edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
08/04/2009
Observatorio de Economía

El deterioro de la calidad institucional y la competitividad

Círculo de Empresarios

La erosión padecida por la capacidad de la economía española de generar crecimiento sostenido tiene múltiples causas, entre las que pueden citarse, a modo de ejemplo, la insuficiente calidad de su sistema educativo, el escaso esfuerzo en innovación o el atraso en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Hay, sin embargo, una causa más profunda e importante que, paradójicamente, pasa más desapercibida. Se trata de la lenta pero progresiva merma de la calidad de las instituciones que configuran el marco en que se inscribe la actividad económica de nuestro país.

Al tiempo que España ha perdido competitividad, hemos asistido también a una degradación de su calidad institucional, según señalan los indicadores disponibles sobre la materia. Así, se han producido en nuestro país un empeoramiento del entorno regulatorio, una disminución de la libertad económica y un retroceso en términos de gobernabilidad. A pesar de la lentitud de ese proceso, lo cierto es que su efecto acumulado es muy notable. En 2008 la calidad institucional de España es menor que 10 años atrás, tanto en términos absolutos como, sobre todo, frente a otros países. En este caso, el peligro del carácter progresivo del deterioro radica en que la sociedad española no parece plenamente consciente de lo ocurrido ni de su alcance real. Es, por tanto, absolutamente necesario dar la voz de alarma, alertando de la gravedad del problema antes de que el daño sea difícilmente reversible.

Estamos ante una cuestión trascendental para España. Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Son las que marcan las diversas restricciones, formales e informales, que orientan las interacciones de todo tipo que se producen entre los componentes de la sociedad. Sin instituciones adecuadas, la convivencia, la cohesión y la paz social se ven amenazadas, frenando así el desarrollo de las personas y las sociedades. Además, y desde un punto de vista estrictamente económico, un marco institucional empobrecido resulta letal para la competitividad.

España necesita abordar reformas orientadas a la consolidación de una mayor calidad de su marco institucional. La línea que debe guiar esas reformas no es otra que la que marca el propio espíritu del Círculo: la promoción de la economía de mercado y de la libre empresa en un contexto de respeto de las libertades. Son, por otro lado, reformas que se aconsejan, no sólo para el caso particular de España, sino como receta genérica de desarrollo, por parte de los principales organismos internacionales -FMI, OCDE o Unión Europea-.

Son muchas las instituciones con un impacto importante sobre la evolución de la economía española. Tratarlas todas resulta imposible. De ahí que convenga centrar las propuestas en aquellas esferas donde las reformas resultan más urgentes y donde pueden ser más efectivas. En concreto, la defensa de la seguridad jurídica, valor defendido por nuestra Constitución y requisito imprescindible para la prosperidad, se presenta como un foco de atención prioritaria.

Dos son los ámbitos en que las mejoras institucionales habrán de revertir positivamente en mayores garantías de seguridad jurídica: los organismos reguladores y el sistema judicial. En la actualidad, ambas esferas están aquejadas de algunos males que les restan credibilidad y, por consiguiente, eficacia. Uno de los más preocupantes, sino el que más, es la creciente politización tanto de los entes reguladores como de los órganos judiciales. Cualquier paquete de reformas que se desee proponer debe hacer especial énfasis en aligerar ese pesado lastre político, dotando a reguladores y sistema judicial de la necesaria independencia frente al poder político.

En el caso de los reguladores, hay que exigir también total independencia frente a los agentes de los sectores regulados. Entre las fórmulas que pueden consolidar esta independencia, destacan las relativas a la elección de cargos en los organismos reguladores –por ejemplo, la renovación no simultánea sino secuencial de los miembros del consejo regulador, y con plazos desconectados del ciclo político- y a la suficiencia de recursos humanos, materiales y económicos. Asimismo, habrán de contribuir no sólo a la independencia, sino también al buen hacer de estos entes reguladores, la claridad del mandato y de las competencias otorgadas, la implantación de buenos mecanismos de rendición de cuentas y, por supuesto, la cualificación técnica y la valía profesional de las personas responsables. Estas últimas, cualidades que deberían constituirse en criterios fundamentales de los procesos de selección.

El actual sistema de regulación en España presenta un último y grave problema. Es un sistema descoordinado, con infinidad de agentes con capacidad de regular, cuyas normas, de un modo intencionado o no según los casos, se distancian de las de otros, socavando la unidad de mercado y la libertad económica, pues son habitualmente regulaciones de cariz intervencionista. Ante esta situación, se impone la necesidad de alguna forma de coordinación que garantice la unidad de mercado e impida una intervención reguladora excesiva y contraproducente.

Por lo que a la Administración de Justicia en España se refiere, los principales indicadores de su eficiencia –las tasas de resolución, pendencia y congestión del sistema- indican una mejoría a lo largo de la última década que aún es insuficiente. Es necesario aumentar la eficiencia del sistema judicial para de ese modo reducir la incertidumbre acerca de cuándo se obtendrá la resolución e incrementar la seguridad jurídica, con los consiguientes efectos positivos para la actividad económica.

El esfuerzo debe ampliarse a la mejora de la calidad de las resoluciones, pues en años recientes se observa un aumento de la relación autos/sentencias, un dato negativo ya que los autos constituyen resoluciones de menor calidad por cuanto no resuelven el fondo de la cuestión como sí lo hacen las sentencias. Es más, la calidad de las resoluciones también se resiente por el alto porcentaje de revocaciones y anulaciones, que resta credibilidad al sistema, eleva la carga de trabajo en los tribunales y provoca mayor congestión de los mismos. Si a todo esto sumamos que la ejecución de las resoluciones no es todo lo buena que debería ser, ha de concluirse que el sistema judicial español efectivamente precisa de reformas que den mayor fortaleza real al principio de la seguridad jurídica.

Los tres principios básicos que el Círculo formulaba en 2003 como base para una reforma del sistema judicial siguen estando plenamente vigentes hoy. En primer lugar, la seguridad jurídica en términos de una “razonable predictibilidad” de las sentencias. En segundo, la justicia entendida como poder del Estado y, por ello, como servicio público del que los contribuyentes pueden esperar y deben exigir eficiencia. En último lugar, pero no por ello menos importante, la independencia judicial como un derecho de los ciudadanos, a quienes se asegure la neutralidad y la objetividad de las decisiones judiciales, sin interferencias ni abusos de otros poderes.

Las propuestas planteadas en torno al sistema judicial se pueden agrupar bajo cuatro grandes epígrafes. En el primero, las referidas a la necesaria aplicación de técnicas de gestión, tanto en el ámbito de las tecnologías, como en la gestión de personal, sabiendo que el mero incremento de recursos financieros no solventará los problemas actuales. Bajo el segundo epígrafe, las medidas para potenciar el uso de mecanismos no judiciales para resolver conflictos. No se trata de que determinadas cuestiones no deban judicializarse, sino de que, en los conflictos en los que proceda, hay que fomentar el uso de vías extra-judiciales, como el arbitraje y la terminación convencional de los procedimientos administrativos.

El tercer epígrafe engloba las reformas referidas a la selección y formación de los jueces. El actual modelo de reclutamiento de jueces resulta óptimo en el sentido de que es necesario llevar a cabo el proceso bajo criterios objetivos como los de la oposición. Sin embargo, es preciso modificar los requisitos y pruebas de los actuales exámenes para asegurar que la selección no se limita a quienes mejor memoricen un extenso temario. Además, hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar la formación posterior, tanto la que se recibe en la Escuela Judicial como la que se obtiene en el ejercicio de la judicatura. Y por último, en el cuarto grupo de reformas, la modificación de los nombramientos y la organización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) para garantizar la independencia y la no politización de estas dos instituciones clave. En cuanto al CGPJ habría que dar más importancia a la opinión de los jueces y pensar en elegir un mayor número de vocales a través de ternas presentadas por las Asociaciones Judiciales y votadas por los propios jueces, frente a los elegidos por el Congreso de los Diputados. Por lo que respecta a la elección de magistrados para el TC convendría seleccionar a personas de larga trayectoria y experiencia, cuya independencia se garantizara con mandatos largos que finalizaran al hacerlo la vida activa del magistrado, que disfrutaría entonces de la adecuada pensión de jubilación.

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