edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
26/06/2012
OBSERVATORIO GLOBAL

El control de los fondos de la UE: incentivar al buen gestor

Francisco Javier Moreno* (KPMG)

Si el control de costes se ha convertido en un factor clave en las direcciones de las compañías europeas, con más motivo se debe realizar cuando los recursos que se gestionan llevan el marchamo de fondos públicos y la coyuntura por la que atraviesan los diferentes Estados miembros viene marcada por la estricta austeridad.

Una de las principales fuentes de recursos públicos es el presupuesto de la Unión Europea que ejecuta la Comisión Europea en sus diferentes líneas o fondos y que supera los 122.000 millones de euros. Precisamente, hace escasas semanas la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo aprobó la ejecución del presupuesto de la Comisión Europea correspondiente a 2010 en el marco del procedimiento denominado de “descarga”, que supone el punto final al procedimiento de gestión presupuestario ya que el Parlamento Europeo libera a la Comisión de sus obligaciones en la ejecución del presupuesto comunitario.

En el marco de dicho procedimiento, el Parlamento Europeo analiza la ejecución presupuestaria realizada e invita a la Comisión  a presentar un plan de acción basado en las siguientes acciones prioritarias: control en detalle del uso de Instrumentos de Ingeniería Financiera; mejora y refuerzo de la confianza de la cadena de responsabilidad de gestión presupuestaria; reconsideración del uso de la pre financiación y, finalmente, creación de un mecanismo sancionador efectivo en el área de la Política de Cohesión.

Por su especial implicación, toman una destacada relevancia la cadena de responsabilidad presupuestaria y el mecanismo sancionador en Política de Cohesión, debido a que ambos se refieren a la gestión compartida del presupuesto de la Unión Europea, que aglutina aproximadamente  el 80% del importe del presupuesto de la Unión Europea.   Este método de  gestión, tal y como menciona el informe del Parlamento Europeo, supone que si bien las actuaciones de implantación de las correspondientes políticas no son realizadas por la Comisión Europea, sino por los Estados Miembros, la Comisión sigue siendo responsable última de dichos gastos.  Por este motivo, corresponde a la Comisión  la responsabilidad de tomar medidas para asegurar la legalidad y regularidad del gasto así como una buena gestión financiera, cubriendo las potenciales debilidades detectadas en los procedimientos de gestión y control de los Estados Miembros.

En relación con los fondos correspondientes a Política de Cohesión, Energía y Transportes, que ascienden a 40.600 millones (un 33% del total), un informe del Parlamento Europeo cifra la tasa de error en la ejecución de estos fondos en el 7,7% durante el ejercicio 2010,  estimando que, aproximadamente, el 58% de los errores en las transacciones podían haber sido detectados y corregidos con anterioridad a la declaración del gasto a la Comisión Europea. El Parlamento Europeo se muestra preocupado por dicha tasa de error y más teniendo en cuenta que se ha aumentado el uso de las interrupciones de pago como método preventivo. 

Para tratar de mejorar los niveles de gestión de los fondos, los europarlamentarios consideran prioritario que la Comisión Europea cree un mecanismo sancionador efectivo que, por un lado, incluya una serie de elementos entre los que se encuentran los ya previstos por la normativa comunitaria (interrupciones y suspensiones de pagos, correcciones financieras y multas) y, por otro, que abra una nueva vía que permita a la Comisión Europea  incentivar a los Estados Miembros no solo en los casos en los que cumplan con las reglas previstas, sino también cuando se implemente la Política de Cohesión cumpliendo con los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Este enfoque basado en la auditoría de economía, eficiencia y eficacia va más allá de la política de control actual que se centra en el cumplimiento de la legalidad aplicable. De este modo, se puede orientar la toma de decisiones en el ámbito público con criterios efectivos sobre la necesidad o no de incurrir en el gasto/inversión, así como en su posible impacto y retorno. Sin duda, las decisiones basadas en información fiable, contrastada y relevante contribuyen a satisfacer de mejor manera los intereses de los ciudadanos y sus necesidades, además de gestionar los presupuestos públicos de forma escrupulosa en estos tiempos de austeridad y, por tanto, cumplir la máxima de “hacer más con menos”.

Sin duda, la combinación de ambos aspectos –el estímulo para mejorar la gestión mediante la ampliación de los fondos disponibles en esos casos y penalizar la gestión que incurre sistemáticamente en errores- supone un enfoque adecuado para reducir los errores y mejorar la gestión de los fondos públicos provenientes del presupuesto comunitario. En este campo, los Estados miembros tienen una interesante oportunidad para verificar y mejorar los actuales procedimientos de control de los fondos europeos que en el caso de España nos permita estar en primera línea de salida para aprovechar posibles incentivos  que se implanten por parte de las autoridades comunitarias en la gestión de los fondos europeos.

*Socio en el Área de Auditoría de KPMG en España

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