edición: 2329 , Martes, 24 octubre 2017
14/06/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal

DATADIAR La sentencia del TS núm. 101/2012, de 27 de febrero, absuelve al ex magistrado de la AN del delito de prevaricación del que fue acusado por declararse competente para conocer de los hechos denunciados por familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española. Entiende el Tribunal que no se cometió el delito de prevaricación porque no basta con la errónea aplicación del ordenamiento jurídico, sino que es preciso la injusticia de la resolución que se evidencia por la falta de cualquier interpretación admisible.

Así, el factum de la sentencia relata como en diciembre de 2006, varias asociaciones constituidas por familiares de personas fallecidas y desaparecidas durante la Guerra Civil española, presentaron ante la AN denuncias, afirmando que hasta aquel momento desconocían las circunstancias de las desapariciones y fallecimientos, así como el lugar de enterramiento de las víctimas. Reclamaban la tutela judicial para el descubrimiento de la verdad y, además, la entrega de los restos a los familiares.

Dos años más tarde, el acusado solicitó informe del Mº Fiscal sobre competencia, que fue denegado primero porque los hechos ya estaban prescritos, y luego porque a los mismos resultaba de aplicación la Ley de Amnistía.

Aún así el Magistrado dictó Auto declarándose competente alegando:

• que según la Constitución vigente en ese momento, la rebelión militar que dio origen al conflicto civil constituía delito contra altos Organismos de la Nación (competencia de la actual Audiencia Nacional);
• que los hechos denunciados constituyen delitos permanentes de detención ilegal sin conocerse el paradero de las víctimas “en el marco de crímenes contra la humanidad”.

El magistrado se declaró así competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil, autorizando la apertura de 19 fosas en toda España.

Para el TS lo relevante es el elemento objetivo de la injusticia que resulta del contenido de la resolución contraria a derecho, y no el ánimo o la intención del sujeto de perseguir o no esa finalidad, bastando con que actúe con conciencia y voluntad de hacer lo que se sabe que es antijurídico por contrario al principio de legalidad.

El Supremo concluye en este caso que no se cometió el delito de prevaricación del art. 446.3º del Código penal, porque no basta con la errónea y equivocada aplicación del ordenamiento jurídico, sino que es preciso la injusticia de la resolución que se evidencia por la falta de cualquier interpretación admisible en derecho, convirtiéndose el Juez en fuente del ordenamiento y sustituyendo con su voluntad a la norma jurídica.

En consecuencia la actuación jurisdiccional del magistrado acusado, aunque haya incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas, que han sido oportunamente corregidas en vía jurisdiccional, no alcanzan la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación y no merece el reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación.

La absolución del controvertido magistrado se produce una semana después de que el Consejo General del Poder Judicial le expulsase formalmente de la carrera en cumplimiento del fallo condenatorio dictado por la Sala de lo Penal del TS en el caso de las escuchas ilegales del “caso Gürtel”. Además, el magistrado solicitó la nulidad de actuaciones de la sentencia, requisito previo imprescindible para presentar un recurso de amparo ante el TC.

En el voto particular de la sentencia se expresa la discrepancia del magistrado D. José Manuel Maza Martín. El magistrado entiende que nos hallamos ante un delito de prevaricación judicial dolosa, del art. 446 3º CP, desde que el Magistrado acusado, con pleno conocimiento de la contradicción de sus Resoluciones con el ordenamiento jurídico español, que estaba obligado a aplicar y respetar, comenzó asumiendo competencia que no le correspondía para incoar un procedimiento penal inviable, instrumentalizándolo al servicio de sus propias intenciones subjetivas, contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía o que, en todo caso, se encontraban ya claramente prescritos, lo que en definitiva supuso un abuso de sus facultades jurisdiccionales, imponiendo su voluntad y la búsqueda de intenciones propias sobre el mandato explícito de la norma.

Maza Martín muestra su preocupación por el precedente que esta Resolución pudiere llegar a representar en relación con el tratamiento del delito de prevaricación judicial, de modo que en el futuro los Jueces pudieran sostener su apartamiento de las normas imperativas de nuestro ordenamiento alegando la bondad de sus fines o intenciones subjetivas junto a la existencia de opiniones jurídicas, meramente doctrinales o sin efecto de vinculación alguna para nuestros Tribunales, en el dictado de Resoluciones que contravengan de manera clara y flagrante incluso los principios más básicos de nuestro Sistema penal o del resto del ordenamiento jurídico.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte. BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2011.
Con ocasión de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016, se puso de manifiesto la necesidad que tenía nuestro país, al igual que el resto, de adecuar nuestra legislación y normativa en materia de lucha contra el dopaje a las normas vigentes en el Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje. Esta necesidad de armonización dio como fruto la aprobación del Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte. Este Real Decreto ha sido anulado por el Tribunal Supremo en fecha 13 de octubre de 2011 por la concurrencia de dos motivos formales de nulidad de pleno derecho. No obstante, es imprescindible que España siga cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Convención internacional contra el Dopaje de la UNESCO, la cual establece la obligación de nuestro país de cumplir los principios básicos del Código Mundial Antidopaje. En consecuencia, vuelve a aprobarse esta norma, cumpliendo con los requerimientos estipulados por el Tribunal Supremo, en concreto cumpliendo con el trámite de audiencia a los interesados y con la emisión de informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia y de la Agencia Estatal Antidopaje


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito contra la salud pública. Delito de blanqueo de capitales. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Derecho al secreto de las comunicaciones. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de marzo de 2012
Denuncia el recurrente la falta de validez de la resolución judicial habilitante del registro al no estar firmada por el Juez ni por el Secretario.  La firma de una resolución judicial es un requisito relevante, destinado a garantizar su autenticidad como acto jurisdiccional realmente debido a quien aparezca como tal; a evitar eventuales suplantaciones. Sin embargo, en el presente caso no nos encontramos ante una resolución formularia sino que el auto aquejado de esta omisión se inserta con normalidad en el contexto de las actuaciones y evidencia por sí mismo una conexión razonable con el objeto de la causa. Vulneración inexistente. Derecho al secreto de las comunicaciones: artículo 18.3 CE. Proporcionalidad y necesidad de la medida. Se exige como presupuesto de validez que la resolución judicial explicite tanto de la existencia de los presupuestos materiales de la intervención (investigación, delito grave, conexión de las personas con los hechos) cuanto de la necesidad y adecuación de la misma (razones y finalidad perseguida). Lo requerido en esta fase no es la aportación de un acabado cuadro probatorio. Pero sí que se pongan a disposición del juez aquellos elementos de juicio en virtud de los cuales la policía ha podido llegar, de forma no arbitraria, a la conclusión de la necesidad de implantar una medida tan grave como la injerencia en el ámbito de las comunicaciones telefónicas de algunas personas. Caso de autos. Vulneración inexistente: constituyen indicios suficientes la existencia de una actividad comercial regular, solo aparente, de movimientos de personas e intercambios como los detectados, y el uso de un vehículo de lujo sin medio de vida que lo justifique. Delito de blanqueo de capitales: artículo 301 CP: En el caso se declaran acreditadas dos operaciones de menudeo (por importe de 30 y 50 euros), sin que consten datos mínimamente sugestivos de que el recurrente hubiera mantenido una dedicación a la venta de cocaína lo bastante rentable para generar activos patrimoniales de alguna consideración. No hay acciones delictivas que justifiquen los bienes que se dicen objeto de blanqueo. Absolución: La falta de constancia en los hechos probados de datos relativos a la realización de actos penalmente relevantes, de los que pudieran haberse seguido ingresos o activos susceptibles de ulterior blanqueo, priva a la condena por este delito del antecedente imprescindible, y, por ello, debe ser dejada sin efecto. Antecedentes penales: la afirmación en la sentencia de la existencia de antecedentes no computables surtirá efectos no solo a efectos de reincidencia sino en ningún caso, tampoco para la individualización de la pena.


Mercantil

Responsabilidad por deudas sociales. Irretroactividad de la Ley 19/2005. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de marzo de 2012
La irretroactividad de la Ley 19/2005 ha sido abordada entre otras muchas en las sentencias 458/2010, de 30 de junio, y 557/2010, de 23 de septiembre, en las que se ha rechazado que la responsabilidad por deudas tenga naturaleza punitiva, y se ha declarado que a su eficacia en el tiempo le son aplicables las reglas generales sobre la retroactividad de las normas y, en definitiva, prevista en el artículo 2.3 del Código Civil la irretroactividad de las leyes si no dispusieren lo contrario, la irretroactividad de la modificación introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España, ya que la misma no contiene alusión alguna a su eventual retroactividad incluso más allá, como pretende la recurrente, de la vigencia de la Ley Concursal y no tiene carácter «inequívocamente retroactivo».

Responsabilidad de los administradores sociales. Irretroactividad de la Ley 19/2005. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de marzo de 2012
La cuestión sobre la irretroactividad de la Ley 19/2005 ha sido abordada ya por esta Sala en Sentencias en las que ha rechazado que la responsabilidad por deudas tenga naturaleza punitiva, por lo que a su eficacia en el tiempo le son aplicables las reglas generales sobre la retroactividad de las normas. En definitiva, prevista en el artículo 2.3 del Código Civil la irretroactividad de las leyes si no dispusieren lo contrario, la modificación introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas domiciliadas en España, no contiene alusión alguna a su eventual retroactividad incluso más allá, como pretende la recurrente, de la vigencia de la Ley Concursal. A lo expuesto, cabe añadir que la sentencia 1055/2006, de 9 enero, no aplicó retroactivamente la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, limitándose a cuestionar obiter dicta si la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los administradores permitía la aplicación, con carácter retroactivo, de las sucesivas modificaciones que afectan a los preceptos cuya aplicación se postula en sentido más favorable para quienes debían responder.


Civil

Compraventa. Responsabilidad por el vendedor que ha vendido la cosa a dos compradores, a favor del que no ha sido declarado adquirente preferente. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de marzo de 2012
La conducta del enajenante que vende dos o más veces la misma finca y, que impide al comprador exigir el saneamiento por evicción, no obstante haberle privado de la cosa que constituyó el objeto de la compraventa, para trasladarla a un nuevo comprador que, por su condición de tercero hipotecario, es protegido en su adquisición por la fe pública registral, no solo infringe la obligación contractual que le impide hacerlo, sino que vulnera el deber de respeto a la propiedad de la persona con la que se vinculó a través de un contrato anterior, del que trae causa el daño ocasionado por la venta posterior, para cuya reparación el Código Civil ofrece al perjudicado no solo las acciones específicas con la que satisfacer el interés defraudado, sino la que le proporciona el artículo 1101 del Código Civil de exigir el resarcimiento del daño que resulta de incumplimiento contractual, que de otra forma no se hubiera producido, consistente en la privación de la cosa que constituyó su objeto. Cuantía de la indemnización. No puede ser el valor actual de la finca, ni tampoco el precio que percibió el vendedor incumplidor al vender a un tercero porque este precio comprendía no sólo la finca anteriormente vendida al demandante, sino también más terreno

Mandato. Legitimación pasiva del mandatario. Revocación tácita de poder otorgado por la Administradora de la sociedad, antes de su cese, a su hermano, también socio, ejecutado dolosamente en perjuicio de la sociedad. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de marzo de 2012
En este caso  concurren circunstancias particulares que acreditan la existencia de una revocación tácita ya que  poderdante y apoderado son hermanos.. En la Junta de accionistas en que fue cesada la administradora, solo se opuso el apoderado quien  impugnó judicialmente la Junta General de accionistas en que fue cesada su hermana, como administradora.. Procede a la venta, al día siguiente de notificarle la desestimación de la medida cautelar de suspensión de la Junta impugnada, con ánimo espurio.. Lo que vende es el inmueble en el que se levantan las naves industriales que son el objeto del negocio familiar, por lo que actúa con manifiesto perjuicio, traspasando los límites del mandato en perjuicio de la sociedad de la que su mandante fue administradora.. La compradora ha provocado la declaración de desierto del recurso de casación, por lo que se aquieta con la declaración de nulidad de la venta, y la revocación del mandato por lo que no concurre perjuicio a tercero, dado que la compradora se aquieta con el pronunciamiento anulatorio y con respecto a dicha compradora se declaró en las instancias precedentes que participó en el fraude que generó la nulidad de la venta. El mandatario actuó fraudulentamente en convivencia con la sociedad compradora.


Laboral

Juzgado competente territorialmente para la consignación de la indemnización por despido, a efectos de limitar pago salarios de trámite. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 6 de febrero de 2012
La cuestión planteada en el presente recurso se reduce a determinar el Juzgado de lo Social competente para consignar la empresa el importe de las indemnizaciones por despido improcedente que corresponden al trabajador, a efectos de lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores sobre los llamados salarios de tramitación, esto es de limitar su devengo. Esta cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 4 de noviembre de 2008 y 30 de Junio de 2011 en sentido contrario a como lo hace la sentencia recurrida que entiende que la empresa que realiza la consignación actúa como demandante, lo que la obliga a consignar en el Juzgado del domicilio del trabajador o en el de la prestación de servicios, solución que el Tribunal Supremo ha considerado errónea, porque el hecho de que se trate de una acto previo al proceso no impide la aplicación del artículo 10.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, dado el silencio que al respecto se contiene en el art. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. En la primera de las sentencia citadas se señala que ante la disyuntiva de tener por válido el depósito realizado ante el juzgado de lo social del lugar en que tiene su domicilio la empresa, o dar validez sólo al efectuado ante el juzgado que va a ser luego el competente para conocer de la demanda de despido porque el trabajador decide interponerla ante él, parece evidente que la alternativa lógica es la primera. Pues el art. 10.1 LPL establece dos fueros alternativos para conocer de las demandas de despido, a elección del demandante (el lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado) y por ello el depósito efectuado en cualquiera de esos dos lugares, debe tener la eficacia que le otorga el art. 56.2 ET. Lo contrario sería tanto como dejar al arbitrio del trabajador la validez limitadora del depósito, pues le bastaría con interponer la demanda en el lugar del domicilio de la empresa demandada, para negar validez al depósito efectuado en el de la prestación de servicios, o viceversa. No se ofrecen razones que justifiquen un cambio de la doctrina reseñada, lo que conlleva la estimación del recurso de casación interpuesto y obliga a casar y anular la sentencia recurrida.

La procedencia de la extinción del contrato por causas objetivas no excusa para la condena al pago de la indemnización y el preaviso. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 7 de febrero de 2012
La cuestión que se plantea en los presentes autos es la relativa a si la sentencia que declara la procedencia de la extinción contractual determinada por la necesidad objetivamente acreditada de amortizar el puesto trabajo [ex art. 52.c) ET], excluye -o no- pronunciamiento alguno sobre la indemnización y preaviso excluidos en la comunicación de cese con el alegato de falta de liquidez. Y el Tribunal acoge la solución dada por la decisión de contraste y rechaza expresamente el argumento con que la pretensión es desatendida por la sentencia que se recurre, cuando afirma que los posibles pronunciamiento legales, en el caso de extinción del contrato por causas objetivas, se limitan a la procedencia, improcedencia y nulidad de la medida extintiva acordada, de forma que declarada en autos la primera de ellas (la procedencia), por concurrir graves problemas económicos y un grave problema de liquidez, de ahí el no abono de la indemnización debida más el preaviso. Considera el Tribunal que el precedente argumento ni como tal ofrece apreciable solidez ni como afirmación tiene adecuado soporte normativo, pues el sistema legalmente establecido para la extinción contractual por causas objetivas impone tres requisitos para la validez formal de tales ceses (comunicación escrita; puesta a disposición de la indemnización; y concesión del plazo de preaviso de un mes o alternativo abono de los salarios correspondientes a dicho periodo), y la posible elusión legal de la simultánea puesta a disposición -con la comunicación extintiva- de la indemnización y del importe correspondiente al preaviso no observado tiene la exclusiva finalidad de evitar el pronunciamiento de nulidad que en principio comportaría el incumplimiento de aquellos requisitos.


Administrativo

Calificación en la prueba de control de aptitudes y comportamiento en circulación en vías abiertas al tráfico. Insuficiencia de cuantía para recurrir en casación. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de julio de 2011
Se inadmite el recurso de casaci ón toda vez que la cuantía litigiosa no excede del límite legal de los ciento cincuenta mil euros ya que junto a la solicitud de la declaración de ?apto? en las pruebas de Control de Aptitudes y Comportamiento en Circulación en vías abiertas al tráfico en general, la cantidad reclamada en el suplico de la demanda en concepto de principal, como indemnización de daños y perjuicios, es una cantidad muy inferior al citado límite de acceso a la casación, no siendo admisible la declaración de cuantía indeterminada del Tribunal de Instancia

Denegación del derecho de asilo en España. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de julio de 2011
El relato expuesto por el solicitante de asilo no permite tener por fundado el temor a la persecución; ni hay datos que permitan considerar fundado ese temor; ni se ha justificado ese retraso, ni se han despejado las dudas fundadas sobre la real necesidad de una protección a través del asilo. El Alto Tribunal considera conforme a Derecho la denegación del derecho de asilo en España, ya que hay dudas razonables sobre lo fundado del temor de ser perseguido en su país de origen.

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