edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
24/07/2017
Se mantendrá la parálisis

El coste político de la solución de las pensiones que nadie quiere asumir

Y todos quieren evitar porque las propuestas tocarían el bolsillo de todos, pensionistas, trabajadores de hoy y de mañana
Juan José González
Las decisiones más costosas en términos sociales y económicos, que toman los gobernantes acaban pasando elevadas facturas en las urnas. Cuesta creer que éste es un motivo suficiente como para dilatar en el tiempo afrontar el problema más que evidente de las pensiones futuras. Quizá la mejor forma de ir calculando el coste, en abstracto, sea el equivalente en términos conceptuales, de tal forma que la magnitud y gravedad de de la inación actual sobre las pensiones es directamente proporcional a la actual despreocupación oficial de las autoridades políticas por el asunto. Postura del Gobierno, de éste o de otro de turno, peligrosa, insensata y cada día más onerosa, en la medida en que el mejor momento para abordar el inicio de una reforma, como la de las pensiones, es cuando la crisis remite, se dan brotes de recuperación que pueden durar en el medio plazo y la legislatura tiene dos años por delante, en minoría, pero con la oportunidad de pactar la reforma y hacer corresponsables a todas -las que quieran- acudir a un pacto de Estado por las pensiones.
Es la única forma en la que no se produciría el desgaste en un sólo partido. Y sería la única también de evitar un deterioro sin posible vuelta atrás a partir de 2019, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Porque al parecer es el coste político de una propuesta, la de la reforma del sistema de pensiones, la que puede motivando una despreocupación oficial por resolver el problema de las pensiones, ya en fase de inicio de grave deterioro. El coste político que conlleva asumir en exclusiva una reforma plagada de propuestas que no van a ser del agrado general, que tocará el bolsillo presente y futuro de los trabajadores en activo, de los futuros trabajadores y de los actuales pensionistas. 

Un destacado líder político aseguraba este domingo "demasiado público implicado en una solución que nos va a obligar tomar decisiones dolorosas, quizá un tanto incomprendidas". Pensaba en la llamada a las urnas de cientos de miles de afectados a los que el Gobierno convocará en el plazo de dos años. Es el precio de gobernar, de tomar decisiones, lo que frena actualmente la parálisis del Ejecutivo en el asunto de las pensiones, en la reforma. Porque en los últimos años, al menos con mayor insistencia en las tres últimas legislaturas -socialistas y populares- la solución al reconocido problema de las pensiones no era más que un desfase entre ingresos y gastos, incluso, un poco más allá se diría que se trataba de un desajuste poblacional, demográfico al que la crisis financiera primero, y económica después, se habría unido para llegar el punto crítico en el que se encuentra el problema. 

El agotamiento del fondo de las pensiones, exhausto, medio seco, tras hacer frente a las dos últimas pagas extraordinarias de los pensionistas, ilustra de la gravedad del problema, desgraciadamente, consolidado. Razón de más que debería presionar para que el Ejecutivo aplicase la prioridad uno al problema, la de máxima urgencia. Si bien, al contrario, el Gobierno continua sugiriendo que es ese desfase entre ingresos y gastos, producto de un desempleo de gran calibre lo que mantiene en jaque el sistema. En este punto llama la atención la utilización del desajuste entre ingresos y gastos para proponer la eliminación de tarifas planas y la subida -muy tímida- de las aportaciones de los salarios más altos.

Sea como fuere, el Ejecutivo estudia en la actualidad las sugerencias del FMI que en su último informe sobre España recomendaba la necesidad de "explorar la posiblidad de subir la edad de jubilación". Los más realistas creen que un Gobierno como el español, en las actuales condiciones de minoría parlamentaria, acosado por numerosos frentes políticos y judiciales, no se expondrá a riesgos que, como cualquier decisión sobre pensiones, pueda penalizarle en las urnas.

Así que, algo más que aplicar urgencia y decisión a la reforma de las pensiones habrá que hacer si se tiene en cuenta la progresión que adquiere el problema, equivalente a la que va adquiriendo el número de pensionistas, hoy unos 8,6 millones que, según la progresión del Instituto Nacional de Estadística crecen al ritmo de un millón por cada diez años y que supondría unos 9,6 millones en 2027 y superar los diez millones en 2030. Si los cálculos más optimistas aseguran que para cubrir las pensiones de hoy harían falta unos 20 millones de trabajadores cotizantes la respuesta para 2030 va a necesitar que las decisiones políticas sean varias, arriesgadas, onerosas, impopulares y claro, particularmente costosas para el Gobierno que se atreva a ponerlas en marcha, sobre todo si lo hace en solitario.

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