edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
29/04/2011
Mientras las cajas intentan limitar la presencia del sector público

El Estado presentará en público las cuentas trimestrales de las cajas

Los técnicos reorganizarán y estarán orientados al beneficio y al reparto de dividendos
Juan José González

Ayer entraron en el Banco de España como entidades privadas con problemas de solvencia -y otros- y hoy se despiertan con la seguridad de que en unos meses el Estado ocupe, según los casos, mayoría o minoría, varios sillones de los consejos de administración de, al menos tres cajas: CAM, CatalunyaCaixa y Unnim, mientras se resiste Novacaixagalicia. Así que la situación en la parte más débil y deficiente del sector financiero, vuelve a ser ocupada, cuan hombres de Harrelson, por el sector público, por los representantes del Estado. Un movimiento que, con independencia de las razones económicas y de la  urgencia, un estado de necesidad, logra levantar un interés y expectación por las decisiones que se vayan a acometer en esos futuros consejos de administración, en unas empresas intervenidas, con graves problemas, y, sobre todo, expectación por ver qué tipo de dirección y director, y de consejero en el órgano de decisión máximo, van a desarrollar los representantes estatales.

Habrá que estar atentos a la transparencia que trimestralmente vayan llevando a cabo, actividad que si bien no tienen obligación legal, como los bancos cotizados, de hacer presentación pública de cuentas, sí sería una magnífica ocasión para que el Estado diera ejemplo rindiendo cuentas –transparencia al fin y al cabo- de su gestión. Una gestión que se seguirá por parte del sector privado, analistas y medios de comunicación, con al menos dos lupas. Y, por supuesto, de los gestores públicos no se espera más que buenos resultados, más depósitos, recuperación de márgenes, reducción de mora, cumplimiento de ratios de Basilea III y demás, beneficios sólidos y, por qué no, comprobar qué hacen con los dividendos.

Que una intervención del sector público en el privado, de la forma que sea, es incómodo e indeseable, es una realidad que a nadie escapa, pero esta claro que cuando no existe otra alternativa viable, la urgencia acaba imponiendo la razón sobre los hechos. Algo que todavía en Novacaixagalicia no ven con claridad a pesar de necesitar 2.600 millones de euros para cubrir el agujero de capital, y que sería cubierto con fondos públicos (Frob). Al contrario que en la CAM, el caso más claro donde un balance vive horas de angustia desde hace varias semanas, lo que obliga a una intervención pública inmediata, superada la fase de urgencia. La petición de la colosal inyección de recursos, nada menos que 2.800 millones de euros en capital, equivale a una toma de la mayoría del accionariado de la entidad, toma de control que conlleva el inicio inmediato de la gestión por los técnicos del Banco de España, y que debería llevar aparejada la destitución y cambio completo del consejo de administración.

Mientras la gallega intenta por todos los medios sortear la nacionalización -ni siquiera parcial- y la CAM no tiene otra salida que la gestión pública, las catalanas Catalunyacaixa y Unnim, pelean igualmente por evitar que el Estado se haga con la gestión, como en el caso de la alicantina. De ahí que la ayuda solicitada sea en concepto de financiación pública en vez de capital, diferencia que haría posible reducir sustancialmente la presencia de representantes públicos en el consejo y en la alta dirección.

Los representantes del Gobierno en la dirección de las cajas que ahora se dispone a gestionar mediante intervención, tendrán una doble responsabilidad: primero ante el órgano que les encomienda la función, y segundo ante los accionistas y propietarios privados de las cajas, en este caso, los ahorradores y clientes de estas entidades. Se trata de responsables con obligación fiduciaria, que deben maximizar el valor de los recursos que gestionan. Los intereses de los accionistas coinciden en este sentido con los del Gobierno, accionista transitorio y coyuntural, cuya presencia solamente se justifica por la representación que se deriva de administrador de dinero público.

La intervención del Estado, o el Estado en funciones de empresario financiero, es de corto plazo, al menos eso se espera, pues los problemas de viabilidad y solvencia de las ahora intervenidas no deberían alargarse más allá de los cinco años. Luego en ese período, se espera que los gestores den ejemplo y hagan gala de criterios que, como el de transparencia, aparece en primer lugar en cualquier código de buen gobierno, o de gobierno corporativo que se precie. Incluso, la gestión de los representantes públicos en las cajas de ahorros, deberían tener en cuenta el uso que se haga en el futuro de los dividendos. Seguramente, la gestión de los administradores estatales, contará con numerosos seguidores y vigilantes.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...