edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
27/09/2010

El déficit de las pensiones en la Unión Europea supera al coste estimado de la actual crisis financiera

Xavier Gil Pecharromán
La cifra de necesidad de ahorro en los próximos 40 años de los países de la Unión Europa asciende a 1,9 billones de euros anuales, en torno al 19% del PIB estimado para 2010, según estima un reciente estudio sobre las pensiones de jubilación realizado por la compañía de seguros Aviva sobre cifras de organismos internacionales. Esta cifra es, incluso, superior al coste estimado de la actual crisis económica, según las estimaciones realizadas al respecto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La preocupación de Bruselas y de los Veintisiete Gobiernos estatales se centra en el mantenimiento del ‘nivel de vida durante la jubilación’, que la OCDE estima en el 70% del salario previo a la jubilación.

El problema al que se enfrentan los Gobiernos de los países occidentales de la Unión Europea es que su ‘nivel de vida de jubilación’ es bastante más elevado que en los países del Este, al igual que ocurre con su pirámide poblacional que tiene una fuerte tendencia hacia el envejecimiento.

No obstante, uno de los países europeos donde los costes causados por el crecimiento de la media de población de edad avanzada van a ser más abrumadores es Rumanía. Se estima que en los próximos 50 años, se doblará el porcentaje del PIB para los costes destinados al pago de pensiones estatales, lo que significa que existe el riesgo de que la mitad del presupuesto del país se dedique únicamente al pago de pensiones. Resulta necesaria, por tanto, una reforma del sistema de protección social y la estimulación de las pensiones privadas para prevenir un posible colapso.

La Comisión Europea estima que en España se pasará de la actual situación de moderado superávit, por encima del 1% PIB gracias a unos ingresos por cotizaciones del 10% y unos gastos por prestaciones en pensiones contributivas del 8,3%, se pasará, si no se adoptan las medidas necesarias, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el periodo 2009-2049, a un déficit que alcanzará el 6% del PIB en 2050, debido a unos ingresos por cotizaciones del 10% del PIB y unos gastos por prestaciones del 16%, que se situarán cerca del 10% en 2060.

El Gobierno de Zapatero remitirá al Congreso de los Diputados antes de fin de año un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones. La redacción está a la espera del informe de la Comisión del Pacto de Toledo, que se prevé para octubre o, como muy tarde para noviembre.

En la actualidad, los técnicos proponen que se aumente la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado a lo largo de la vida laboral y la cuantía de la pensión, lo que lleva a incrementar un período mayor del actual de 15 años para calcular la base reguladora sobre la que se aplica la pensión. Esta medida corregiría el perjuicio que provoca la legislación en vigor a los trabajadores con 50 o más años que engrosan las filas del paro y que ven en los últimos años bajar su ‘nivel de vida de jubilación’. Algunos técnicos condicionan esta medida, no obstante, a que el jubilado pueda escoger los años que mayores cotizaciones de su vida laboral.

También, las previsiones de reforma en España coinciden con la Comisión Europea y con el Gobierno francés, presidido por Sarkozy, en la necesidad de retrasar la edad de jubilación para evitar el colapso de los sistemas de pensiones en la UE, enfrentada a dos factores apremiantes: el aumento de la esperanza de vida y la crisis de las finanzas públicas. Esta edad se situaría en el entorno de los 67 años, dos más que en la actualidad.

Las medidas que se están planteando en la Unión Europea van desde la reforma de las pensiones públicas a los nuevos sistemas de cotizaciones obligatorias con fondos de pensiones de gestión privada, pasando por sistemas mixtos. En España, todo parece indicar que la reforma prevista por el Gobierno de Zapatero pasa por la modificación de determinadas variables, pero manteniendo las líneas generales del sistema, tal y como se ha venido recomendando por los integrantes del Pacto de Toledo.

Algunos países de la UE han introducido mecanismos de ajuste automático periódico en sus propios sistemas de pensiones, según los cuales enlazan la esperanza de vida a la elegibilidad de la pensión, el rendimiento económico de los países a la valorización de derechos, la balanza del sistema a la valorización de derechos y las tasas de contribución al índice de beneficios.

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