edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
20/09/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El envío de una factura rectificativa a un deudor en concurso no resulta esencial para recuperar la deducción del IVA

Javier Ardalán
La Audiencia Nacional ha emitido, con fecha de 25 de mayo de 2016, una importante sentencia sobre la rectificación de las facturas y la comunicación dentro de plazo a Hacienda a efectos de percibir las deducciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El ponente, el magistrado Francisco de la Peña, establece que el envío de una factura rectificativa a un deudor en concurso de acreedores no resulta esencial, siempre que la rectificación se haya comunicado en plazo a la Administración, ya que una simple obligación formal, por muy justificada que pueda servir para facilitar la correcta aplicación del procedimiento administrativo, no puede conllevar la pérdida del derecho a deducir.

La doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) mantiene que "el hecho de notificar las rectificaciones procedentes no la exime del cumplimiento del resto de las obligaciones, aunque sean formales, pues es la deudora quien debe tener constancia de la relación de acreedores para que se pueda formar el correspondiente censo de afectados por la situación de concurso declarada".

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional razona que aunque ello es así, el incumplimiento de una obligación que el mismo TEAC califica de formal, y cuya relevancia incide sobre todo en el ámbito concursal, no obstante su influencia también al ámbito fiscal, no puede tener un efecto en éste de la trascendencia de privar al sujeto pasivo del IVA del derecho a la deducción.

La sociedad recurrente comunicó oportunamente a la Administración tributaria la modificación de la base imponible y la correlativa emisión de facturas rectificativas, es decir, lo hizo dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación del concurso en el BOE. Ello posibilitó, en cualquier caso, la personación de la AEAT en el concurso y la defensa en el mismo de los intereses de la Hacienda Pública evitando que la entidad concursada pudiera deducirse cantidades indebidas de IVA. No consta, además, que se haya producido en realidad perjuicio para la Hacienda.

Todo ello, cuando se ha cumplido la obligación básica, verdadero requisito material en dicho ámbito, que no es otra que la de comunicar la modificación de la base imponible a la Administración tributaria, que toma conocimiento de la misma y puede, desde ese momento, llevar a cabo las actuaciones que pretende garantizar la norma, es decir, las tendentes a evitar que el concursado pueda deducirse cantidades indebidas de IVA.

Señala el ponente, que el sujeto tributario tiene la carga de acreditar que el envío de la factura rectifica se produce efectivamente fuera de plazo, pero dado que la normativa no exige una prueba fehaciente del envío, se debe considerar válido el envío por correo ordinario.

La mercantil cumplió en plazo con la obligación de remitir la factura por correo ordinario, sin que la normativa de aplicación exija una prueba fehaciente del envío. Si bien debe partirse de la distribución de la carga de la prueba que prevé el artículo 105.1 de la Ley General Tributaria, invoca lo establecido en el artículo 106.1 de la misma Ley en relación a la aplicación, en los procedimientos tributarios, de las normas que, sobre medios y valoración de la prueba, se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, se remite a la prueba por presunciones y deduciendo que el hecho de haber expedido las facturas rectificativas y comunicado la rectificación a la AEAT dentro del plazo exigido permite "concluir fácilmente que la empresa ha cumplido escrupulosamente todos los requisitos exigidos por la normativa para la modificación de la base imponible".

Y, además, considera que no se ha producido, no obstante lo afirmado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el TEAC, perjuicio económico alguno a la Hacienda Pública, perjuicio que no habría acreditado la Administración pese a los enormes medios de prueba de que dispone, destacando que la Administración tributaria conoció oportunamente la rectificación lo que le permitió comparecer en el procedimiento concursal evitando la deducción indebida al desarrollar las actuaciones pertinentes para evitar la deducción del IVA por parte de las deudoras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su doctrina  mantiene que todas las obligaciones formales en el marco del impuesto sobre el valor añadido están pensadas para facilitar la correcta aplicación de tal tributo, de cuyo mecanismo forma parte indisociable aquel derecho. Y determina que una aplicación desproporcionada de esas exigencias adjetivas podría hacer quebrar el objetivo básico al que sirve el reconocimiento del derecho a deducir, que no es otro que el de garantizar la plena neutralidad del impuesto sobre el valor añadido, clave de bóveda que sujeta la configuración de este tributo.

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