edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
09/06/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El delito no radica en la falta de pago de la cuota debida, sino en la omisión u ocultación del hecho imponible con finalidad defraudatoria

DATADIAR
La STS núm. 171/2011 de 17 de marzo, relata como el acusado en su condición de Consejero Delegado de determinada entidad, omitió conscientemente presentar la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 1994, dejando de ingresar la cantidad de 387.781 euros. Asimismo presentó dentro de plazo pero de forma deliberadamente incorrectas las declaraciones correspondientes al IVA de los ejercicios 1994 y 1995. Igualmente en relación con el impuesto de sociedades del ejercicio 1994 e IVA del mismo año, dispuso la creación para ser aportadas a Hacienda de una serie de facturas preparadas a su instancia y que documentaban servicios supuestamente prestados por diversas entidades, con el fin de aminorar la cuota debida en los referidos impuestos.

En cuanto al impuesto de sociedades se denuncia inexactitud en la fijación de la cuota que se dice defraudada. A efectos doctrinales la Sala reitera su doctrina sobre que el delito no radica en la falta de pago de la cuota debida, sino antes bien en la omisión u ocultación del hecho imponible con finalidad defraudatoria. El delito es de omisión por incumplimiento de los deberes tributarios con intención defraudatoria, elemento subjetivo que se colma cuando se declara mal o torticeramente y también cuando no se declara en ningún sentido, porque en ambos casos se produce ocultación de la realidad.

Y así, sobre la posibilidad de incurrir en este delito por comisión por omisión la STS 26 de diciembre de 2001 estipula:

“Es muy discutible que el tipo de delito fiscal que consiste en eludir el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, sea susceptible de comisión por omisión puesto que tiene una naturaleza esencialmente omisiva, pese a que el comienzo del art. 305 CP parezca sugerir que todos los tipos de delitos contra la Hacienda Pública pueden ser cometidos por acción o por omisión. Pero sea cual sea la estructura del tipo a que nos referimos -la de un delito en que la misma omisión constituya la situación típica o la de un delito de acción que admita la forma omisiva como equivalente en la producción del resultado típico- una cosa es indudable y es ella que, para la existencia de una omisión delictiva, se hace imprescindible que el autor haya tenido capacidad de realización de la conducta omitida.  No es suficiente  para la integración del delito de omisión que el autor haya tenido formalmente la obligación de actuar si de hecho no ha podido hacerlo.”

Para que se produzca la conducta típica no basta el mero impago de las cuotas, porque el delito requiere, además, un elemento de mendacidad, ya que el simple impago no acompañado de una maniobra mendaz podrá constituir una infracción tributaria, pero no un delito (STS núm. 801/2008).

El dolo consiste en el conocimiento de las obligaciones fiscales, es decir, de las circunstancias que generan la obligación de tributar, y que la jurisprudencia ha concretado en la exigencia de que la concurrencia del elemento subjetivo requiere que el autor haya obrado con "ánimo defraudatorio", esto es, en la conciencia clara y precisa del deber de pagar y la voluntad de infringir ese deber.

Y así, en la STS de 3 de enero de 2003, se hace referencia al ámbito subjetivo del delito en el caso de un Consejero-Delegado que, durante tres ejercicios, deja de cumplir para su empresa la obligación de presentar el Impuesto sobre Sociedades:

“El delito contra la Hacienda pública que se comete eludiendo el pago de tributos tiene una estructura evidentemente dolosa porque su autor tiene que abarcar en su conciencia y querer con voluntad libre los elementos objetivos del tipo. 
Es en esto en lo que consiste la intención de defraudar a que frecuentemente se ha referido la jurisprudencia. 
Pero no hay base alguna en la descripción legal del delito para sostener la exigencia de un especial ánimo de perjudicar a la Hacienda Pública -lo que algún sector de la doctrina ha denominado "dolo reduplicado"- que normalmente sería ilusorio pues cuesta mucho imaginar un delito fiscal, por elevada que sea la cantidad defraudada, que pueda causar un perjuicio real y sensible a la Hacienda Pública.”
El dolo preciso para que el delito fiscal quede integrado no es distinto del que cabe predicar de cualquier otro de la misma estructura: es el que existe cuando el sujeto sabe lo que hace y hace lo que quiere.”

Y en este sentido, la STS núm. 801/2008, de 26 de noviembre afirma que:

El mero hecho del impago no satisface las exigencias del tipo, señalando la necesidad de algo más en la conducta del autor que permita valorar su acción u omisión como defraudatoria en cuanto consiste en una conducta de ocultación del hecho imponible ejecutada con la finalidad de eludir el pago del impuesto o de pagar menos de lo realmente debido.

En ese mismo sentido se pronuncia la STS de 3 de octubre de 2.003, en la que después de decir que "debe recordarse la naturaleza de tipo de omisión que tiene el delito fiscal que consiste sencillamente en el incumplimiento del deber de pagar los tributos a los que se está obligado", recuerda que el delito contra la Hacienda Pública tiene como elemento subjetivo el ánimo de defraudar pero éste, que es evidente en quien declara mal o torticeramente los datos que han de servir para la liquidación del impuesto, puede darse también en quien no declara porque, siendo consciente del deber de hacerlo, omite una actuación esperada por la Administración tributaria y la omisión es susceptible de ser tomada como expresión inveraz de que no existe el hecho imponible.

En ambos casos, cabe concluir, la ocultación del hecho imponible o la minoración falsaria del mismo, constituye una conducta defraudatoria en tanto en cuanto implica una infracción del deber mediante una actuación de ocultación de la realidad en que el deber se basa o se origina.

En la sentencia objeto de análisis, toda la fundamentación jurídica de la sentencia se basa en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia; primero en cuanto a la fecha del devengo del IVA y luego en cuanto a la credibilidad de las correspondientes liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria.

El recurrente denuncia haberse imputado erróneamente el impuesto del valor añadido al ejercicio fiscal en cuyo ámbito temporal se expidieron las facturas por el acusado, señalando que el momento del devengo no lo determina la fecha en que aquellas se emiten sino que se produce desde el pago, y si este no consta mal se puede determinar la exigibilidad de la cuota y, con ello, la comisión del delito.

La Sala confirma la convicción alcanzada por el Tribunal de instancia sobre el informe elaborado por la Inspección Tributaria, en el que figura la confrontación efectuada entre las facturas emitidas por la empresa y los pagos realizados por los destinatarios de las mismas, destacando la coincidencia entre unos y otros documentos mediante el volcado de datos. Por ello están acreditados los ingresos afirmados por la misma empresa y los pagos declarados a Hacienda por las empresas pagadoras. Además se descarta la infracción del art. 75 de la Ley reguladora del IVA, sobre producción del devengo en los casos de ejecuciones de obra con aportación de materiales o sin ellos. La Ley parte de la presunción de coincidencia entre la emisión de las facturas y el devengo aludido, por lo que para desvirtuar dicha presunción sería necesaria prueba en contrario que el acusado no realizó.

En definitiva, no se ha visto afectada la presunción de inocencia en la práctica de la liquidación porque las facturas de gastos (realmente fotocopias) aportadas extemporáneamente por la empresa, no pudieron contrastarse con otros datos acreditados habiendo comprobado la Agencia Tributaria la veracidad de los datos sobre las que se giró la liquidación.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.  BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2011.
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2009, declaró la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que contenía normas de carácter general sobre seguridad, control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y/o inadaptados. De acuerdo con la mencionada sentencia, las «circulares o instrucciones, al carecer de la naturaleza y de las garantías de las normas jurídicas o disposiciones de carácter general, no son medio idóneo para regular derechos y deberes de los internos en los centros penitenciarios». Efectivamente, el Tribunal Supremo recuerda que todo lo relativo a la clasificación y tratamiento de los internos está reservado a la Ley Penitenciaria y a su reglamento de desarrollo. En consecuencia, concluye, la regulación contenida en la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, «se excede del cometido y finalidad de los denominados «reglamentos administrativos o de organización» para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos ejecutivos, rodeados estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que aquélla carece (...)». A la luz de la citada jurisprudencia, la regulación de los procedimientos de seguridad ajustados a la potencial peligrosidad de los internos debe contenerse en una disposición administrativa de carácter general. El primer objetivo del presente real decreto es regular los mencionados procedimientos de seguridad. La necesidad de implementar tales procedimientos ha de entenderse en el marco de la política de seguridad general. El sistema penitenciario es uno de los instrumentos a disposición del Estado para hacer frente a las amenazas y riesgos para la seguridad provenientes, especialmente, del terrorismo y de la delincuencia organizada. Junto a las acciones de persecución y protección, la prevención exige la elaboración de una estrategia articulada de mejora de los servicios de información e inteligencia, así como la aprobación de normas organizativas de vigilancia, control e intervención ante intentos de los reclusos de dar continuidad a las actividades delictivas en los centros penitenciarios.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio. Delito de tenencia ilícita de armas. Delito de robo con violencia. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de febrero de 2011
La aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido; la valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso; la declaración de un coimputado no se corrobora con la de otro coimputado. El ejercicio del derecho a guardar silencio por parte del acusado en una causa penal en el acto del juicio oral, no puede ser interpretado sino como un acto neutro. No supone una negación o rectificación de lo declarado hasta ese momento, pero tampoco se puede valorar como una aceptación o ratificación tácita de lo dicho con anterioridad. Tampoco es valorable como indicio incriminatorio. Delito de robo: artículo 242 CP. De 200 gramos de cocaína. Las cosas muebles que se pretendían sustraer, sustancias estupefacientes, son de ilícito comercio, pero ello no impide considerar vulnerado el bien jurídico protegido por el tipo que es la propiedad. Prueba sobre la preexistencia de la cosa sustraída. No es necesaria la aprehensión del bien sustraído, siendo prueba de cargo válida y suficiente la declaración de la víctima para tener por acreditada la preexistencia del bien sustraído. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Principio de responsabilidad personal: la base de la responsabilidad penal requiere la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. Dominio funcional del hecho: coautoría. La realización conjunta del hecho no supone que todos y cada uno de los elementos del tipo sean ejecutados por los coautores. Lo que es necesario es que todos aporten durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común. Agresión por dos acusados, quienes acuden a la vivienda de la víctima portando armas, con la finalidad de sustraer la cocaína que poseía. El coacusado tenía conocimiento de la existencia de las armas, y de que las mismas podían ser utilizadas. Delito de tenencia ilícita de armas: delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma. Excepcionalmente se aprecia tenencia compartida por aquellos que sin estar en posesión del arma, conocen su existencia y la tuvieron indistintamente a su libre disposición.

Mercantil

Contrato de crédito al consumo. Repercusión de la ineficacia sobrevenida del contrato básico. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de febrero de 2011
La concesión de un préstamo por parte de una de una entidad financiera de un crédito para el consumo con un interés de tipo 0, no supone la obtención de un préstamo gratuito. El crédito al consumo debe examinarse desde una perspectiva unitaria, porque pese a que existan varios contratos, existe una conexión entre todos ellos por la interacción de fines entre las distintas relaciones jurídicas. En el caso que se analiza aparecen unos contratos de arrendamiento de servicios de enseñanza conectados con unos contratos de financiación, resultando imposible otorgar una tratamiento aislado y diferenciado a cada de las relaciones jurídicas que surgen de tales negocios. La consecuencia, tal y como ya se ha fijado por esta Sala (SSTS 25 de noviembre de 2009 RC n.º 1448/2005 , 19 de febrero de 2010, RC n.º 198/2005 ) es que basta con que el prestamista convenga con el proveedor de los servicios una retribución a cargo de este, para que la gratuidad respecto del consumidor, pese a estar expresamente pactada en la financiación, deba considerarse excluida en el conjunto de la operación, dada la aptitud potencial del oneroso contrato conexo como instrumento para provocar una repercusión en la contraprestación pactada en el otro contrato.

La discusión centrada en la culpa del agente o en la disconformidad con la cuantía solicitada,  carecen de la consideración de causas justificadas del incumplimiento de la aseguradora  de indemnizar. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de febrero de 2011
No cabe calificar de razonable o justificada la negativa de la aseguradora a cumplir con su deber de satisfacer la prestación frente a la perjudicada cuando, por más que no contenga un pronunciamiento expreso en materia de intereses, sí forma parte del sustrato fáctico en que se apoya la sentencia recurrida para su imposición, y debe respetarse en casación, que la causa física de las lesiones de la actora estuvo en la caída que sufrió en el interior del establecimiento de la aseguradora al tropezar con un plástico de un palé manejado por un reponedor, sin que sean hechos ajenos a dicho sustrato fáctico que desde un primer momento la aseguradora fue conocedora de dicha caída, de las lesiones sufridas, y también, por más que, junto a la cuantía, fuera materia objeto de discusión, de los datos que vinculaban razonablemente esa caída con una posible actuación negligente de un empleado de su asegurada, motivo por el cual no se negó a peritar el siniestro ni a requerir toda la documentación, incluyendo la médica, que fuera menester para su liquidación, todo lo cual le hubieran permitido indemnizar al menos la cantidad que considerase debida con independencia de defender luego en juicio su tesis de la ausencia de culpa, o del carácter excesivo de la indemnización solicitada.

Civil

La expiración de la prórroga legal no produce la extinción del contrato de arrendamiento rústico. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de marzo de 2011
Una  cosa es el que día 31 de diciembre 1997 finalizara el derecho del arrendatario a acceder a la propiedad en las condiciones establecidas en la ley, y otra distinta que el contrato quedara desde entonces automáticamente extinguido. El arrendamiento persiste hasta la notificación fehaciente que el arrendador deberá dirigir al arrendatario comunicándole su propósito de recuperación de las fincas con ofrecimiento del pago de la correspondiente indemnización, como proclama el artículo 4-1 de la ley  . Mientras esto no se cumpla , el contrato continúa vigente, y con él el derecho del arrendatario a continuar en la explotación de la finca con derecho a percibir no solo dicha indemnización, sino a ejercitar aquellos otros que la ley otorga y que no se hubieran extinguido. La expiración de la prórroga legal no produce la extinción del contrato de arrendamiento rústico ya que el artículo 83.1,b) LAR deja a salvo que hubiere habido tácita reconducción y ello, sin duda, reproduce las características de aquél, no así en cuanto al plazo de duración, pues éste no será el que regía en el contrato extinguido, sino el que ha de ser dentro de la reconducción conforme al Código Civil.

El contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges, constante matrimonio, se rige por lo dispuesto en la LAU en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del arrendamiento. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de marzo de 2011
El contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del arrendamiento. Y es que la concreción de la figura del arrendatario resulta del propio contrato de arrendamiento, generador de derechos personales, independientemente de que la vivienda arrendada tenga como fin servir de domicilio conyugal o del régimen matrimonial que pueda existir entre los cónyuges, lo que resulta plenamente compatible con el régimen de subrogación existente en el antiguo artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 así como en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994.

Laboral

No es irrazonable la existencia de un trato retributivo diferenciado, dentro de la misma clasificación profesional. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 17 de febrero de 2011
El presente conflicto colectivo afecta a todos los trabajadores de la ONCE, y se refiere a la impugnación de algunas normas del Convenio Colectivo de empresa -el XIV- publicado en el BOE de 14 de octubre de 2009, suscrito entre la ONCE y el Sindicato UGT, que tiene implantación ampliamente mayoritaria en la empresa. El recurso es desestimado y para ello recuerda el Tribunal Supremo que no es irrazonable la existencia de un trato retributivo diferenciado, dentro de la misma clasificación profesional, entre quienes han alcanzado una determinada experiencia práctica y los que todavía están en fase de adquirirla, sin que quepa traer a colación por la recurrente la sentencia de esta Sala de 30 de junio de 2009, pues se refiere a algo completamente distinto: el cómputo -a efectos de la retribución por antigüedad- de servicios prestados al amparo de contratos temporales, aunque entre ellos exista solución de continuidad superior a veinte días, siempre que exista unidad sustancial en el vínculo.

Legalidad de un pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 22 de febrero de 2011
El objeto de la presente sentencia es decidir sobre la legalidad de un pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, dados los términos en que se concertó. La doctrina judicial insiste en la nulidad de los pactos que impliquen dejar la validez y cumplimiento de una obligación contractual al arbitrio de uno de los contratantes. Procede que analicemos la pactada en el caso que hoy hemos de resolver para decidir si es incardinable en aquella prohibición o en el de una previsión contractual legítimamente acordada. El tenor literal de la cláusula, al determinar los casos de aplicación del compromiso de no competencia, no permiten calificarla de una obligación condicional, pues su validez o exigencia no aparece subordinada a la existencia de un hecho futuro e incierto, sino sujeta a la mera voluntad del empleador de exigir o no su cumplimiento. Por el contrario, el trabajador queda vinculado, de modo que no podrá ejercer actividades potencialmente vedadas siempre que el empleador así se lo exija. En este caso, el Tribunal considera que se ha dejado la efectividad de una obligación al arbitrio de una de las partes del contrato, pacto contrario a norma prohibitiva y, por ello, nulo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del Código civil subsistiendo el resto de las obligaciones pactadas.

Administrativo

Valoración a efectos del IBI de los inmuebles de características especiales, entre los que se encuentran los Parques Eólicos. Audiencia Nacional. Sentencia 12 de enero de 2011.
Según sentencias de la Audiencia Nacional en el caso de inmuebles que excedan del ámbito territorial de un municipio o cuyas características especiales impidan su valoración de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter general en las normas técnicas incluidas en el anexo del Real Decreto 1020/1993, se individualizará en la ponencia de valores el procedimiento específico para su valoración, concretándose los inmuebles a los que dicho procedimiento será de aplicación. La Administración no puede suprimir o aplicar coeficientes si no están legalmente previstos o en cuantía superior a la establecida legalmente.

Derecho al ejercicio de la función parlamentaria en condiciones de igualdad. Tribunal Constitucional. Sentencia 3 de mayo de 2011.
La Sala declara que en el presente caso nos encontramos, ante una función parlamentaria de posible ejercicio individual, cuyo sentido propio, como tal derecho funcional, se encuentra en el reconocimiento por el reglamento, de que todos y cada uno de los Diputados ostentan facultades de control al Gobierno (interpelaciones y preguntas; arts. 180 y 185 RCD, respectivamente) respecto de las cuales el derecho de recabar información de las Administraciones tiene un alcance claramente instrumental. En razón de todo ello concluye que el art. 7.1 RCD reconoce el derech o individual de los Diputados a recabar, en la forma y con los requisitos que el mismo reglamento establece, información a la Administración, derecho que deriva del status propio del cargo de Diputado, y por ello, se inserta y forma parte del derecho fundamental que garantiza el art. 23.2 de la Constitución. Ha lugar el amparo solicitado.

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