edición: 2560 , Lunes, 24 septiembre 2018
28/01/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

El derecho de acceso del público a la información se aplica a la liberación de OMG

DATADIAR
Los Estados miembros no pueden invocar una excepción de orden público para oponerse a la divulgación del lugar de la liberación de organismos modificados genéticamente.

El Sr. Pierre Azelvandre desea conocer la localización de las pruebas de organismos modificados genéticamente (OMG) al aire libre realizadas en el territorio de su municipio. El 21 de abril de 2004, solicitó al alcalde de Sausheim (Alta Alsacia) que le comunicara, para cada liberación que se hubiese producido en dicho municipio, el aviso público, la ficha de implantación, que permite localizar la parcela implantada, y el escrito de acompañamiento de la Prefectura a los citados documentos. Solicitó asimismo las fichas de información de cualquier nueva liberación que se realizara en 2004. Al no recibir respuesta a su solicitud, se dirigió a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA), solicitando que se le comunicaran dichos documentos. El 24 de junio de 2004, la Comisión emitió un dictamen favorable a la comunicación del aviso público y de la primera página del escrito de acompañamiento de la Prefectura. En cambio, dicha Comisión se pronunció en contra de la comunicación de la ficha de implantación parcelaria y del mapa en el que figuraban tales liberaciones por considerar que tal comunicación lesionaría la intimidad y la seguridad de los agricultores afectados.

Como consecuencia de dicho dictamen, y dado que el alcalde de Sausheim no le comunicó el conjunto de los documentos del expediente, el Sr. Azelvandre recurrió esta negativa ante la jurisdicción contenciosa francesa.

Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE

El Conseil d’État, que conoce en última instancia del litigio, pregunta al Tribunal de Justicia acerca del concepto de «lugar de la liberación», que no puede considerarse confidencial, en el sentido de la Directiva de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OMG, y sobre la interpretación que debe darse a las obligaciones de informar al público en la materia, tal como éstas se desprenden del Derecho comunitario. En particular, pregunta al Tribunal de Justicia si las autoridades nacionales pueden oponerse a la comunicación de la ficha de implantación parcelaria y del mapa de localización de las liberaciones por entender que puede atentar contra el orden público u otros intereses protegidos por la ley.

El lugar de liberación

En virtud del principio de precaución y de los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, la Directiva 2001/18/CE, define un régimen de transparencia del procedimiento de autorización de las medidas relativas a la preparación y a la aplicación de las liberaciones. Dicha Directiva no sólo establece mecanismos de consulta al público y, en su caso, a determinados grupos sobre una liberación voluntaria de OMG que se prevea llevar a cabo, sino también un derecho de acceso del público a las informaciones relativas a tales operaciones, así como la creación de registros públicos en los que deberá figurar la localización de cada liberación de OMG.
De este modo, quienes deseen liberar OMG en el medio ambiente están obligados, con arreglo a la Directiva, a dirigir una notificación a las autoridades nacionales competentes, que debe incluir un expediente técnico que contenga las informaciones requeridas, a saber:
 1) para las plantas superiores modificadas genéticamente, la localización y la extensión de los lugares de liberación, la descripción del ecosistema de los lugares de liberación, incluidos el clima, la fauna y la flora, de la misma forma que la proximidad de biótopos oficialmente reconocidos o de zonas protegidas que puedan verse afectadas;
 2) para el resto de OMG, la ubicación geográfica y las coordenadas del lugar o lugares de liberación, así como la descripción de los ecosistemas que puedan verse afectados tanto si son objeto de la investigación como si no.

Por consiguiente, los datos relativos a la situación geográfica de una liberación voluntaria de OMG que deben figurar en la notificación de ésta responden a exigencias cuya finalidad es determinar los efectos concretos de una operación de este tipo sobre el medio ambiente. Las indicaciones relativas al lugar de tal liberación deben definirse en relación con las características de cada operación y de sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente.

De la vinculación así establecida entre el procedimiento de notificación y el acceso a los datos relativos a la operación prevista de liberación voluntaria de OGM se desprende que, salvo excepción prevista por la Directiva, el público interesado puede solicitar la comunicación de cualquier información presentada por el notificante en el marco del proceso de autorización de una liberación de esta índole.

En consecuencia, el «lugar de la liberación» se determina por la información relativa a la localización de la liberación comunicada por el notificante a las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio deba tener lugar dicha liberación con arreglo a la Directiva.

El derecho de acceso de terceros a las informaciones relativas a la liberación

La Directiva define con precisión la confidencialidad de que pueden disfrutar los distintos datos que se comunican en el marco de los procedimientos de notificación y de intercambio de información previstos por ella. De este modo, no puede revelarse la información confidencial notificada a la Comisión y a las autoridades competentes, o intercambiada en virtud de la citada Directiva, ni la información que pueda perjudicar una posición de competitividad y que protege los derechos de propiedad intelectual. Además, la autoridad competente decide, previa consulta al notificante, qué información debe mantenerse en secreto, a la vista de la «justificación verificable» aportada por éste. En consecuencia, la información relativa al lugar de la liberación en ningún caso puede mantenerse en secreto. En tales circunstancias, consideraciones relativas a la protección del orden público y de los demás secretos protegidos por la ley, tal como las ha expuesto el tribunal remitente, no constituyen razones que puedan restringir el acceso a los datos enumerados la Directiva, entre los que figura el lugar de la liberación.

Esta interpretación se ve apoyada por la exigencia establecida en la Directiva 2001/18/CE según la cual en ningún caso puede mantenerse secreta la información relativa a la evaluación del riesgo para el medio ambiente. Además, un Estado miembro no puede invocar una disposición que establece excepciones y que está incluida en las Directivas sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente para denegar el acceso a información que debe ser de dominio público.

Conclusión de tribunal:

El Tribunal de Justicia declara que el «lugar de la liberación», en el sentido del artículo 25, apartado 4, primer guión, de la Directiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente, se determina por la información relativa a la localización de la liberación comunicada por el notificante a las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio deba tener lugar dicha liberación en el marco de los procedimiento regulados en los artículos 6 a 8, 13, 17, 20 o 23 de la mencionada Directiva. No cabe invocar una reserva relativa a la protección del orden público o a otros intereses protegidos por la ley para denegar la comunicación de la información mencionada en el artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2001/18. El temor a dificultades internas no puede justificar que un Estado miembro no aplique correctamente el Derecho comunitario.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

REGLAMENTO (UE) Nº 37/2010 DE LA COMISIÓN de 22 de diciembre de 2009 relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal (DOUE n.º 15, 20-01-210)
Para proteger la salud pública, las sustancias farmacológicamente activas, atendiendo a la evaluación científica de su seguridad, fueron clasificadas en cuatro anexos del Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (2). El anexo I contiene las sustancias farmacológicamente activas para las que se ha fijado un límite máximo de residuos, el anexo II contiene las sustancias para las que no es necesario fijar un límite máximo de residuos, el anexo III contiene las sustancias para las que se ha fijado un límite máximo de residuos provisional y el anexo IV, las sustancias para las que no puede establecerse límite máximo alguno porque sus residuos, sea cual sea su límite, constituyen un riesgo para la salud humana.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de malversación de caudales públicos. Delito de malversación de caudales públicos. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de julio de 2009
El acusado, en compensación de una actuación profesional por su condición de administrador judicialmente designado, percibió una cantidad mensual de 1.800€, la misma cantidad que venía ingresando la persona que anteriormente llevaba la administración de la empresa, ello en cumplimiento de lo ordenado por el órgano jurisdiccional, al disponer que "la retribución del administrador sería la equivalente a la del administrador sustituido". El importe percibido, 1.800€, no resultaba excesivo. En su liquidación de cuentas, al cesar en sus funciones, el administrador judicial incluyó sin ocultación alguna las cantidades totales cobradas por él como retribución, sin que conste queja o impugnación formal en ese momento por parte de la recurrente.

Mercantil

Incumplimiento de la preceptiva comunicación que las entidades de crédito han de hacer al Banco de España, de las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen alguno de los niveles fijados.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de octubre de 2009
El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión de 29 de junio de 2004, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, acordó imponer las sanciones por infracciones graves en relación con las competencias atribuidas por el artículo 18 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Y en lo que hace a las sanciones muy graves, elevó la correspondiente propuesta al Ministro de Economía y Hacienda "a efectos de que por éste se dicte una resolución única que englobe la decisión del Consejo de Gobierno sobre las sanciones graves e imponga las muy graves, según lo dispuesto en el artículo 21 de la citada Ley 26/1988 , como resultado de un solo procedimiento".
 
El art. 286 Ccom. aplica a las declaraciones de conformidad la regla de heteroeficacia propia de las gestiones representativas directas. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de julio de 2009
En resumen, argumenta la recurrente que, aunque su empleado fuera su factor, apoderado en términos generales por ella, el poder que le había otorgado no le permitía emitir declaraciones de conformidad de cheques. Y, además, que dicho poder estaba inscrito en el Registro Mercantil, por lo que la demandante pudo conocer los límites que había impuesto a las facultades del apoderado. De modo que ni la tenedora de los cheques tenía la condición de tercera de buena fe ni, por ello, era procedente aplicar en su contra la doctrina sobre el factor notorio.

Civil

No procede la indemnización por daños y perjuicios por la expulsión de un alumno de un colegio privado puesto que la medida adoptada no resultó arbitraria y se cumplieron los requisitos fijados para su imposición en el reglamento de régimen interno.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de octubre de 2009
Expulsión de alumno de colegio privado. Reclamación de daños y perjuicios . Se propugna la vulneración del derecho fundamental a la educación consagrado en el articulo 27 de la Constitución Española, en relación con el articulo 3.1 y 2 de la Convención de derechos del niño de las Naciones Unidas y su desarrollo por el articulo 3 de la Ley 6/1995 de 28 de marzo de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, y la Ley Orgánica1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, y el articulo 269 del Código Civil , al entender la parte recurrente que la medida de expulsión resulta inadecuada para favorecer el pleno desarrollo de la personalidad humana, debiendo primar el interés superior del menor que prevalece sobre cualquier otro interés legitimo.

La Comunidad actora no puede prohibir la realización de las obras litigiosas habida cuenta de lo dispuesto en el Título Constitutivo.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de octubre de 2009
Propiedad Horizontal. Carencia de validez de los Estatutos modificadores del Título Constitutivo; el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal exige la unanimidad para la aprobación o modificación de los Estatutos. La interpretación de los contratos es función propia del Juzgador de instancia En la aplicación del artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, no cabe idéntica interpretación con referencia a los locales de negocio y los pisos.

Laboral

Subsidio de desempleo para mayores de 52. Falta de comunicación por el beneficiario a la Entidad Gestora de los ingresos derivados de la venta de inmuebles. Falta de contradicción entre sentencias. Desestimación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de octubre de 2009.
Desempleo: nivel asistencial: subsidio desempleo mayores de 52 años.- Ingresos derivados de la venta de inmuebles obtenidos en el año 2003: no comunicación por el beneficiario: incidencia de la entrada en vigor de la Ley 45/2002 de 12-diciembre modificativa art. 215.3.2 LGSS: consecuencias: problemática de la extinción o de la suspensión del derecho: falta de contradicción.

La obligación de aplicar la reserva a las convocatorias de promoción interna deriva del art.59 del EBEP, que establece la reserva sobre el conjunto de la oferta de empleo público y no sólo sobre las plazas de nuevo ingreso. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 05 de octubre de 2009
Reserva de plazas para discapacitados en convocatoria de promoción interna para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias (auxiliares de enfermería). La obligación de reserva del art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público comprende las plazas de promoción interna, que no pueden excluirse de la reserva sin razón suficiente. La reserva general no vincula de forma automática a cada convocatoria, pero sí impone que, sin perjuicio de su distribución, se reserven plazas de promoción interna, salvo causa que lo justifique. No cabe una impugnación aislada de una convocatoria sin combatir el acto de distribución de la reserva. Pero esta causa de impugnación no se ha alegado por la parte recurrente.
 
Administrativo

Solicitud de asilo. No se ha aportado ningún documento que proporcione alguna clase de respaldo probatorio a su relato sobre la persecución que dice haber sufrido. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de junio de 2009
El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación examinado al haber incurrido la Sentencia impugnada en la incongruencia omisiva que denuncia la recurrente en su primer motivo del escrito de interposición. Actuando como Tribunal de instancia, el Alto Tribunal decide la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la denegación del derecho de asilo solicitado al haber procedido la Administración a investigar los hechos alegados. Todo ello unido al hecho de que el recurrente, finalmente, tampoco ha aportado ni en el curso del expediente ni ante el Tribunal a quo ningún documento u otra clase de prueba que proporcione alguna clase de respaldo probatorio a su relato sobre la persecución que dice haber sufrido.
 
Inadmisión de recurso de casación en recurso. Motivos del recurso. Homologación de título universitario obtenido en Toulouse.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de junio de 2009
En un caso de homologación de titulo universitario extranjero, el recurrente en el escrito en el que se persona ante este Tribunal formula una serie de alegatos en los que no sólo no se cita el concreto o concretos motivos de los previstos en el articulo 88.1 en que el recurso de casación se funda, sino que de su lectura tampoco es posible su concreta individualización habida cuenta de que hace referencia tanto a una supuesta incongruencia de la resolución judicial ante la omisión de responder al pronunciamiento pretendido, como igualmente a la infracción de preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto a la obligación de ofrecer una solución a todas las cuestiones que se planteen ante la Administración; razón por la cual, si el recurrente pretendía fundar su recurso en los motivos c) y d) del artículo 88.1, no sólo debió expresarlo así en el escrito de interposición, sino que debió razonar su concurrencia con la debida diferenciación puesto que los motivos referidos responden a infracciones muy distintas.

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