edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
15/11/2017
La inversión estrella de las infraestructuras

El Corredor Mediterráneo, víctima de la batalla en Cataluña, pendiente del 21-D

La suspensión hasta 2019 de la inversión en la infraestructura, 4.200 millones, servirá para cuadrar las cuentas del Estado de 2018
Juan José González
Las dificultades del Gobierno en su trabajo para aprobar las cuentas para el próximo ejercicio, los Presupuestos Generales del Estado, pueden complicarse si se impone el criterio político -estos días a debate en el ministerio de Hacienda- de utilizar el conflicto catalán a modo de reajuste y corrección de algunas partidas relacionadas con la inversión en esa Autonomía. Sería una rectificación del Gobierno en las cuentas que llegaría en el último momento. Un ligero cambio de escasa cuantía pero suficiente como para compensar la también muy limitada rebaja del impuesto de la renta, el IRPF, anunciado por el Ejecutivo antes del verano. Las cuentas previstas para 2018 contemplan inversiones como el Corredor Mediterráneo, cuya puesta en marcha, acordado por el Ejecutivo, es, sin embargo, en estos momentos un asunto que queda supeditado al resultado electoral del próximo 21 de diciembre. Porque el Ejecutivo, mientras las cuentas no pasen la aprobación en el Congreso de los Diputados -para lo que necesitaría, además, de la llave del PNV- las inversiones en el Corredor pueden quedar en suspenso, congeladas o, según los resultados del 21-D, pendientes para otro curso. Cataluña es una de las diez Comunidades que tienen pendiente su Presupuesto para 2018, y hoy en suspenso por la situación política y, obviamente, por la intervención del Gobierno central.
Con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 pendientes, los correspondientes a las Autonomías no parecen tampoco muy adelantados pues mientras en siete de ellas se encuentran en sus Cámaras respectivas, en trámite parlamentario, otras diez están aún en fase de negociación y apurando el plazo legal hasta finales del año. Hay varias posiciones en los Gobiernos regionales que van desde una próxima aprobación hasta una suspensión -caso da Cataluña- pasando por alguna prórroga de los de 2017.

Pero en cualquier caso, y como viene sucediendo en los últimos tiempos, los Gobiernos autonómicos remiten al Parlamento sus presupuestos sin conocer las cifras exactas de inversión ni las correspondientes a los ingresos  que perciban del Presupuesto del Estado. Los Presupuestos para 2018 revisten en esta ocasión una dificultad añadida: el conflicto catalán, especialmente decisivo -para las cuentas- tras el verano, puede tener consecuencias añadidas y no previstas en las cuentas del Estado para el próximo año.

Porque si la negativa del PNV -llave para la aprobación parlamentaria del Presupuesto- a apoyar las cuentas de un Gobierno central que se disponía a intervenir las cuentas de la Generalitat en virtud del artículo 155 de la Constitución, iban a retrasar el trámite de aprobación política, tras la intervención y el control de los gastos de la autonomía catalana significa que los presupuestos catalanes están obligados a una prórroga.

Por otro lado, si la alta probabilidad de prórroga de las cuentas de varias autonomías, la catalana entre ellas, llega a producirse, es previsible que el Gobierno aplique el mismo criterio en el caso de los Presupuestos Generales del Estado. Y es aquí, donde el Ejecutivo estaría planteándose la opción de dejar sin efecto la decisión de llevar a cabo varios proyectos, pero en particular el correspondiente al Corredor Mediterráneo, viejo compromiso del Gobierno para invertir 4.200 millones de euros en Cataluña hasta 2020.

La inversión del Estado en el Corredor Mediterráneo interesa a cuatro regiones -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña) que en conjunto superan el 60% de las exportaciones con destino a la Unión Europea y que equivalen al 46% del PIB y da empleo al 48% de la población. Sin embargo, el conflicto político ha convertido un asunto de política de infraestructuras logísticas nacional en una batalla puntual por las inversiones estatales, y localizada ahora en Cataluña. De esta forma, tras la intervención de las cuentas catalanas, con el Presupuesto central pendiente y también todos pendientes de los resultados electorales del próximo 21-D, se da por hecho la congelación de las inversiones -y entre estas el Corredor- hasta que haya nuevos Presupuestos, de los que, por cierto, también depende la inversión en la `Y´ vasca.

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