edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
13/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Constitucional anula la legislación que impide cobrar la pensión de viudedad a las parejas de hecho sin hijos comunes

Xavier Gil Pecharromán

La Seguridad Social no puede negar una pensión de viudedad  porque el causante y el beneficiario no hayan tenido hijos en común, según establece una sentencia del Tribunal Constitucional, de 8 de abril de 2013,

Esta sentencia anula las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 13 de febrero y 2 de mayo de 2008, la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 31 de Barcelona de 29 de enero de 2009; la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de septiembre de 2010, que desestimó el recurso de suplicación interpuesto contra la anterior, así como, en la medida en que declaró la firmeza de esta última Sentencia, la del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2011.

La demandante había visto denegada su solicitud de pensión de viudedad planteada al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, tanto en vía administrativa como en vía judicial, por no cumplir el requisito establecido en su letra c), que exige que “el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”.

El Tribunal Constitucional insiste, como ya lo hiciese en otra reciente sentencia de 14 de febrero de este año, en que esta exigencia constituye una directa vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 14 de la Constitución Española.

El ponente, el magistrado Ortega Álvarez, basa este fallo en la diferencia de trato que se establece por la norma cuestionada entre parejas de hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos en común, no sólo no obedece a ninguna razón objetivamente justificada, relacionada con la propia esencia, fundamento o finalidad de la pensión de viudedad especial regulada en la referida disposición, sino que conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir injustificadamente a determinados superviviente de parejas de hecho el acceso a la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser de imposible cumplimiento (por razones biológicas o jurídicas) la exigencia de haber tenido hijos comunes.

Encontrándonos, en realidad, ante un amparo de los contemplados en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, toda vez que la vulneración del derecho a la igualdad se habría causado por la aplicación en la resolución administrativa inicial de una previsión legal que ha sido declarada inconstitucional, el restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exige la anulación de dicha resolución administrativa, así como la de las resoluciones judiciales que la confirmaron, y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de dictarse la misma, a fin de que por el órgano administrativo se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

No obstante, en la sentencia de febrero, el propio Tribunal Constitucional limita la capacidad de quienes no solicitaron la pensión de viudedad en el plazo de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley (del 1–1–2008 al 31–12–2008), porque no cumplían el requisito de haber tenido hijos en común.

La sentencia estima que en estas situaciones no podrán reclamar ahora la pensión, toda vez que el requisito temporal referido no ha sido cuestionado, ni cabe que este Tribunal extienda al mismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. De esta exclusión podría deducirse que pueden volver a solicitar la pensión aquéllos que en su día, dentro del plazo establecido, la presentaron y se aquietaron ante la negativa del INSS; sin embargo, a nuestro juicio, no existe plazo para una nueva solicitud.

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