edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
12/01/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El CES Europeo propone un pacto anticorrupción europeo

Javier Ardalán
Se necesita que un compromiso explícito, un pacto anticorrupción europeo, para lograr una estrategia creíble y exhaustiva. Debe ser gestionada ‘desde arriba’ y requiere el compromiso de todas las partes interesadas pertinentes de nivel europeo, nacional o local, según las consideraciones del Consejo Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen titulado ‘Combatir la corrupción en la UE: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil’.
El CESE basa estas consideraciones en los resultados de dos encuestas realizadas en 2014 por la Comisión Europea (CE), en las que se señala que tres cuartas partes de los ciudadanos de la UE creen que la corrupción está muy extendida en su propio país. En diez Estados miembros, el porcentaje es superior al 90%. Y también, más de la mitad de los europeos estima que el nivel de corrupción ha aumentado durante los tres últimos años.

Tres cuartas partes de los europeos declara que los sobornos y el tráfico de influencias constituyen a menudo la manera más fácil de obtener determinados servicios públicos (por ejemplo en el sector médico y la asistencia sanitaria) en su país.  Además, más de dos tercios de los europeos consideran que existe corrupción en las instituciones de la UE y más de la mitad de ellos considera que las instituciones no contribuyen a reducir la corrupción en Europa.

Aproximadamente. Además, la mitad de las empresas considera que la corrupción constituye un problema para la actividad empresarial. Las empresas estatales y el sector público, incluidas las autoridades fiscales y aduaneras, son especialmente vulnerables.

Y más de la mitad de las empresas señala que la corrupción está muy extendida en la contratación pública en razón de los conflictos de intereses, las prácticas opacas y los favoritismos. La contratación pública de proyectos y contratos en materia de desarrollo urbano, infraestructuras, construcción y asistencia sanitaria se consideran especialmente vulnerables a la corrupción en todos los niveles.

En su informe de diciembre de 2014, la OCDE demuestra que la magnitud del soborno en el extranjero sigue siendo inaceptablemente elevada. En él se describen más de 400 casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros durante el periodo 2009-2014.

Por término medio, los sobornos ascendieron al 11% del valor total de las transacciones y en muchos casos estuvieron relacionados con contratos públicos. Dos terceras partes de los casos se produjeron en los cuatro sectores siguientes: industrias de extracción, construcción, transporte y almacenamiento, información y comunicación.

En cuanto a los esfuerzos para proteger los intereses financieros de la UE (el dinero de los contribuyentes gestionado por la UE), en 2013 se notificaron 16.000 casos de irregularidades (aproximadamente 2 000 millones de euros) en el uso de los fondos de la UE, de los cuales 1.600 casos de fraude (por importe de 350 millones de euros).

Desde 2009, el número de irregularidades notificadas se ha incrementado en un 22% y su valor en un 48%. La falsificación de documentos (probablemente relacionada a menudo con la corrupción) fue la fuente principal de este comportamiento.

El Tribunal de Cuentas Europeo reconoció en su informe anual de 2013 abusos o errores en aproximadamente en el 5% de los fondos concedidos por la UE, sobre todo en el ámbito de la política regional, la energía y el transporte, la agricultura, el medio ambiente, la pesca y la salud.

La UE debería elaborar sin demora una estrategia quinquenal de lucha contra la corrupción, coherente y global, así como el subsiguiente plan de acción, refrendados por los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. En sus programas y en la cooperación interinstitucional, las presidencias de la UE y las instituciones de la UE deberían comprometerse a alcanzar objetivos claros de lucha contra la corrupción.

Deberían tener una agenda de progreso y centrarse en cuestiones transversales de lucha contra la corrupción en la UE y en las relaciones exteriores de la UE, en incrementar el apoyo a los Estados miembros y mejorar la cooperación transnacional, en el refuerzo de la integridad de las instituciones y en la protección de los intereses financieros de la UE.

El fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción deberían ser objetivos centrales de todas las políticas de la UE. La estrategia debería tener en cuenta las recomendaciones que figuran en este dictamen.
La prioridad fundamental debería ser apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por aplicar y hacer cumplir los instrumentos nacionales, europeos e internacionales existentes.

Los avances en esta estrategia deberían evaluarse en el contexto del ejercicio del Semestre Europeo, teniendo en cuenta las conclusiones de las encuestas periódicas y del informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción.

La prevalencia de la corrupción debería también tenerse en cuenta en el seguimiento por parte de la UE de la manera en que sus Estados miembros respetan el Estado de Derecho y analizarse específicamente como parte de la condicionalidad de los programas de asistencia económica acordados entre Estados miembros y terceros países.

Finalmente, la UE debería, además de las medidas legislativas, emprender y apoyar medidas alternativas para promover la adopción y la aplicación de códigos y normas de cumplimiento, anticorrupción y en particular antisoborno en cada empresa, en consonancia con los instrumentos y las orientaciones internacionales, sectoriales y europeas.

El concepto de participación incluyente y transparente de las partes interesadas correspondientes, incluidos los trabajadores, debería formar parte de la aplicación de un código ético (que también incluya disposiciones adecuadas en materia de denuncia de irregularidades) por la empresa en cuestión.

Se debería obligar a las empresas de todo el mundo a disponer de un sistema de gestión de lucha contra la corrupción como requisito para poder ser seleccionadas en proyectos que reciban financiación de la UE.

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