edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
27/11/2008
Observatorio Jurídico

El control empresarial de los medios informáticos

La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito laboral ha generado toda una serie de conflictos en el seno de la empresa, fruto de la colisión entre las facultades directivas del empresario y el derecho a la intimidad del trabajador.

Hay que tener en cuenta que la ley autoriza al empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control de la actividad laboral, a fin de verificar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones y deberes, guardando, eso sí, en su adopción y aplicación, la consideración debida a su dignidad humana.

Esto significa que el empresario está legitimado para vigilar la utilización que los trabajadores hacen de los instrumentos de trabajo, a fin de verificar que son destinados a fines laborales y no personales. El problema radica en que estas medidas de control en ningún caso pueden vulnerar los derechos fundamentales que todo trabajador, como ciudadano, tiene.

En el caso concreto de los medios informáticos facilitados por la empresa, pueden producirse conflictos que afecten al derecho a la intimidad de los trabajadores, como ocurre, por ejemplo, con el examen del correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, al secreto de las comunicaciones; en la denominada ´navegación´ por Internet; y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador.

En torno a este tema y, ante la ausencia de una normativa clara, se ha ido generando una amplia doctrina, con soluciones distintas y contradictorias. Ante tal disparidad, es necesario hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007, que ha venido a sentar algunos criterios al respecto.

El tribunal entiende que las medidas de control sobre los medios informáticos deben situarse dentro del ámbito normal del poder del empresario, en cuanto estamos ante un  instrumento de producción del que es titular la empresa. Con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto cumplimiento.

Pero es necesario admitir la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Esa tolerancia crea una expectativa también general de confidencialidad en esos usos; expectativa que no puede ser desconocida, aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso, y al margen de los controles previstos para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio.

Por ello, lo que debe hacer la empresa, de acuerdo con las exigencias de buena fe, es establecer previamente las reglas de uso de esos medios (fijando prohibiciones absolutas o parciales), e informar a los trabajadores de que va existir “un control” y de los medios que van a  aplicarse en orden a comprobar y garantizar la corrección de dicho uso. De esta manera, si el medio se utiliza para fines privados, en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado “una expectativa razonable de intimidad”.

El tribunal va a rechazar, además, que en el control del uso de los medios informáticos deban aplicarse las garantías que la ley impone para el registro de los efectos personales y taquillas del trabajador. Se trata, a su juicio, de supuestos totalmente distintos. La persona del trabajador y sus efectos personales forman parte de la esfera privada del trabajador por lo que al realizar tales registros, el empresario actúa de forma exorbitante y excepcional, fuera del marco de ejecución del contrato de trabajo. Pero ello no es aplicable al control del uso de los ordenadores puesto que el ordenador es un instrumento de producción del que es titular el empresario y éste tiene, por tanto, facultades de control de la utilización, que incluyen lógicamente su examen. Además, con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto cumplimiento, lo que no sucede en los casos en los que el objeto de control sean “los efectos personales y la taquilla” del trabajador.

De esta forma, en uso de sus facultades directivas, el empresario debe controlar el uso del ordenador, porque en él se cumple la prestación laboral y, por tanto, ha de comprobar si su uso se ajusta a las finalidades que lo justifican, ya que en otro caso estaría retribuyendo como tiempo de trabajo el dedicado a actividades extralaborales.

Otras razones que vienen a justificar la necesidad de controlar tales medios se basan en la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad laboral en los supuestos de ausencias de los trabajadores (pedidos, relaciones con clientes); en la protección del sistema informático de la empresa, que puede ser afectado negativamente por determinados usos; y en la prevención de responsabilidades que para la empresa pudieran derivar también algunas formas ilícitas de uso frente a terceros

En conclusión, puede decirse que el Tribunal Supremo entiende que las medidas de control de la utilización de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores se encuadran dentro del ámbito normal del poder empresarial, pero el control de tales medios requiere establecer previamente las “reglas” en que su uso debe producirse. De no ser así, cualquier “intromisión” por la empresa de los ordenadores (correo electrónico, navegación por Internet, archivos personales) podrá considerarse como vulneradora de la intimidad del trabajador.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publica la Addenda al Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo durante el año 2008, de determinadas actividades de prevención (B.O.E. nº 137 de 6 de junio de 2008)
Se considera de especial interés, por su alcance y la importancia creciente del ámbito que constituye su objeto, incluir la elaboración de un estudio sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores autónomos, con la posibilidad de participación en él de las asociaciones de trabajadores autónomos que proponga la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.

ORDEN TRE/333/2008, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir el sistema de ayudas económicas para dar apoyo a la inversión en maquinaria y equipos que mejoren las condiciones de trabajo, y se abre la convocatoria para el año 2008. De Cataluña (D.O.G.C. nº 5169 de 9 de julio de 2008)
En el supuesto de que una vez resuelta la convocatoria de las ayudas previstas a esta Orden no se hubiera agotado el importe máximo destinado al ejercicio correspondiente, o en caso de que se obtengan fondos adicionales destinados a las acciones reguladas en esta Orden, se podrá, con el remanente que quede o con el importe de estos fondos adicionales, abrir una nueva convocatoria para la concesión de ayudas para el desarrollo de las acciones previstas en esta Orden, mediante resolución del director o directora general de Relaciones Laborales, en la que se concretarán los importes máximos destinados al otorgamiento de estas ayudas, que estará condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria para esta finalidad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de asesinato consumado. Delito de asesinato en grado de tentativa. Error en la valoración de la prueba. Se desestima. Delito de asesinato. Alevosía:. Delito de asesinato – Delito de lesiones. Animus necandi. Dolo eventual. Teorías.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 7 de julio de 2008.
La existencia de una discusión o enfrentamiento previo meramente verbal no justifica la reacción del recurrente y no excluye la alevosía por no ser previsible la agresión. Igual conclusión se alcanza en atención al medio utilizado, el incendio, medio esencialmente alevoso.

Mercantil

Resulta improcedente la indemnización por clientela acordada a favor del distribuidor incumplidor . TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 26 de junio de 2008.
La apreciación del incumplimiento contractual es generalmente una ´questio facti´, lo cual supone, en la perspectiva de la casación, que la fijación de su realidad o existencia corresponde a la función soberana de los tribunales de primera instancia y apelación, y que la revisión de su criterio en casación sólo puede tener lugar si se ha incurrido en error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad, o bien en error en la valoración de la prueba por infringirse una norma legal valorativa de la prueba, sin que en el presente recurso de casación se hayan planteado tales infracciones, siendo también cierto que la apreciación del incumplimiento contractual puede exigir un tratamiento de ´questio iuris´, como ocurre cuando la problemática no se suscita en relación con los hechos - comportamiento contractual- sino con su significación jurídica.

Diferencias existentes entre las relaciones jurídicas nacidas de los contratos de agencia y distribución. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de junio de 2008
Dadas las diferencias existentes entre ambos contratos, puedan resolverse todos los problemas que plantea la falta de regulación del de distribución con una automática aplicación de la ley 12/1.992, la cual ha de quedar reservada a aquellos casos en que exista identidad de razón, base y fundamento del método analógico.

Civil

La información constituye un elemento esencial de la «lex artis» hallándose incluido dentro de la obligación de medios asumida por el médico. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 18 de junio de 2008
La información constituye un presupuesto y elemento esencial de la ´lex artis´ y como tal forma parte de toda actuación esencial hallándose incluido dentro de la obligación de medios asumida por el médico. La información tiene como finalidad proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses. Pues bien, la sentencia declara probado que existe mención en la historia cínica de la información que se suministró a la paciente de la necesidad de la operación.

De una forma tácita, se pueda llegar a interpretar que la voluntad de los interesados fue la de establecer la responsabilidad solidaria de los deudores. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de junio de 2008
El Art. 1137 CC determina que la solidaridad debe establecerse por las partes del contrato de forma expresa, en el sentido de entender que la clara intención exigida en el artículo 1137 CC puede derivar no sólo de la utilización de un término en este sentido, sino también de que se deduzca también de la concurrencia de los antecedentes del negocio o del conjunto de circunstancias, por tanto, que de una forma tácita, se pueda llegar a interpretar que la voluntad de los interesados fue la de establecer la responsabilidad solidaria de los deudores.

Laboral

Ayudas para contratos de aprendizaje. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de julio de 2008
El establecimiento de un plazo de 30 días en que debe ejercerse el derecho a solicitar los incentivos establecidos en la    Ley 22-92, por la O.M. de 6 de agosto de 1992, sólo es válido si dicho plazo se considera como un plazo no de caducidad o prescriptivo del derecho, sino exclusivamente como un plazo procedimental que no impide que se puedan solicitar las subvenciones e incentivos mientras se encuentra en vigor el citado programa público de fomento de empleo que estimula la Ley 22-92 y se cumplan los requisitos sustantivos exigidos en la referida norma legal, en cuanto se encardina de ese modo la norma reglamentaria de desarrollo en las potestades de autoorganización administrativa respetando el principio de reserva de ley, sin incurrir implícitamente en deslegalización prohibida por el art. 9.3 de la Constitución.

La contratación bajo la modalidad de eventuales por circunstancias de la producción y posterior cese constituye una causa de extinción de contrato, no un despido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia de fecha: 17 de julio de 2008.
En el presente caso no se deduce del inalterado relato fáctico que no se haya expresado en el  contrato suscrito la causa del contrato, que consta en las cláusulas del contrato como ´acumulación de tareas originada como  consecuencia del exceso de trabajo en el departamento de gobernantía´ -hecho probado segundo- y si bien dicho objeto no es  transitorio, habiendo señalado el Tribunal  Supremo que cuando existe un déficit estructural de la plantilla del centro, es decir si el número total de funcionarios y trabajadores fijos que integran tal plantilla, estando la misma al completo, no es suficiente para despachar adecuadamente el  trabajo que pesa sobre ese centro, concurre un hecho justificante de este tipo de contratación, pues es indiscutible, de un lado, la existencia de un exceso de trabajo y en consecuencia de una acumulación de tareas, situación ésta que constituye la base  esencial de la eventualidad, y, de otro, que tal situación no puede ser remediada de forma rápida e inmediata, habida cuenta que  el aumento legal de la plantilla de funcionarios y trabajadores fijos exige para poder ser realizado el cumplimiento de unos  trámites y diligencias que requieren el transcurso de un período de tiempo que normalmente será más largo que el que es  preciso para la simple cobertura de vacantes.

Administrativo

Inexistencia de desviación de poder en la modificación del planeamiento . TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2008
El Tribunal Supremo considera que no existe desviación de poder porque las actuaciones para modificar las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial concernidos son anteriores al otorgamiento de la licencia y al comienzo de las obras, por lo que no pudo estar en la intención del Ayuntamiento legalizar un hecho cuando ese hecho todavía no había comenzado a producirse. Sin embargo a pesar de no concurrir desviación de poder, las disposiciones impugnadas son disconformes a Derecho, pues aíslan una parte de la unidad para darle un aprovechamiento superior, en más de un 15%, al señalado a la finca matriz, lo que infringe el artículo 36.2 RGU; de forma que esta nueva porción se beneficia de la urbanización y cesiones realizada por los propietarios del ámbito originario y además obtiene un mayor aprovechamiento.

Inexistencia de contradicción de normas. Cuotas de reparcelación y urbanización. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2008
La Sentencia de instancia resolvió sobre cuestiones relativas al régimen jurídico del derecho de propiedad cuyas condiciones básicas son competencia exclusiva del Estado. Resolvió sobre la posible contradicción de normas autonómicas con las básicas estatales, determinando que la Ley autonómica no ha sido desplazada por la Ley básica estatal sino interpretada de modo compatible con la misma. La desestimación del recurso interpuesto contra un Programa de Actuación Integrada y un Proyecto de Reparcelación, y la estimación en los aspectos relativos a la impugnación de las cuotas de reparcelación y urbanización así como las liquidaciones por compensación económica, primera cuota de urbanización y primera cuota de indemnización, resultan confirmadas en casación por el Tribunal Supremo.

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