edición: 2561 , Martes, 25 septiembre 2018
13/11/2008
Observatorio Jurídico

El descuento bancario y las obligaciones de la entidad

Datadiar

Se inició el litigio por parte de los actores que reclamaban una indemnización de daños y perjuicios por haberse producido el perjuicio de varias letras de cambio descontadas por el Banco demandado como consecuencia de la prescripción frente a terceros.

Se parte de la base de que la acción cambiaria de las letras que la entidad demandada descontó en virtud de las pólizas concertadas, y que entregó a las actoras, están perjudicadas, al haber transcurrido el plazo de prescripción establecido por el artículo 89 de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCCh). La parte actora sostiene que el perjuicio de las letras es imputable a la entidad demandada, en tanto que ésta entiende que fue debido a la actitud negligente del librador, que no pidió su entrega pese a que le constaba la incorporación de las letras a sendos juicios ejecutivos que se seguían ante Juzgados de Primera Instancia.

El artículo párrafo segundo del 1170 del Código civil (CC), aplicado en relación con el artículo 88 LCCh, exige que haya intervenido culpa del acreedor para que la entrega ´pro solvendo´ se convierta en ´pro soluto´. El principal fundamento de la STS (Sala 1ª) de 29 de septiembre de 2008, es que no ha apreciado en el caso de autos la existencia de culpa en la entidad bancaria demandada.

Se denuncia por los recurrentes, la infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en varias sentencia de la misma Sala, según la cual, la entrega de la letra al Banco y perjudicada por causa de éste, comporta los efectos del pago a pesar de que no haya sido satisfecha a su vencimiento, con lo que la primitiva cesión ´pro solvendo´ se transforma en cesión ´pro soluto´. Esta obligación o carga como enseña la doctrina científica y la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS consiste, en que en razón del deber de diligencia el Banco ha de intentar el cobro del crédito descontado a su vencimiento y debe realizar los actos que eviten que el crédito prescriba o se perjudique. Cuando el cliente pierde por omisión del Banco cualquier derecho que hubiera tenido si fuera titular del crédito se aplica el párrafo 2º del artículo 1.170 del Código civil y desaparece la obligación de restituir del cliente.

Estima el Tribunal que la jurisprudencia ha venido matizando la obligación del descontante en función de que haya obtenido una resolución judicial (en cuyo momento los efectos, sin los cuales no hubiese sido posible dictarla, pueden ser devueltos sin perjuicio para el acreedor), o de que le hayan sido abonados los efectos. Así, unas sentencias señalan que, en el caso, la entidad descontante se había reintegrado del importe de las cambiales sin haber restituido los títulos al cedente. Otras, que la obligación del Banco descontante es la de entregar las letras con la misma eficacia que tenían en el momento en que se cedieron con la finalidad del descuento, y es responsable cuando su retardo en la entrega al descontatario que ha pagado ha determinado el perjuicio de las letras.

Afirma el Juzgador que es claro que la solución predominante en la jurisprudencia es la de que el Banco descontante es responsable del perjuicio de las letras de cambio cuando el descontatario ha hecho efectiva su obligación y las letras no le han sido entregadas, pero no en caso contrario. Así, la STS de 2 de marzo de 2004, que decía que ´los deudores solo contarán con facultades para recobrar (las letras de cambio) objeto de la operación de descuento cuando previamente liquiden su importe´. Doctrina seguida, entre otras, por las SSTS de 10 de febrero y 14 de marzo de 2006. La STS de 10 de diciembre de 2007 decía que la obligación de restitución de los efectos descontados ha sido perfilada por la jurisprudencia (SSTS 28 de junio de 2001, 24 de junio de 2002, 30 de abril de 2003, 2 de marzo y 25 de noviembre de 2004, 10 de febrero, 21 de septiembre y 5 de octubre de 2006, etc.) en el sentido de que en virtud del contrato de descuento el Banco descontante tiene la obligación de devolver al descontatario los títulos descontados, cuando no pudo hacer efectivo el crédito incorporado a los mismos, con la misma eficacia jurídica que tenían en el momento en que se cedieron, siempre que el descontatario haya efectuado el reingreso o se haya producido el reintegro, supuestos en los que sólo una mala práctica bancaria impide que se lleve a efecto la restitución (STS 5 de octubre de 2006).

Finalmente se señala que esto no es lo que ocurre en el caso de autos, pues el perjuicio de las letras se produjo cuando estaban legítimamente en poder de la entidad descontante, que estaba reclamando judicialmente su importe, sin que los descontatarios solicitaran la entrega de las cambiales, ni las abonaran, y cuando finalmente se realizó el pago, y la reclamación de los efectos, ya se había producido el perjuicio.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (D.O.U.E nº 133, de 22 de mayo de 2008).
A fin de que el consumidor pueda tomar una decisión con pleno conocimiento de causa, antes de la celebración del contrato debe recibir información adecuada, que pueda llevarse consigo para su examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre sus obligaciones. Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas puedan compararse, esta información debe incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Comunidad.

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da cumplimiento a lo previsto en el apartado 5 de la disposición transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en relación con las tablas de mortalidad, supervivencia, invalidez y morbilidad a utilizar por las entidades aseguradoras (B.O.E. nº. 106 de 2 de mayo de 2008)
Se considera adecuado impulsar la utilización de tablas de mortalidad modernas que reflejen la evolución de las variables demográficas experimentada en los últimos años de forma que se ajusten mejor al riego efectivamente cubierto por las entidades aseguradoras y con todo ello propiciar que se apliquen los principios de la tarificación tanto de suficiencia como de equidad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad en documento mercantil. Delito de falsedad documental.TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008.
Apreciándose delito continuado de falsedad, aún tomando en consideración el acto procesal más favorable posible al recurrente, la acción para persecución del delito no había prescrito, pues no había transcurrido el plazo de tres años. La cuestión de la inocuidad de la falsificación será de apreciar cuando el documento alterado no permita probar un hecho diverso del contenido en el documento original o cuando la alteración del hecho constatado no determine la constatación de un hecho diverso del que se quiere constatar a los efectos de la prueba que el documento debe satisfacer. Esta cuestión no depende del elemento subjetivo, pues no se trata de si el autor tuvo o no ´ánimo dañoso´ o de si pretendía causar perjuicio, sino de si la falta de veracidad altera o no la función probatoria del documento.

Mercantil

Responsabilidad del porteador al no haber adoptado las precisas prevenciones para que la entrega se realizara en el término señalado.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 13 de junio de 2008.
En el motivo primero del recurso se denuncia infracción del art. 350 del Código de Comercio, con arreglo al que el porteador y el cargador pueden exigirse mutuamente que se extienda una carta de porte en la que se expresará, entre otros extremos, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega de la mercadería o efectos transportados al consignatario, y en el caso no hubo pacto alguno; y asimismo infracción del art. 358 del mismo Cuerpo Legal, en el que se dispone que ´no habiendo plazo prefijado para la entrega de los efectos tendrá el porteador la obligación de conducirlos en las primeras expediciones de mercaderías´, y en el caso el transporte de la mercancía desde Barcelona a Madrid se hizo en la primera expedición que partió hacia Madrid ´como siempre se había realizado todos los lunes´.

La extinción del derecho principal conlleva el del derecho accesorio de fianza, sin que obste que la fianza tenga carácter solidario. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de junio de 2008
La exposición del motivo es muy deficiente técnicamente, tanto por ser asistemática y reiterativa en sus alegaciones, como por mezclar cuestiones procesales notoriamente diferentes y, por consiguiente, no susceptibles de denuncia conjunta, ya que la presentación o aportación de documentos hace referencia al trámite o procedimiento; la autenticidad o idoneidad del documento como medio de prueba no es necesariamente un tema de prueba documental; la veracidad del contenido es una problema de índole penal; y la eficacia probatoria de los documentos corresponde a la valoración de la prueba, cuya denuncia en casación se halla sujeta a determinados presupuestos (denuncia del error de derecho en la apreciación probatoria con indicación de la norma legal de valoración que se considera infringida).

Civil

La sentencia, no sólo por el objeto de la casación, sino también por lo que fue objeto litigioso en segunda instancia, no es recurrible en casación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 12 de junio de 2008
El objeto de la casación ha quedado limitado al pronunciamiento relativo a parte de la reconvención ejercitada, es decir, lo relativo a los daños y perjuicios, pues en lo que se refiere a la demanda principal lo acordado por la Audiencia ha devenido firme, al no impugnarse en esta sede casacional por ninguna de las partes en litigio.


Juicio ejecutivo. Proceso declarativo posterior sobre nulidad de embargo y adjudicación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 12 de junio de 2008
No puede considerarse que el procedimiento ejecutivo era inadecuado, pues el mismo se inició mediante un título de ejecución dinerario (póliza bancaria) con la finalidad de que el acreedor pudiera hacer efectivo su crédito por la vía privilegiada que la ley le concede, lo que no cabe confundir con la cuestión referida a la naturaleza de los bienes objeto de embargo y su pertenencia al deudor.

Laboral

Lo relevante no son tanto las irregularidades de los contratos sino que éstas generaron una indebida percepción de prestaciones de desempleo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de mayo de 2008
Art. 145 bis de la LPL.- reintegro de las prestaciones de desempleo instado por el servicio público de empleo estatal contra la empresa, por contratación temporal abusiva y fraudulenta.- no procede tal reintegro cuando el trabajador, aunque hubiese sido contratado correctamente, habría percibido también la prestación de desempleo.

La declaración pública de no contratación de trabajadores extranjeros constituye una discriminación directa en la contratación. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 10 de julio de 2008.
Procede recordar con carácter previo que el artículo 234 CE no faculta al Tribunal de Justicia para aplicar las normas comunitarias a un caso determinado, sino tan sólo para interpretar el Tratado y los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad Europea. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación judicial establecida por dicho artículo, puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional, a partir de los datos obrantes en los autos, los elementos de interpretación del Derecho comunitario que pudieran serle útiles para la apreciación de los efectos de una u otra disposición comunitaria.

Administrativo

Procedencia de indemnización por la alteración del planeamiento. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 22 de septiembre de 2008
La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona va a determinar la procedencia de indemnización por la alteración del mismo. La entidad recurrente adoptó iniciativas directamente encaminadas a la efectividad de sus previsiones, como fue la de promover el correspondiente Plan Especial de Reforma Interior, que efectivamente fue objeto de aprobación definitiva, así como la petición de licencia de demolición y, una vez otorgada ésta, la ejecución del derribo y el acondicionamiento de la parcela. Resulta procedente entonces que la recurrente sea indemnizada por el importe de los gastos inherentes a tales actuaciones, pues se trata de iniciativas que se llevaron a cabo para la efectiva realización del planeamiento vigente y que a la postre ha quedado privadas de virtualidad por la decisión de la Administración municipal de modificar ese planeamiento.

Cuestión de competencia negativa. Recurso contra la denegación presunta de pago de haberes. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 9 de mayo de 2008
La cuestión de competencia negativa entre un Juzgado Central de lo Contencioso administrativo y la Sala del mismo Orden Jurisdiccional del TSJ de Aragón, para conocer del recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta del pago de haberes derivado de la resolución tardía de un concurso, presentado ante el Servicio Aragonés de Salud y ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, es resuelta por el Tribunal Supremo señalando que la competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El motivo es que a la fecha de transferencia del servicio correspondiente no se había producido aún la resolución ´definitiva´ del expediente, ya que ni siquiera se había presentado la solicitud de reclamación de haberes, que es el criterio determinante, con independencia del periodo por el que se reclaman los retrasos.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...