edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
15/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El creciente número de leyes penales en España no logra parar el aumento de los delitos económicos

Javier Ardalán
Aunque las reformas del Código Penal y las exigencias de la Ley de Sociedades de Capital han ido directamente a prevenir la comisión de delitos en el seno de las empresas, pero según un informe elaborado por EY, la situación empeoró en 2014, con respecto a 2013, al incrementarse en un 5% el porcentaje de directivos de empresa españoles que creen que el soborno y la corrupción son prácticas habituales en los negocios.
Las cifras no dejan duda que el tejido empresarial necesita un cambio de mentalidad o un escarmiento legislativo, ya que más de la mitad de los directivos españoles (56%) denuncian que en general que las compañías reflejan unas cifras mejores de lo que en realidad resultan ser. La media en el conjunto de los países de Europa Occidental está por debajo de este porcentaje, alcanzando el 33%.

Entre las respuestas que dan los directivos puede sorprender que a estas alturas y con los tribunales bloqueados por el alto número de procedimientos abiertos por la comisión de delitos económicos, un 46% justifique pagar con regalos personales, de ocio, así como pagos en efectivo si éstos ayudan a la supervivencia y continuidad del negocio que conseguir nuevas fuentes de ingresos o la expansión hacia nuevos mercados sean fuentes de nuevos riesgos en materia de fraude y corrupción.

Menos mal que bastante menos y de un 16% reconoce que se decanta directamente por el pago en metálico, mientras que un 34% no se retrae en asegurar que opta por obsequiar con regalos personales y un 31% por realizar regalos relacionados con ocio.

Un 58% de los encuestados considera que localizar y congelar activos sería una forma eficaz de prevenir el fraude o negocios corruptos en el futuro, mientras que el 69% de los encuestados en España manifiestan que las autoridades deberían tomar más medidas para recuperar los daños resultantes del fraude o de la corrupción.

Sin embargo, tampoco es que los directivos estén en condiciones de ser los que lancen la primera piedra, porque tan solo un 39% se muestra en contra de que la cúpula en España no saque a la luz prácticas poco éticas dentro de sus compañías, si bien un 26% está convencido de que los estándares en esta materia han mejorado en los últimos dos años, fundamentalmente con las obligaciones de prevención para exculparse ante los tribunales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, del delito fiscal o del de blanqueo de capitales.

Un ejemplo de que el miedo guarda la viña, que dice el dicho castellano, es que más de 14.300 millones han sido declarados por primera vez este año, incluyendo cuentas, más de 700 millones en inmuebles y casi 10.900 millones en fondos, acciones y seguros, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria.

Así, sumando lo declarado por primera vez en los tres años de vigencia del Modelo 720, se han incorporado más de 21.600 millones de euros en cuentas, 11.000 millones en inmuebles y más de 91.700 millones en fondos, acciones y seguros. El total de bienes y derechos declarados, más de 124.000 millones, engrosan ya la base de datos de la Agencia Tributaria para presentes y futuras comprobaciones, que servirán para detectar muchos más bienes no declarados e incrementará las sanciones.

El incremento de control del patrimonio en el extranjero por la creciente captación de información tributaria internacional induce a cada vez más contribuyentes a cumplir la obligación, por lo que continúan recibiéndose declaraciones presentadas fuera de plazo para evitar las sanciones derivadas del incumplimiento. Así, por ejemplo, dentro del plazo ordinario de presentación del primer año que concluía el 1 de mayo de 2013, se recibieron 131.411 declaraciones. Casi dos años después, todavía se vienen recibiendo declaraciones que ya superan las 135.000. El concepto de que Hacienda somos todos, queda muy lejos aún de generalizarse.

Muchas empresas dan por buenos “errores” justificables si estos ayudan a la supervivencia del negocio, como negociar nuevos “descuentos retroactivos” con los proveedores, que aprueba el 36%, o retrasar el pago de facturas, que defiende el 14%. De hecho, un 15% de los encuestados en nuestro país comenta que estas prácticas han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas.

Por todos estos motivos, el informe de EY sitúa a España en el puesto 13 de un total de 38 entre los que en mayor medida sus directivos perciben comportamientos poco éticos en los negocios. Esta posición resulta peor parada que la obtenida por Italia, Egipto, Turquía o Rusia. Como curiosidad, Croacia se sitúa a la cabeza mientras que Dinamarca, a la cola, es el país donde sus directivos menos perciben estas prácticas, con un 4%.

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