edición: 2617 , Lunes, 17 diciembre 2018
23/01/2013

El Defensor del Pueblo, dispuesto a mediar entre Industria y las 11.500 reclamaciones de fotovoltaicos

El adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha ofrecido la mediación de esta institución entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), que reclama la agilización de 11.500 reclamaciones presentadas por productores fotovoltaicos en contral del real decreto ley 14/2010.

En un comunicado, Anpier indica además que Fernández Marugán se ha mostrado partidario de la apertura de una negociación directa entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Asociación Nacional de Productores e Inversionres de Energías Renovables (Anpier).

No obstante, ha reclamado a la asociación de renovables que tramite una queja formal ante el Defensor del Pueblo para poder intervenir, ante lo que Anpier responderá presentando esta reclamación la próxima semana.

La queja formal de los productores fotovoltaicos deberá ir acompañada de un anexo en el que se detalle la identidad de afectados y los números de expediente que tramita el Ministerio de Industria.

En la reunión, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha trasladado a la institución su "indignación" por el "evidente hostigamiento que sufren los productores fotovoltaicos españoles por parte de los últimos gobiernos".

Además, ha denunciado la "vulneración" que padecen estos productores de principios esenciales, entre ellos los de "la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad  jurídica y la confianza legítima".

Anpier ha informado de la situación de más de 55.000 familias españolas con inversiones en instalaciones fotovoltaicas "gravemente afectadas" por el real decreto 1565/2010 y el real decreto ley 14/2010.

Los recortes aplicados suponen una pérdida media de hasta un 30% de sus ingresos, que se suma al impuesto del 7% a la producción eléctrica aplicado desde el 1 de enero.

Un 80% de estas familias, o más de 44.000 familias, señala la asociación, "sufren tensiones de tesorería que pone en riesgo de quiebra inminente su actividad y con ella su propio patrimonio".

"Son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas", afirma.

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