edición: 2409 , Lunes, 19 febrero 2018
06/02/2012
Solo se admitirán si se puede suspender el pago de cupón

El decreto de saneamiento computa como “capital principal” a los bonos convertibles en 2018

Una pregunta de fondo es si instrumentos de esta índole van a tener el favor del público en el caso de entidades que no son de primera línea, privados de mecanismos defensivos para el inversor
Carlos Schwartz

Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones hasta diciembre de 2018 y emitidos por los bancos después de la aprobación del real decreto del 4 de febrero de 2012 podrán ser computados como capital principal de la banca española. Los bonos obligatoriamente convertibles han sido objeto de sucesivos conflictos con la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) que no los incluye en su cálculo de “capital Tier 1 de primera calidad”. En el último ejercicio de la EBA publicado el 8 de diciembre pasado se admitió la inclusión de los instrumentos de capital convertibles antes del 31 de octubre de 2012. Esta admisión fue una concesión de la EBA a los dos grandes bancos españoles, en especial al Santander que tenía una emisión convertible con límite el 31 de ese mes. El decreto del Ministro Luis de Guindos ha extendido el plazo para la utilización de nuevas emisiones de estos bonos respecto de la disposición transitoria tercera del decreto 2/2011 de reforzamiento del sistema financiero que autorizaba su cómputo para emisiones con vencimiento en enero de 2014 en cuatro años. Es decir, las emisiones de bonos obligatoriamente convertibles con fecha de conversión hasta el 31 de diciembre de 2018 si se podrán computar dentro del capital de máxima calidad siempre y cuando el emisor pueda discrecionalmente suspender el pago del cupón, y se los convierta en acciones si la entidad incumple con sus coeficientes de recursos propios mínimos.

Esta modificación de las condiciones previas se suma al criterio establecido ahora en la disposición adicional primera por la cual las entidades podrán incluir en el plan de cumplimiento de las provisiones exigidas la suspensión del pago de la remuneración prevista de participaciones preferentes e instrumentos de deuda convertibles hasta doce meses. Es llamativo que la disposición especifique que el diferimiento se puede hacer aun cuando las entidades carezcan de reservas o beneficios distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante. Es decir, que se obvia la posibilidad de que alguien inste una convocatoria de acreedores o una quiebra ante un incumplimiento de pago por la suspensión de pago de los compromisos en los contratos de estos instrumentos. Por añadidura y superado el plazo del año el pago sólo se podrá hacer si la entidad dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no hay un déficit de recursos propios en la entidad emisora o dominante. Estas disposiciones en forma conjunta blindan de un lado a las participaciones preferentes y bonos convertibles obligatoriamente ya emitidos por las entidades que entren en proceso de saneamiento. Y del otro amplían de forma significativa en el tiempo el uso de las emisiones de bonos convertibles como instrumentos de capital.

El Banco de España (BdE) ha considerado desde siempre a los bonos obligatoriamente convertibles como instrumentos sólidos de capital. Lo cual no quita que estos sean un escollo en las relaciones con la EBA. Está claro que el nuevo Gobierno ha decidido adoptar los criterios y conceptos que ha redondeado el anterior Gobierno junto con el BdE respecto de una definición de “capital principal” distinta de la de Capital Tier 1 tal como lo entiende el Comité de Supervisores Bancarios Europeos y la EBA. Estos últimos sin embargo sí admiten a los instrumentos contingentes convertibles (cocos).

Es razonable  pensar que el Ministerio de Economía y Competitividad ha decidido dedicar el tiempo necesario a afilar los argumentos para que la normativa española sea tomada en cuenta por la EBA. De lo contrario le va a ocurrir que las cifras de capital de primera calidad medida por la EBA siga dejando muy mal parada a la banca española, y es bueno tener en cuenta que las épocas de la autarquía han pasado hace ya algún tiempo con lo cual defender los criterios propios en el castillo custodiado por el caballero blanco no servirán ante la opinión pública internacional y pueden no convencer a las entidades de las que la banca española espera obtener liquidez. Una pregunta de fondo es si instrumentos de esta índole van a tener el favor del público en el caso de entidades que no son de primera línea en la medida que se los ha ido privando de mecanismos defensivos para el inversor. Da la impresión que en las aguas turbulentas por las que navega la banca española actualmente los bonos obligatoriamente convertibles no van a atraer a los inversores de a pie, más aún si se tiene en cuenta las malas perspectivas del negocio.

En todo caso, puede que las entidades de primera línea atraigan inversores en estos instrumentos. Sobre todo inversores institucionales que buscan rentabilidades razonables para sus inversiones. Las compañías de seguros son un ejemplo de este tipo de inversores. Pero el año pasado la conversión precipitada de algunas emisiones del Banco de Santander crearon mal ambiente respecto de la decisión del banco entre los inversores institucionales extranjeros. Estos problemas van acotando las posibilidades de colocación de estos instrumentos de capital, con lo cual las posibilidades de nuevas emisiones destinadas a servir de colchón para el cumplimiento de los requisitos de capital no está tan clara en la realidad como en la cabeza de los reguladores.

La decisión es sin duda una concesión a las grandes entidades de crédito y está vinculada a las matemáticas que necesariamente deberán desarrollar los departamentos de estudios y análisis de las entidades señaladas a la hora de hacer sus previsiones en la geometría variable que se abre con el decreto del 4 de febrero. Se trata en definitiva de ajustes finos que pasan desapercibidos en el texto a la mirada del gran público a quien lo que le impacta son las provisiones de todo tipo y color, además de la reducción de sueldos a los altos ejecutivos. Pero son matices cuya lectura inevitablemente está relacionada al proceso de fusiones que el Gobierno, o al menos el Ministerio de de Economía, tiene en su cabeza. No en vano cuando se habla de estos instrumentos se hace mención expresa al emisor o a la entidad dominante como condicionante de las conversiones. Es decir, que todo parece indicar que la manga ancha con los instrumentos de capital y su fecha de caducidad está directamente relacionada con las fusiones en ciernes.

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