edición: 2577 , Jueves, 18 octubre 2018
12/11/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

El despido por cierre del centro de trabajo

DATADIAR
La situación de crisis en la que se encuentra envuelta nuestra sociedad ha dotado de un protagonismo inusitado a las extinciones de los contratos de trabajo motivadas en causas económicas. Hay que tener en cuenta que nuestra legislación permite que aquellas empresas que se encuentran en una situación “inestable” puedan reducir su plantilla con un menor coste (abonando indemnizaciones inferiores). Se pretende así dotar a los empresarios de un instrumento que les permita ajustar sus plantillas a un mercado más desfavorable, con la idea de asegurar, de esta forma, la estabilidad de los puestos de trabajo restantes.

No obstante, la protección de los derechos de los trabajadores impone que “estos despidos por causas económicas” cumplan determinados requisitos, como puede ser la inmediata puesta a disposición del trabajador de la indemnización así como la acreditación de las causas que los motivan.

Estas garantías se incrementan cuando los despidos superan un determinado número de trabajadores, en relación con el total de los trabajadores de la empresa, pasando a considerarse entonces como “despidos colectivos”. En estos casos, se exige, además, una negociación previa con los representantes de los trabajadores y la intervención de la autoridad laboral, a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Pero a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores se preocupa de fijar los parámetros en función de los cuales se determina cuando un despido debe calificarse como “colectivo” y cuando no, lo cierto es que, en la práctica, se han planteado interrogantes, lo que ha provocado la intervención clarificadora de los tribunales.

Así, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2009, se ha cuestionado si el despido de todos los trabajadores de un centro de trabajo, debido al cierre del mismo, debe considerarse siempre como “despido colectivo” o tales extinciones pudieran ser encuadradas dentro de los despidos por causas económicas, sin más.

A priori, pudiera parecer “extraño”, no calificar como “colectivo” el despido de todos los empleados de un mismo centro de trabajo, pero el problema se plantea en relación con las empresas que tienen una pluralidad de centros de trabajo. ¿Qué criterio deberá utilizarse entonces para determinar el número total de trabajadores que componen la entidad empleadora?. ¿Deberá acudirse al total de trabajadores que forman parte de la empresa o únicamente a los que integran el centro de trabajo afectado?

A este respecto, el Tribunal Supremo sostiene que para determinar la dimensión colectiva de un despido deberán computarse los trabajadores que integran la totalidad de la “empresa” y no sólo los que prestan servicios en un concreto “centro de trabajo”, puesto que nuestra legislación se refiere “expresamente” a la empresa como unidad para el cómputo de los trabajadores afectados, configurándola como marco organizativo en el que ha de contabilizarse la plantilla.

No obstante, desde algunos ámbitos se ha cuestionado este criterio, afirmando que tal doctrina podría ser contraria al ordenamiento jurídico comunitario que utiliza como unidad de cómputo para los despidos colectivos la noción de “centro de trabajo”, constituyendo además un concepto de derecho comunitario, por lo que no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembros

Frente a esta tesis, el Tribunal Supremo, en dicha Sentencia de 18 de marzo de 2009, responde que el ordenamiento jurídico comunitario considera que la noción de centro de trabajo debe entenderse, "según las circunstancias”, como “la unidad a la que los trabajadores afectados por el despido están vinculados en el ejercicio de sus funciones". Estamos, afirma el alto tribunal, ante una noción de derecho comunitario cuya traducción en cada versión lingüística nacional incorpora nociones diferentes (“centro de trabajo” en sentido estricto, pero también la noción de “empresa” o de “unidad local”). Debemos, por tanto, admitir un tratamiento flexible de tal figura.

Añade además la sentencia, que nuestra normativa establece un régimen más favorable para los trabajadores, que el comunitario, no sólo con respecto a la unidad de referencia física para el cómputo de trabajadores afectados (la empresa y no el centro de trabajo), sino también exigiendo la justificación de la causa extintiva y la necesidad de previa autorización administrativa para proceder a tal despido.

No obstante, advierte también que aunque nuestra legislación cumple mejor la función de garantía y protección de los trabajadores, podría ser posible que en algún “hipotético supuesto” la normativa comunitaria pudiera resultar más favorable que la nacional.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (B.O.E. nº 259 de 27 de octubre de 2009)
El Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, creó el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros, con el objeto de aumentar la inversión pública en el ámbito local, mediante la financiación de obras de nueva planificación, ejecución inmediata y competencia propia de las entidades locales. Con esta medida, el Gobierno ha favorecido las inversiones destinadas a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo. Así, el Fondo se integra en uno de los ejes del Plan E, junto con medidas de apoyo a empresas y familias, medidas financieras y presupuestarias y de modernización de la economía.

El apoyo a la obra pública recogido en el Fondo Estatal de Inversión Local y en el Fondo Estatal para la Dinamización de la Economía y el Empleo, en el marco del llamado Plan E, más la dotación recogida en los Presupuestos del Estado ha supuesto una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009, proporcionando el primero de ellos la creación y mantenimiento de más de cuatrocientos mil empleos. Además, a estas medidas debe sumarse la apertura de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por importe de 3.000 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan afrontar los pagos pendientes con los proveedores y las empresas que han prestado servicios y realizado obras para nuestros municipios.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. El delito del art. 395 CP concurre en forma aparente con el delito de estafa cuando el documento privado falso es el elemento básico del engaño. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de julio de 2009
El primer motivo del recurso ha sido formalizado al amparo del art. 849.2º LECr. Sostiene el recurrente que el documento carece de dos páginas, que está, por lo tanto, incompleto y que no reúne los elementos esenciales del contrato. El motivo se completa con el tercero del recurso -apoyado por el Fiscal- en que se afirma la infracción por aplicación indebida del art. 395 CP por no concurrir en el caso los elementos del tipo del delito de falsedad. El motivo tercero es estimado. 1. El contrato de las actuaciones reúne todos los elementos del concepto de documento, puesto que en él se expresa la voluntad de los vendedores y de los compradores de celebrar un contrato de compraventa sobre los inmuebles que se enumeran en la cláusula I del mismo. Por lo tanto, las partes quedan respectivamente obligadas a vender y comprar, aunque no se haya determinado el precio, que no necesariamente debe ser expresado en el mismo documento. 2. Cuestión distinta es la planteada en el tercer motivo y apoyada por el Fiscal. En efecto, el delito del art. 395 CP concurre en forma aparente con el delito de estafa cuando el documento privado falso es el elemento básico del engaño. En tales casos es de aplicación el art. 8.3º CP.

Mercantil

Al estar la comisión perfectamente determinada en el contrato así como su revisión, no existe la causa de nulidad contractual alegada por el recurrente basada en la inexistencia o indeterminación de la causa.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de julio de 2009
Contratos mercantiles. Abanderamiento. Incumplimiento de los preceptos comunitario sobre competencia: cuestión nueva no planteada en la demanda. Nulidad por falta de determinación del precio: inexistencia.

Seguros colectivos o de grupo. Efectos de la solicitud de adhesión al seguro colectivo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de julio de 2009
Figurando la entidad bancaria como beneficiaria primaria del contrato de seguro, debe percibir como indemnización, siempre que estén comprendidas en el importe máximo de cobertura del seguro de amortización del préstamo hipotecario, que comprende en el caso examinado el capital y la suma máxima que se pueda deber por intereses, las cantidades pendientes por intereses no satisfechos en el procedimiento de ejecución hipotecaria sobre el bien inmueble propiedad del deudor, pues se ha visto perjudicada al no obtener la percepción de las expresadas cantidades. El hecho de que la cantidad que la entidad bancaria obtuvo en el procedimiento de ejecución hipotecaria sea superior a la suma asegurada no obsta a la existencia de un perjuicio padecido por la pérdida de los intereses todavía no percibidos, que es el perjuicio cubierto por el contrato de seguro, cuyo importe no excede de la suma asegurada. En efecto, la suma asegurada opera en caso de siniestro como importe máximo del perjuicio que debe ser cubierto con cargo al seguro, derivado de la imposibilidad de abonar, en todo o en parte, el capital del préstamo y los intereses devengados.
 
Civil

No es posible sostener que se ha producido un daño en la persona del menor, vinculado a la actuación del ginecólogo, que no haya podido ser explicado debidamente por este.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 20 de julio de 2009
La decisión de llevar a cabo la cesárea, dice la sentencia, " se efectuó sobre las 15 horas y la misma no se inició hasta las 16,45 horas por causas no imputables al citado Doctor; pues, hasta la toma de dicha decisión, de las pruebas practicadas se revela que el Doctor en cuestión actuó de conformidad con la diligencia exigible: examen de la paciente, estudio de gráficas, prescripción de tratamiento -postura de la paciente, administración de oxígeno-, práctica de ecografía, registro tococardiográfico...; y una vez decidida la cesárea (aproximadamente a las 15 horas), el sistema de "guardia de disponibilidad" del centro fue el causante de tal retraso en la práctica de la cesárea; no constando, como parece presumir la apelante, invirtiendo la carga de la prueba, que el citado Doctor tras dicha decisión abandonase el centro" , ni que formara parte de las decisiones sobre la gestión del centro médico. Además, no solo consta probado que es a las 15 horas cuando se decide la práctica de la cesárea, sino incluso que previamente a tal hora, a pesar de la evolución favorable que hasta entonces había mostrado la paciente, se había alertado a los componentes del equipo sobre la "posibilidad de practicar una cesárea con el fin de que estuvieran localizables si realmente llegaba a realizarse... y ello por indicación del Doctor Erasmo ", sin que pueda imputársele "que a partir de las 13 horas no previniese que la situación acabaría con la práctica de cesárea pues...la paciente, tras el tratamiento otorgado, manifestó mejoría a las 14:20 horas". La demora, en suma, no fue en la hora de decidir la cesárea sino en la de no haber podido efectuarse en el tiempo necesario para ello, no cabiendo argumentar que de ser urgente debió el médico haberla decidido antes, pues tomó la decisión cuando apreció que la misma era necesaria.

La negligencia en la gestión de los créditos produce el efecto del pago previsto en el Art. 1170.2 CC.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 21 de julio de 2009
Art. 1170.2 CCPerjuicio de letras de cambio que garantizan la obligación y en las que el acreedor resulta el tomador de las mismas. Se perjudican si no se han protestado ni se ha ejercitado la acción cambiaria, lo que produce los efectos del pago, según el art. 1170.2.CC. Cesión en garantía de las rentas de un arrendamiento. La cesión de las rentas "pro solvendo" se convierte en "pro soluto" por haber dejado el cesionario prescribir los créditos.

Laboral

Vulneración del derecho a la igualdad. La actora solicita se le permita acceder a las bolsas de contratación y realizar la prueba de selección en las condiciones de la convocatoria de la que fue excluida, así como el abono de una indemnización. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 24 de julio de 2009
Indemnización por lesión de la garantía de indemnidad como consecuencia de la exclusión de las listas o bolsas de contratación. Debe incluir los salarios correspondientes a los días en los que se contrató a los trabajadores que tenían en las listas una posición inferior.

Conflicto colectivo como consecuencia de las convocatorias abiertas de ingreso efectuadas por la empleadora sin previa convocatoria interna. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de julio de 2009.
Casacion. Impugnacion de convocatoria de renfe operadora. Se anula la sentencia de la audiencia nacional por incongruente. Se estiman en parte los recursos y se anula parcialmente la convocatoria.
 
Administrativo

Proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Reparto de costes.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2009
La recurrente expone, pero no razona adecuadamente, su discrepancia con la tesis de la Sala. No demuestra, que en este caso la dimensión impuesta a los diversos elementos de la red (en concreto, a la sección de los cables conductores) sobrepasara la imprescindible para cumplir la normativa vigente y que, por lo tanto, hubiera obligación para la distribuidora de sufragar el coste derivado del supuesto exceso de instalación. De modo singular la Administración deja de referirse a uno de los argumentos clave de la sentencia: tras afirmar el tribunal de instancia que la dimensión dada a la instalación tiene las condiciones reglamentarias y que con ella se pretende, además de garantizar el suministro regular y de calidad, conectar la nueva instalación en las debidas condiciones a la red preexistente (evitando de este modo "cuellos de botella") no excluye que ello beneficie igualmente a ulteriores usuarios, hipótesis que el Real Decreto 1955/2000 expresamente prevé y para la que contempla la figura de los convenios de resarcimiento.
 
Ejecución de sentencia que reconoce el derecho a indemnización por vinculación singular del planeamiento urbanístico.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 22 de junio de 2009
Si la sentencia dejó la cuantificación de la indemnización para la fase de ejecución, una vez promovido el incidente de ejecución el auto que lo resuelve debe fijar ya el importe indemnizatorio, decidiendo así la cuestión planteada. Y si el material probatorio aportado hasta ese momento no lo permite, la Sala de instancia habrá de recabar las aclaraciones o informes complementarios que estime necesarios, dejando entre tanto en suspenso la resolución del incidente; lo que no cabe es resolver éste de forma aparente y provisional, dejando pendiente la efectiva decisión de la cuestión planteada. Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de lo resuelto en sentencia, la decisión -más bien, la falta de ella- que albergan los autos recurridos resulta necesariamente insatisfactoria.

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