edición: 2411 , Miércoles, 21 febrero 2018
27/07/2012

El Diario Oficial de la UE publica el Reglamento que cambiará las Sucesiones en más de un Estado miembro

Javier Ardalán
Este viernes se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea las nuevas normas de la Unión Europea que aliviarán los quebraderos de cabeza jurídicos que se producen cuando fallece un familiar que posee bienes en otro Estado miembro de la UE.

La importancia del Reglamento reside en la uniformidad que impondrá sobre el documento notarial del testamento.  La publicación del Reglamento significa que dichas normas pasarán a formar parte del Derecho de la UE, lo que facilitará a los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento o la sucesión internacional. Los Estados miembros disponen de un plazo de tres años para adaptar sus legislaciones a fin de lograr una aplicación efectiva de las nuevas normas de la UE.

Cada año hay alrededor de 4,5 millones de sucesiones en la UE, de las cuales alrededor de un 10 % tiene una dimensión internacional. Se calcula que el valor de estas sucesiones asciende a unos 123 000 millones EUR al año. No obstante, no se verá afectado el derecho sucesorio material interno de los países firmantes y en el caso de España, deberá de delimitarse asimismo si se aplicará el derecho común del Código Civil o, en su caso, cualquiera de los varios derechos forales de las Comunidades Autónomas, con las importantes divergencias que presenta algunas de dichas regulaciones.

La normativa propuesta introducirá dos nuevos principios en la gestión de las sucesiones internacionales. De una parte, el principio general será que si alguien muere en un Estado miembro que no es su país de origen se aplicará la ley de aquel en el que hubiera tenido su último lugar de residencia habitual. No obstante, la persona que redacta el testamento también tendrá la opción de que su voluntad se rija por la ley de su país de origen.

Esta unificación ha de ser entendida en un doble sentido, pues por una parte se trata de establecer puntos de conexión comunes a los distintos Estados de la Unión Europea, con la finalidad de evitar las distorsiones que en el presente se producen, en función de que la ley aplicable sea una u otra dependiendo únicamente del Estado en el que se aborde la cuestión sucesoria, y, por otra parte, se pretende que sea una sola la ley que rija todos los aspectos de una sucesión hereditaria, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integren y el lugar en el que estos se encuentren.

Con este objetivo el reglamento se confiere carácter universal, siendo, por tanto, aplicable también en el caso en que la ley designada por dicho instrumento fuere la ley de un Estado no miembro; reconoce la libertad de elección del testador para poder designar como ley que rija la totalidad de su sucesión de ley del Estado cuya nacionalidad posea y, de manera subsidiaria, opta por la ley del Estado de la última residencia habitual del causante como ley de la sucesión.

La nueva normativa simplifica considerablemente la tramitación de las sucesiones al fijar un criterio único para determinar tanto la jurisdicción como la ley aplicable en los asuntos transfronterizos: el lugar de residencia habitual del fallecido. Los ciudadanos podrán asimismo planificar por anticipado su sucesión con plena seguridad jurídica.

En España por ejemplo, la legislación aplicable a la herencia depende de la nacionalidad del causante. No se prevén excepciones con relación a los bienes inmuebles sitos en el extranjero ya que rige el principio de unidad de la sucesión. Si el causante poseía varias nacionalidades, la legislación aplicable es la del país donde se abre la sucesión o, en su defecto, la ley de la nacionalidad efectiva, es decir, la ley del país con la que el causante tenía lazos más estrechos. Por consiguiente, no se admite la elección de la ley aplicable.

En el caso alemán, el derecho aplicable está determinado en principio por la nacionalidad del causante. Si el causante es un ciudadano extranjero, debe verificarse cuál sería el derecho aplicado en su parís de origen; este derecho se aplicaría entonces en Alemania. No obstante, la transmisión hereditaria de bienes inmuebles situados en otro país puede estar sujeta, en su caso, a la legislación de este Estado.

Cualquier ciudadano extranjero puede elegir el derecho alemán como legislación aplicable a los bienes inmuebles sitos en Alemania. Sin embargo, ello daría lugar a una «escisión de la sucesión» si el resto de la masa hereditaria (propiedad inmobiliaria en el extranjero, bienes muebles) está sujeta a otro sistema jurídico.

La ley aplicable en Chipre depende del lugar de residencia del causante. La ley aplicable a la sucesión hereditaria es la ley del país donde el causante tuviera, en el momento de su fallecimiento, su lugar de residencia con arreglo al ‘Common Law’. Es importante no confundir esta idea con el concepto de domicilio, con el significado que se da al mismo en los ordenamientos jurídicos de la Europa continental, ni con el concepto de «nacionalidad». Según el ‘Common Law’, la residencia real de una persona es menos importante; el criterio decisivo es la sujeción a un determinado ordenamiento jurídico. Así, según el significado dado por el ‘Common Law’, el domicilio no se adquiere (todavía) tras sólo unos años de residencia en Chipre.

La ley chipriota no admite excepciones a este principio, y no se puede elegir la ley aplicable a la propia sucesión hereditaria. La ley chipriota también se aplica a los bienes muebles radicados en Chipre, independientemente del lugar de residencia del causante. Se contempla una excepción, relativa a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están sujetos a la ley del país en que están radicados.

La normativa también prevé un certificado sucesorio europeo que permitirá demostrar que las personas son herederos o administradores de una sucesión, sin más formalidades, en toda la UE. Esto supondrá una mejora notable respecto de la situación actual, en la que en algunas ocasiones los ciudadanos tienen grandes dificultades para ejercer sus derechos. El resultado será unos procedimientos más rápidos y baratos, y el ahorro de tiempo y dinero en honorarios judiciales.

No obstante, no todo son buenas noticias sobre la materia, ya que los aspectos fiscales han quedado fuera del alcance del Reglamento, a pesar de que los ciudadanos de la UE que hasta ahora heredaban propiedades en el extranjero suelen tener que tributar en más de un Estado miembro. Incluso, en casos extremos, se puede pagar en concepto de impuestos el valor total de un activo heredado transfronterizo porque varios Estados pueden ejercer su potestad tributaria sobre la misma herencia. Además, la normativa no se aplicará en Reino Unido, Irlanda ni Dinamarca, países que han decidido quedar excluidos.

En el capítulo fiscal existen dos problemas principales en relación con la imposición de las sucesiones transfronterizas en la UE. El primero es la imposición doble o múltiple, en caso de que más de un Estado miembro reclame el derecho a gravar una misma herencia. La divergencia de las normas nacionales, la escasez de acuerdos bilaterales en materia de impuestos sobre sucesiones y la inadecuación de las disposiciones nacionales de supresión de la doble imposición pueden tener como resultado el doble o múltiple gravamen de una misma herencia en detrimento del ciudadano.

 Los Estados miembros son libres de aplicar sus normas nacionales sobre sucesiones como crean oportuno siempre que se ajusten a las normas de la UE en materia de no discriminación y libre circulación.

La Comisión Europea ha propuesto que ninguna armonización de las normas relativas al impuesto sobre sucesiones de los Estados miembros. En su lugar, recomienda una aplicación más amplia y flexible de las disposiciones nacionales en materia de supresión de la doble imposición, de manera que faciliten una solución práctica, ágil y rentable a las considerables cargas fiscales que soportan muchos ciudadanos.

La Recomendación sugiere la manera en que los Estados miembros podrían mejorar las disposiciones nacionales vigentes para velar por que la supresión de la doble imposición sea la adecuada y formula soluciones en los casos en que son varios los Estados miembros que tienen potestad tributaria. La Comisión insta a los Estados miembros a que incorporen las soluciones apropiadas a su Derecho nacional o sus prácticas administrativas.

El segundo problema que pueden encontrar los ciudadanos en materia de impuestos sobre sucesiones es la discriminación. Algunos Estados miembros aplican un tipo más elevado si los activos, la persona fallecida y/o el legatario se encuentran fuera de su territorio.

El Derecho de la UE es claro a este respecto: los Estados miembros están obligados a respetar los principios básicos de no discriminación y libre circulación establecidos en los Tratados y basados en la jurisprudencia.

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