edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
21/05/2012
Problemas a la vista para la eléctrica Edesur (Enel y Petrobras)

El dólar en el mercado informal argentino cotiza a 5,65 pesos, un 25% más que en el oficial

Mientras la presidenta intenta vender espejos en Luanda, Argentina se acerca a una crisis de pagos
El Gobierno negocia una salida para YPF con Exxon, Total y Chevron, que imponen condiciones leoninas, entre otras someter los contratos que se firmen a terceros países, como Estados Unidos
Cristina Fernández, presidenta de Argentina
Carlos Schwartz

El modelo económico `K´ parece haber entrado en la recta final de su carrera contra la realidad. Mientras la presidenta Cristina Fernández encabezaba una misión comercial de Argentina en Angola con el objetivo de encontrar a la desesperada un mercado externo sustitutivo frente a la caída de las exportaciones a Brasil y una fuente para el aprovisionamiento de divisas, la cotización del dólar en el mercado informal rompía la barrera de los 5,60 pesos. El Ministerio de Economía la semana pasada extremaba el cerrojo sobre la venta de divisas en el mercado oficial congelando virtualmente el suministro de dólares a los ahorradores cuya desconfianza en el tipo de cambio del peso hace caso omiso de las afirmaciones oficiales. La presidenta antes de viajar a Luanda la semana pasada negó que se estudiara el establecimiento de varios mercados para el dólar. Sin embargo, la posibilidad de hacer una devaluación de facto creando mercados diferenciados para el dólar se ha documentado detalladamente en Economía a instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, detalló el año pasado un sistema de tipos de cambio múltiple para el dólar en un documento académico.

El mercado oficial de cambios está cerrado incluso para los turistas con billetes adquiridos en firme. No sólo por disposición oficial, sino además porque ninguna casa de cambios o banco está dispuesto a vender dólares al cambio oficial a la espera de una devaluación. La presión sobre la moneda tiene por detrás el espectro de una inflación de dos dígitos sistemáticamente negada por el Gobierno que desde 2006 ha modificado los parámetros de cómputo del índice de precios al consumo controlando el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC).

El control espurio del índice tiene como objetivo central reducir el pago del cupón de la deuda pública atada al índice. Esta es una deuda con la que se sustituyó parcialmente a la que fue declarada impagada durante la crisis de 2001. Las otras emisiones sustitutivas están atadas al producto interior bruto, y está denominada también en divisas diversas, entre ellas el dólar y el euro. Como el Gobierno reduce la inflación real, el PIB no se deflacta adecuadamente y siempre da por encima de su valor real. El efecto combinado de esta política es que lo que se ahorra en los bonos atados al IPC lo paga con creces en los bonos atados al PIB. En 2012 la estimación del servicio de la deuda externa de Argentina por el ajuste de los bonos al IPC y al PIB correspondiente al 2011es de unos 15.000 millones de dólares. A esta cifra hay que añadir una factura energética para el año del orden de los 12.000 millones de dólares entre gas y combustibles líquidos que gravitará sobre las cuentas públicas.

El viernes, el INDEC anunció que el ritmo anual del crecimiento del PIB era del 4%. Los analistas privados consideran que el crecimiento a duras penas llegará al 3%. Al Gobierno le vendría de perillas una recesión con deflación para aliviar los pagos sobre la deuda, pero eso haría estallar al país. Aunque también es probable que lo haga estallar antes el efecto combinado de una devaluación y un incremento de las tarifas sin precedentes. El Gobierno intenta sortear esta salida con lo que denomina “gradualismo” es decir la vía de ajustes leves. Pero al panorama se le ha sumado ahora una virtual suspensión de pagos del sector de la generación eléctrica.

La distribuidora de electricidad Edesur anunció pérdidas por 140 millones de pesos en el primer trimestre de este año, un incremento del 278% sobre las pérdidas del primer trimestre de 2011. El sector reclama del Gobierno un ajuste de los subsidios o una actualización de las tarifas. La generación eléctrica en manos privadas tiene presencia multinacional. En Edesur están Enel y Petrobras, pero esta última intenta una salida del capital. Un desembarco del Estado en el capital haría las cosas aun más difíciles para el Gobierno. Lo que parece indicar que no le quedará otra salida que incrementar las tarifas. La caída en volumen de las exportaciones y los precios a la baja en productos tradiconales de la exportación han reducido los ingresos netos del país. El Gobierno ha cerrado el grifo de las importaciones e intenta alentar las exportaciones. Entre otras cosas obliga a las empresas del sector de la energía y minería a repatriar el 100% de sus ventas en plazos perentorios.

Pero las cuentas no le cierran aun así. Por otro lado, la fuerte depreciación del real brasileño, moneda que si se mueve de forma libre y que ha caído un 30% frente al dólar en el primer trimestre de este año ha reducido fuertemente las exportaciones argentinas. La semana pasada el ministro de planificación y el secretario de comercio interior intentaron negociar con Brasil una reducción de la brecha comercial con el país. El saldo comercial se ha hecho favorable al vecino. El Gobierno viene sofrenando la crisis de pagos usando la caja de la seguridad social (Anses) y del Banco Central. Para poder disponer de los recursos de este último reformó recientemente su carta orgánica. Pero el saqueo de la seguridad social y del Banco Central no alcanza a parar la bola de nieve que se ha formado.

Si la hipótesis de una recesión se confirma se registrará una caída en picado de la recaudación fiscal y el país entrará en una nueva crisis de pagos. De momento hay indicios de que este puede ser el escenario. Algunos analistas apuntan al cierre de empresas en el sector industrial, la suspensión de las horas extraordinarias, la no renovación de los contratos temporales, el incremento de los despidos como indicadores prematuros de la recesión. Mientras, el clima social comienza a encenderse por el bloqueo a los incrementos salariales. Se ha abierto un cisma entre los dirigentes sindicales y el Gobierno. Si se agudiza la crisis económica, la crisis política se va agudizar en paralelo. En este contexto la nacionalización de las acciones de Repsol en YPF pone de manifiesto su objetivo espurio. Dar paso a una nueva privatización de la empresa a expensas del capital español. El Gobierno negocia una salida con Exxon, Total y Chevron, quienes por su parte aspiran a imponer condiciones leoninas al Gobierno argentino. Entre otras someter la jurisdicción de los contratos que se firman a terceros países como Estados Unidos. Un supuesto acto de soberanía contra Repsol acabará en la entrega del pastel a las grandes multinacionales del sector.

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