción de impuestos procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aumentando la base imponible de este impuesto. También apuesta porque España disminuya el sesgo que provoca el sistema tributario en favor del endeudamiento y el acceso a la propiedad de la  vivienda, que los ha venido haciendo en detrimento del alquiler.

En definitiva, en el capítulo de los ingresos aconseja que se Introduzca un sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más favorable al crecimiento, especialmente reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente.

Por el contrario, en el capítulo del gasto, sus consejos van hacia un esfuerzo presupuestario medio anual equivalente a más del 1,5 % del PIB en el periodo 2010-2013, conforme a la recomendación formulada en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aplicando las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y poniendo en marcha el plan presupuestario plurianual anunciado para 2013-2014 antes de finales de julio.

Considera el informe que el ritmo previsto de ajuste estructural en 2012-2013 representa avances suficientes hacia el objetivo a medio plazo, y la tasa de incremento del gasto público, teniendo en cuenta las medidas de ingresos discrecionales, es conforme al valor de referencia para el gasto contenido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé que el ratio de deuda pública alcance un máximo en 2013 y empiece a disminuir a continuación.

En 2014 y 2015, prevé que España atravesará un periodo de transición y los planes presentados en el programa garantizarían un progreso suficiente hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda contenido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Señala también la necesidad de aplicar medidas adicionales a nivel de las Comunidades Autónomas  de conformidad con los planes de reequilibrio aprobados y aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de la ejecución del presupuesto. Establecer una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria, y estime los efectos de la legislación propuesta sobre el presupuesto.

Como no podía ser de otra forma, insiste en la necesidad de la reforma del sector financiero, particularmente en complementar la estructuración en curso del sector bancario corrigiendo la situación de las entidades en dificultades, presentar una amplia estrategia para abordar eficazmente el problema derivado de los ‘activos heredados’ que figuran en los balances de los bancos, y definir una clara estrategia en materia de financiación y utilización de mecanismos de protección. Recomendaciones que ahora se ven impulsados por las ayudas financieras aprobadas por el Eurogrupo el pasado sábado.

En el capítulo de formación, complementario del ámbito laboral, recomienda que el Gobierno proceda a una revisión de las prioridades de gasto y reasignar los fondos a fin de facilitar el acceso a la financiación para pymes, investigación, innovación y juventud. Aplicar el Plan de Acción destinado a los Jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la educación y la formación profesional y a su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y redoblar los esfuerzos encaminados a reducir el abandono prematuro de la escuela y aumentar la participación en las actividades de educación y formación profesional, mediante medidas de prevención, intervención y compensación.

Recomienda aumentar la utilización de los servicios de formación, de asesoramiento y de puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo, intensificando sus vínculos con las políticas pasivas del mercado de trabajo, y reforzando la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales, por ejemplo intercambiando información sobre ofertas de empleo.

Y en el capítulo civil y mercantil, se inclina por la toma de medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, especialmente las profesiones altamente reguladas, reducir los plazos de obtención de licencias de explotación, y eliminar los obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normativas múltiples y superpuestas establecidas por distintos niveles de gobierno. Completar la interconexión de las infraestructuras eléctricas y gasísticas y abordar el déficit tarifario del sector eléctrico de forma global, particularmente mejorando la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad.

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