edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
18/03/2010

El controvertido marco regulatorio fortalece sus hilos en torno a la RSC

Eurosif se pronuncia a favor de un marco regulatorio para la Responsabilidad Social
Gran parte del marco legal que ya rodea a la RSC está compuesto por normas jurídicas nacionales e internacionales
Beatriz Lorenzo

La crisis económica ha puesto de manifiesto las malas prácticas y las actuaciones irresponsables de muchas compañías, con el sector financiero como el gran culpable -y por consiguiente la víctima- de décadas de desidia y decisiones erróneas. La Responsabilidad  Social Corporativa, hasta entonces casi olvidada, confundida con las prácticas filantrópicas y relegada al margen de la actividad empresarial ha comenzado a cobrar una importancia creciente, revelándose como el valor intangible más apropiado para conseguir un desarrollo sostenible a largo plazo, obteniendo beneficios económicos y respetando a la vez el medio ambiente y las comunidades. Poco a poco, ha ido calando la idea de que cuestiones como la transparencia, la información veraz, el respeto a los principios de la RSC…no pueden seguir dejándose en manos del autocontrol de las propias empresas y de sus criterios arbitrarios y en ocasiones caprichosos, sino que deben existir unas reglas claras y universales.

Entre las prácticas socialmente responsables que más han calado entre las compañías en los últimos tiempos, destaca la publicación de informes y memorias de sostenibilidad mucho más transparentes, completos y veraces que antaño, recogiendo información precisa y fiable para los grupos de interés, que han pasado de estar casi en ascuas respecto a los entresijos de la actividad empresarial a tener un mayor acceso a esta información. En cuanto al debate acerca de la obligatoriedad de la RSC, que protagoniza los púlpitos institucionales y da pie a encendidas opiniones, ha contado con el silencio más o menos explicito de la mayoría de los organismos internacionales que, salvo afirmaciones vertidas por Naciones Unidas el pasado año en el sentido de apoyar la regulación de la RSC, apenas se han pronunciado. Sin embargo, la idea de conformar un marco regulatorio que sirva de soporte y guía a la Responsabilidad Social sí tiene adeptos, y se ha traducido en tímidos intentos por parte de buena parte de los Estados de la UE, como la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social por parte de España.

MARCO EESPONSABLE

Así las cosas, el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) ha escrito un capítulo más en este debate al hacer público ayer mismo su apoyo al desarrollo de un marco regulador europeo en materia de responsabilidad por parte de la Comisión Europea.En respuesta a la serie de grupos de trabajo que en los últimos meses ha desarrollado la Comisión Europea, diversas entidades como European Federation of Financial Analysts Societies, European Laboratory y el propio Eurosif, entre otros, han remitido a las autoridades comunitarias sus propuestas en torno al desarrollo de la responsabilidad social en la Unión Europea.

De este modo, Bruselas se pronuncia a favor de un marco regulatorio que comprenda no sólo elementos de estrategia de sostenibilidad corporativa, sino también prácticas de gestión. La medida parte del convencimiento institucional de que no existe todavía información clara y precisa sobre los temas de Responsabilidad Social. Pronunciamientos como éste, se suman al murmullo de fondo que suena desde hace tiempo acerca de la idoneidad del marco regulador.

Recientemente, organizaciones como el Observatorio de RSC, Setem, CECU, Greenpeace, Intermon Oxfam y otras instaban en un manifiesto a la Presidencia española de la UE a la regulación y definición de un marco normativo que asegure la transparencia y el derecho de acceso a la información económica, social y medioambiental de las empresas multinacionales. La información suministrada, según se solicita, debe ser verificable, comparable y con un desglose suficiente por país y empresas filiales. Además, el marco regulador debe ser desarrollado sobre la base del paraguas legislativo europeo, basándose en el principio de armonización mínima.

Según estas organizaciones, la existencia de un marco legal que ayudase a promover la transparencia empresarial aportaría beneficios tales como la garantía de un desarrollo sostenible y respeto medioambiental, además de una lucha eficaz contra la corrupción, algo solamente posible si se asegura la transparencia y el acceso a la información sobre aspectos claves en la relación entre actores privados y públicos, como las contribuciones de las empresas a partidos políticos, las subvenciones percibidas e impuestos pagados en los países donde operan, o los sistemas de prevención que hayan podido implantarse. Esto también afecta a la transparencia en las actuaciones de las administraciones públicas.

A su vez, las citadas organizaciones esgrimen la generación de confianza entre los inversores y la sociedad como otro de los beneficios del marco regulatorio. Para ello, afirman, es necesaria más transparencia en información sensible como la gestión de riesgos, aprobación de blindajes o remuneración de los directivos. Muchos administradores y directivos de sociedades cotizadas, cuya propiedad está diseminada entre miles de personas, perciben remuneraciones multimillonarias sin someter la política de remuneraciones a la junta general de accionistas. Estas políticas retributivas están basadas en muchos casos en objetivos a corto plazo, que han derivado en la toma de decisiones de carácter especulativo con graves consecuencias negativas sobre los mercados y la sociedad.

RSC REGULADA

A pesar de todo,  existen ya numerosas referencias en la legislación nacional e internacional acerca de temas clave de la Responsabilidad Social, tales como la protección de la biodiversidad, gestión de residuos o conciliación de la vida familiar y laboral entre otros. La relación entre RSC y Derecho es de suplementariedad sin embargo, pues el fin último de los principios y políticas de RSC es elevar los mínimos legales. La opinión más extendida es que el cumplimiento de las obligaciones legales es para las compañías una condición imprescindible pero nunca suficiente para conseguir una gestión adecuada de la Responsabilidad Social Corporativa.

Así pues, el marco regulatorio y “cuasi-legal” que envuelve a la Responsabilidad Social suele variar adaptándose a las circunstancias del país sede de la compañía en cuestión, a pesar de la existencia de un puñado de normas de referencia internacional: convenios internacionales y directivas comunitarias y principios comunes de actuación en el caso de que la empresa se haya adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, el marco de referencia por excelencia.

No obstante, en ocasiones, el marco legal que rodea a la RSC se convierte en un arma de doble filo, un caramelo envenenado. Esto sucede sobre todo cuando muchas compañías incluyen sin pudor en sus informes y memorias de sostenibilidad prácticas, acciones e iniciativas que no hacen sino responder a normas de obligado cumplimiento. Además de ello, algunas compañías abundan en la muy discutible conducta de iniciar campañas de comunicación, marketing o publicidad esgrimiendo conductas presuntamente responsables cuando en realidad con están cumpliendo de forma correcta con el marco normativo aplicable. Una vez más, el barniz responsable sin ninguna utilidad ni aplicación práctica sigue revelándose como el cáncer interno de las compañías que es; una lacra a erradicar cuanto antes.

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