edición: 2310 , Lunes, 25 septiembre 2017
26/04/2017
EL DEDO DE MADOZ

El entrelazamiento público privado de la corrupción lleva la descomposición a niveles sin precedentes

La sociedad, los accionistas y los reguladores deberían reaccionar frente a los costes sociales y económicos
Carlos Schwartz
La reacción en cadena de las acciones judiciales que se suceden de forma sostenida desde la detención el pasado miércoles de Ignacio González el ex presidente de la Comunidad de Madrid y una interminable lista de implicados, entre ellos el empresario Javier López Madrid yerno del fundador y accionista del grupo constructor OHL Juan Miguel Villar Mir, y un sinnúmero de empresas del Grupo VM como Fertiberia, ha detonado un proceso que parece fuera de control. Esta semana el Ayuntamiento de Barcelona tocó otro botón al concluir su investigación sobre la manipulación de las cifras de los servicios de limpieza en la ciudad por parte de la empresa contratada: FCC. La manipulación de las cifras estaba destinada a evitar que la empresa saltara un escalón de volúmenes en el contrato que implicaba una reducción de la tarifa de recogida de basuras. Esta política dio como resultado un sobrecoste para el ayuntamiento de la ciudad condal de 1,3 millones de euros.  El mismo día el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordaba el ingreso en prisión incondicional sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del político Jordi Pujol. Lo acusa de innumerables presuntos delitos a partir de que apartó 30 millones de euros cuando ya estaba en proceso de investigación judicial por el cobro de comisiones ilegales.
En la causa de Jordi Pujol se encuentra procesado e investigado el ex presidente y ex principal accionista de la empresa no cotizada Isolux Corsan, Luis Delso Heras. A raíz de sus investigaciones el juez de la Mata ha decidido abrir una pieza separada por el pago de comisiones urbi et orbi por parte de Isolux Corsan como política de “apertura de mercados” por si estos hechos fueran constitutivos de “delito de corrupción en las transacciones internacionales”.

Son centro de esa investigación separada las operaciones en Chile, El Salvador e India. Isolux ya ha tenido serios problemas con la justicia chilena por las obras en una universidad en Santiago de Chile y los hechos son que perdió en ese país cuatro de los siete contratos que obtuvo al descubrirse que fueron el resultado de pagos ilegales. Los competidores de la empresa señalaban en 2015 el imparable crecimiento de la actividad de Isolux en la India. Un ejecutivo de una empresa competidora señala al respecto que “los ejecutivos de Isolux habían perdido todo recato. Como crecían por encima de sus previsiones se dedicaban a robar empleados a la competencia de forma descarada”.

En julio de 2015 en Brasil la empresa abandonó precipitadamente las obras del Metro de Sao Paulo cuando el Gobernador electo Geraldo Alkmin le hizo frente por los retrasos en las obras y ante las sospechas de que el contrato firmado con la administración anterior podía no ser todo lo legal que se suponía. Ante la imposibilidad de acabar las obras de una autopista de peaje en el Estado de Minas Gerais la empresa solicitó la resolución amistosa de su contrato. Eran los momentos finales de una carrera ascendente pintada como espectacular por algunos observadores poco neutrales. Por entonces la empresa se debatía en busca de liquidez y los fondos de inversión se dedicaban a recolectar información adversa para denegarle el dinero que los bancos acreedores siguieron brindando de forma cada vez más reticente hasta hace escasas semanas obligando a la empresa a presentarse a concurso de acreedores voluntario.

Pero cebarse con Isolux Corsan sería injusto en la medida que por los pasillos de la Gurtel, Lezo, Púnica, y otros procedimientos judiciales abiertos son muchas las empresas que han pasado. Entre las grandes constructoras no ha faltado la presencia de ACS. Otras fuentes señalan como hecho que las empresas españolas han hecho del pago de comisiones ilegales en el exterior una práctica  generalizada. La corrupción política no es neutral desde el punto de vista económico. Implica un saqueo a los contribuyentes que sostienen el aparato del estado en beneficio de los partidos políticos que controlan la administración del estado y a las locales y autonómicas. El Partido Popular se ha llevado la palma por su desempeño en este artero arte. Y el enriquecimiento ilegítimo de varios de sus dirigentes excede todo pronóstico.

Pero la gestión de las empresas implicadas inflige pérdidas a los accionistas al detraer recursos de la empresa, distorsionar los precios del mercado y afectar a la libre competencia y a los consumidores. Es sumamente llamativo que un asunto de esta entidad no haya sido objeto de reflexión ni de acción por parte de los reguladores como es el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Simplemente miran para otro lado. También llama la atención que los accionistas de las empresas y los fondos de inversión que tienen ingentes recursos invertidos en las empresas del IBEX 35 no hayan hecho la más mínima señal respecto de esta disolución de la ética empresarial que es parte de la descomposición que el entramado público privado de la corrupción refleja.
Vale la pena recordar la hasta no hace mucho estrecha relación de Javier López Madrid con la pareja real de un lado y el hecho que Juan Miguel Villar Mir haya sido designado marqués de Villar Mir en 2011. Es decir no se trata solo de la corrupción de los políticos del Partido Popular, o del partido de turno.

Esta descomposición esta inmersa en una cultura empresarial cuya esencia es el saqueo. Tampoco ha quedado fuera de esta disolución la Casa Real como lo ha puesto de manifiesto el caso Nóos y el juicio de Palma de Mallorca. Sin contar con la rumorología sobre las finanzas del rey emérito que circularon en la década de 1990 a raíz del caso Javier de la Rosa y KIO.

En 1997, en medio de la inmensa crisis por la que atravesaba la familia real británica poco antes de la muerte en accidente de lady Diana, princesa de Gales, mientras los nobles corrían por los pasillos palaciegos en dispendio y disolución de sus costumbres el conservador medio The Economist publicó un editorial aleccionador que reflejaba la opinión de la Confederación Británica de la Industria. En esencia el artículo venía a señalar que una monarquía es un decorado caro de mantener que sobrevivía en el Reino Unido en base a su tradición. Pero que a la vista de su creciente ineficiencia había que replantearse sus costes porque existen formas de representación política más baratas.

El Partido Popular está poniendo en riesgo los fundamentos del estado con su política de corrupción desaprensiva ante la cual se muestra incapaz de efectuar la limpieza que requiere la sociedad. Las cooperadoras necesarias de estos extremos son las empresas inmersas en la cultura corporativa del saqueo. El silencio de los reguladores y supervisores es una forma de connivencia. La pasividad de los accionistas, una calamidad. Un fenómeno de la dimensión del que sale a la luz de forma persistente desde hace años no puede suceder sin consecuencias. Tarde o temprano las veremos.

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