edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
01/06/2017
El supervisor advierte al Ejecutivo

El deterioro del sistema de pensiones convierte en obligados los planes privados

Las futuras pensiones sólo serán sostenibles con el concurso complementario de sistemas mixtos de ahorro privado
Juan José González
Alarma en el Banco de España al identificar que la clase política navega en la inopia. Parece ser que sus técnicos han descubierto que en ningún departamento ministerial de los teórica y directamente delegados (Trabajo y Seguridad Social, Hacienda y Economía) dicen desconocer qué nivel de ingresos medios pretenden proponer, fijar o decidir para los futuros jubilados, lo cual abriría la puerta para considerar las fuentes de ingresos necesarias para cubrir el objetivo. Al parecer, y según opinión de un técnico del supervisor, las reformas introducidas en estos tres últimos años han servido para algo bueno y algo malo: bueno en tanto que cualquier hipótesis sobre niveles de pensiones medias futuras arroja caídas, recortes y reducciones de las pensiones; malo porque el retraso en afrontar la reforma del sistema público de pensiones y su financiación están provocando, como solución última, el impulso de los planes privados de pensiones, eso sí, bajo el secretismo de un nuevo tratamiento fiscal.
Las reformas de los tres últimos años vienen a frenar (contener) el creciente gasto en pensiones. Sin embargo, siguen sin estar definidas o nada claras las relaciones que se desean tengan en el futuro los salarios y las pensiones, además, por supuesto, de la ausencia de solución técnica eficaz que garantice en el futuro los ingresos del sistema sin tener que estar obligado cada año a dotar 12.000 millones de euros en los Presupuestos sólo para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y se puedan realizar los pagos de las pensiones. Así las cosas, el problema que insiste el Banco de España en poner sobre la mesa no es otro que resolver de una vez qué reformas desean los políticos para garantizar la suficiencia del dinero para atender en el futuro a las pensiones.

Hasta el momento se sabe que los trabajos discontinuos del Pacto de Toledo no consiguen avances sustanciales. Del grupo de expertos sigue sin salir una solución, si bien, destacan algunas propuestas a título individual que parecen haber sentado bien a buena parte de los miembros del Pacto. La solución sobre la que ya están trabajando los técnicos es una especie de reequilibrio de pesos y contrapesos: mientras que por un lado se bajarían las cotizaciones sociales, por otro se aumentarían, a modo de compensación, el IVA. Y no uno o dos puntos, sino que, para que pudieran salir las cuentas, el aumento del impuesto sería del orden 5% al 8%. Esta solución estaría completada con una elevación selectiva de las edades de jubilación.

Y con todo, no sería suficiente para sostener en las próximas décadas un nivel razonable de pensiones medias, que en cualquier caso, sería siempre inferior a las pensiones medias actuales. Por tanto, la tan estrecha y ajustada solución que aportan los expertos a la sostenibilidad futura de las pensiones, debería, obligatoriamente, ser complementada con otros mecanismos financieros de ahorro. Aquí figuran diversos productos, algunos muy conocidos (planes y fondos) y otros más novedosos, estructurados y compuestos. Obviamente, nada llegará a buen puerto sin el concurso y colaboración de los apoyos fiscales (desgravaciones o deducciones) que este tipo de medidas suelen (solían) conllevar.

La alarma del Banco de España, justificada en la medida en que es el Ejecutivo el encargado de llevar la iniciativa en este asunto, y el más indicado para ofrecer soluciones y decidir -a ser posible con el máximo consenso político- finalmente los cambios necesarios que necesita la financiación del sistema público de pensiones. La actual fórmula al respecto se ha demostrado insuficiente y obsoleta. En este sentido cabe preguntarse si no sería conveniente el estudio de algunas de las fórmulas aplicadas en países próximos o similares a España.

Abundando en la alarma del supervisor, habría que cuestionar el sentido de la demora en la reforma del sistema público de pensiones, habida cuenta de que cualquier cambio en el mismo contaría hoy con el viento a favor del ciclo de expansión en el que parece encontrarse la economía española. Así como la colaboración `desinteresada´ de unos tipos de interés bajos, y bajo también el precio del petróleo. Quizá el único efecto positivo de la demora de las autoridades políticas resida en la constatación de un hecho real: la necesidad de mecanismos mixtos para que el ahorro privado cumpla una función complementaria a la pensión pública, en la medida en que ésta última será menor con el paso de los años. En este sentido, el Gobierno ya estaría tardando en proponer una reforma que estimule el ahorro privado cuya filosofía debería estar alejada del tratamiento fiscal que, por ejemplo, reciben los jubilados llegado el momento del rescate de sus ahorros. La excesiva exigencia fiscal en los rescates, en el doloroso paso por `ventanilla´, no son precisamente un estímulo al ahorro, sino todo lo contrario.

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