edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
28/10/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El consumidor puede llevar a los tribunales a la comercializadora eléctrica si la distribuidora incumple el contrato de suministro

Javier Ardalán
El Pleno del Tribunal Supremo acaba de fallar sobre un asunto fundamental para los consumidores de energía eléctrica a la hora de demandar ante el incumplimiento de un contrato de suministro, al determinar que ante esta situación no solo se puede llevar a los tribunales para exigir responsabilidad civil a la empresa distribuidora sino, también, a la comercializadora.
Se trata de un asunto espinoso, en el que rechaza el recurso planteado por dos empresas comercializadoras frente a los argumentos del consumidor en cuya defensa alegaba la confianza depositada en las comercializadoras y que no había denunciado a la distribuidora, con la que no tenía ninguna relación. Las comercializadoras habían resultado condenadas en una sentencia dictada en primera instancia y, demás, luego confirmada en la misma línea por la Audiencia Provincial.

La sentencia, de 24 de octubre de 2016, de la que es ponente el magistrado Francisco Javier Orduña, considera que el artículo 9.h de la Ley 54/1997 atribuye a los comercializadores la función de la venta de energía eléctrica a los consumidores sin ambages y de un modo directo.

En el presente caso, no le cabe duda al Tribunal Supremo, de que la comercializadora, como suministradora, se vinculó mediante el contrato firmado a una obligación de suministro de energía de acuerdo con unos estándares de calidad y continuidad del suministro, reservándose, como condición suspensiva del contrato, una facultad de control acerca de la adecuación de las instalaciones del cliente para que dicha energía pudiera ser suministrada.

Por su parte, el cliente accedió a dicha contratación, confiando en que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera intermediaria sin vinculación directa, sino que cumpliese con las expectativas de un modo razonable y de buena fe, con arreglo a la naturaleza y características del contrato celebrado.

La sentencia deja a salvo el derecho a la acción de repetición que en su caso pudiera corresponder a la empresa comercializadora frente a la empresa de distribución de energía eléctrica. En la medida que la decisión del recurso se limita a la legitimación pasiva de las comercializadoras, no cabe interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores.

Señala el ponente que a tenor de la propia exposición de motivos de la Ley 57/1997, de 27 de noviembre, en particular del propósito liberalizador que la informa, la regulación del sector eléctrico, centrada en el ámbito legal que garantice el correcto funcionamiento del suministro de energía en un marco ya liberalizado, no tiene como función la regulación de las relaciones jurídicas privadas que se deriven de la actividad de la comercialización de la energía.

Esta comercialización de dicha energía que, en los términos de la exposición de motivos citada, adquiere carta de naturaleza y queda materializada en el principio de libertad de contratación. Es por ello, que la norma, en su artículo 9.h, atribuye a los comercializadores la función de la ‘venta de energía eléctrica’ a los consumidores o usuarios, sin ambages y de un modo directo.

Una vez sentada la relación contractual que vincula a las partes, así como el suministro defectuoso de energía realizado, así como la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados, destaca el magistrado, la aplicación de nuestro Código Civil tanto con relación a la responsabilidad por el incumplimiento obligacional y la consecuente indemnización de los daños y perjuicios derivados, como en relación con la interpretación e integración del contrato a tenor del principio de la buena fe contractual.

Y hace hincapié en relación a la proyección de la buena fe como fuente de integración del contrato, de forma que concluye que dicho principio no sólo sanciona, entre otros extremos, todos aquellos comportamientos que en la ejecución del contrato resulten contrarios a los deberes de lealtad y corrección debida respecto de lo acordado y la confianza que razonablemente derivó de dicho acuerdo, sino que también llena aquellas lagunas que pueda presentar la reglamentación contractual de las partes con relación a la debida ejecución y cumplimiento del contrato celebrado.

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