edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
12/12/2017
LA OREJA DE LARRAZ

El ‘dieselgate’ le cuesta a los Estados independencia supervisora sobre los fabricantes de automóviles

Xavier Gil Pecharromán
El conocido como ‘Dieselgate’, el trucaje de las emisiones de los automóviles en las fábricas, ha dejado claro que el  sistema de regulación y de vigilancia del mercado tiene múltiples deficiencias.
Por ello, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión  han alcanzado un acuerdo para reformar totalmente el marco de la homologación, lo que supone un cambio en las normas para certificar que un vehículo cumple todos los requisitos para poder ser comercializado y para un control riguroso del cumplimiento actual de la legislación de la UE por parte de los fabricantes.

La Comisión ya estaba revisando el marco de la homologación de tipo de la UE para los vehículos de motor antes de que se conocieran las prácticas de Volkswagen en septiembre de 2015. En ese momento llegó a la conclusión de que era necesario llevar a cabo una reforma más amplia para evitar que se repitan casos de incumplimiento de la normativa como este, lo que propuso el 27 de enero de 2016.

En el futuro, la Comisión realizará controles del mercado independientemente de los Estados miembros y tendrá la posibilidad de iniciar recuperaciones a escala de la UE. Asimismo, tendrá competencias para impugnar la designación de servicios técnicos y para imponer sanciones administrativas a los fabricantes o los servicios técnicos de hasta 30.000 euros por cada vehículo no conforme.

Según las normas actualmente en vigor, si bien es la UE la que establece el marco jurídico, las autoridades nacionales son plenamente responsables del control de la conformidad de los fabricantes de automóviles. Una vez que un vehículo se certifica en un Estado miembro, puede circular libremente por toda la UE.

Solamente la autoridad nacional que realizó la homologación de tipo de un vehículo puede tomar medidas correctoras, tales como ordenar una recuperación e imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

La Comisión liderará un nuevo foro sobre la aplicación de la normativa a fin de garantizar una interpretación más uniforme de la legislación pertinente de la UE, una transparencia completa en relación con los casos de incumplimiento y unas actividades de vigilancia del mercado por parte de los Estados miembros mejores y más coordinados.

El nuevo Reglamento mantiene la actual prohibición de los dispositivos de desactivación, que las autoridades nacionales tienen la obligación permanente de vigilar y cuya utilización deben impedir, pero va un poco más allá. En el futuro, los fabricantes de automóviles tendrán que proporcionar acceso a los protocolos de software de los vehículos.

Esta medida es paralela al paquete de emisiones en condiciones reales de conducción, que hará mucho más difícil eludir los requisitos relativos a las emisiones y que incluye la obligación de que los fabricantes revelen sus estrategias de reducción de emisiones, como ya es el caso en los EE. UU.

El Reglamento de homologación de tipo complementa una serie de otras importantes iniciativas de la Comisión en relación con una movilidad limpia, lo que incluye unos nuevos y mejorados ensayos de emisiones de automóviles, que se convirtieron en obligatorios el 1 de septiembre de 2017, y propuestas de nuevos objetivos de emisiones de CO2 para contribuir a acelerar la transición hacia los vehículos de emisiones bajas y nulas.

Se auditarán de manera periódica e independiente los servicios técnicos, sobre la base de estrictos criterios de rendimiento, a fin de obtener y mantener su designación por un Estado miembro para someter a ensayo e inspeccionar los nuevos modelos de vehículos. La Comisión y otros Estados miembros podrán impugnar una designación cuando exista alguna deficiencia.

Las autoridades nacionales de homologación de tipo estarán sometidas a auditorías de la Comisión a fin de asegurar que las normas correspondientes se apliquen y se hagan valer de manera rigurosa en toda la UE.

No se ha mantenido la propuesta de la Comisión de modificar el sistema de remuneración para evitar que el fabricante pague directamente a los servicios técnicos.

Si bien las normas actuales de homologación de tipo se ocupan principalmente de los controles previos de prototipos procedentes de la cadena de producción, en el futuro los Estados miembros deberán llevar a cabo controles aleatorios periódicos de vehículos que ya se encuentren en el mercado y los resultados se pondrán a disposición del público.

Todos los Estados miembros podrán ahora tomar inmediatamente medidas de salvaguardia en su territorio contra los vehículos no conformes, sin necesidad de esperar a que actúe la autoridad que haya concedido la homologación de tipo, como todavía sucede en la actualidad.

La Comisión ha apoyado el trabajo de los Estados miembros mediante el desarrollo de una metodología común de ensayo para detectar los dispositivos de desactivación que alteran los resultados de los ensayos en laboratorio y para garantizar la coherencia de los resultados de las investigaciones nacionales.

Asimismo, ha publicado orientaciones para ayudar a las autoridades de los Estados miembros a evaluar si un fabricante de automóviles está utilizando dispositivos de desactivación u otras estrategias que conducen a un aumento de las emisiones del vehículo fuera del ciclo de ensayo y a analizar si están justificadas desde el punto de vista técnico.

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