edición: 2848 , Lunes, 18 noviembre 2019
30/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Europarlamento debate la creación de una Fiscalía Europea para los delitos contra los intereses financieros

Javier Ardalán

El Parlamento Europeo debate estos días la conveniencia de crear una Fiscalía Europea  para luchar contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión; recomienda que la futura Fiscalía Europea disponga de una estructura ágil y reducida, con funciones de coordinación y de impulso de las autoridades nacionales con el fin de garantizar una mayor coherencia de las investigaciones; considera que es esencial que la Comisión defina claramente la estructura de la Fiscalía Europea, con especial referencia a la interacción con Europol, Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Esta medida se incluye en un informe de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, en el que se incluyen algunas actuaciones urgentes para combatir contra la corrupción y el blanqueo de Capitales, en la que se propone una  definición común del delito de asociación de tipo mafioso en el que se ponga de manifiesto el espíritu emprendedor y se haga hincapié en el poder intimida torio del grupo delictivo,  similar a lo que dispone el artículo 416 bis del Código Penal italiano.

También, la Comisión  propone la armonización de la legislación penal en materia de blanqueo de dinero, prevista para 2013, incluya una definición común del delito de auto-blanqueo que, de forma similar a lo que establecen, entre otros, el artículo 324-1 del Código Penal francés y el artículo 505, párrafo 2, del Código Penal belga, considere como supuesto de delito todo delito que pueda  beneficiar a su autor.

Insiste en la necesidad de una legislación europea que garantice la ejecución inmediata de las sentencias de condena y de las órdenes de decomiso en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que fueron emitidas.

En lo relativo a los decomisos, los modelos de confiscación preventiva de los activos de origen delictivo, previa autorización de una autoridad judicial, y alienta la reutilización de los bienes decomisados con fines de utilidad social; lamenta las trabas burocráticas y otros obstáculos que impiden la reutilización de los activos ya incautados y pide a los Estados miembros la simplificación de los procedimientos; sugiere que se destinen fondos para la financiación de medidas de protección de los bienes con el fin de preservar su integridad.

Consideran que estas medidas son necesarios porque las organizaciones delictivas tradicionales han ido ampliando progresivamente su radio de acción, aprovechando las oportunidades que ofrecen la globalización económica y las nuevas tecnologías y han establecido alianzas con grupos delictivos de otros países (como los cárteles de la droga sudamericanos) para repartirse los mercados y las zonas de influencia.

También, señalan la tendencia creciente a la asistencia mutua entre las varias organizaciones delictivas, que consiguen, de esta manera, superar las diferencias  lingüísticas, étnicas o de intereses comerciales para converger hacia operaciones  comunes que les permiten disminuir los costes y maximizar los beneficios.

Destacan  que los distintos tipos de tráfico ilegal (armas, drogas, cigarrillos,  órganos, obras de arte y otros productos) tienen orígenes diferentes, alimentan  nuevos mercados delictivos en toda Europa, ofrecen enormes beneficios a las  organizaciones delictivas y vulneran la seguridad de las fronteras de la Unión.

El tráfico ilegal de cigarrillos produce una pérdida anual de impuestos de aproximadamente 11.000 millones de euros; considerando que el volumen de negocios del tráfico de armas ligeras en el mundo se estima entre 170 y 320 millones de dólares al año y que en Europa circulan más de 10 millones de armas ilegales; considerando que dichos tráficos representan una pérdida para el erario público y un daño para las empresas productoras.

Considerando que, según la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito, el producto de las actividades ilícitas a nivel mundial asciende a alrededor del 3,6% del PIB mundial y que el flujo de dinero blanqueado en el mundo hoy en día equivale aproximadamente al 2,7 % del PIB mundial; considerando que la Comisión estima el coste de la corrupción en la Unión Europea en unos 120 000 millones de euros al año, es decir, el 1% del PIB de la UE; considerando que se trata de importantes  recursos sustraídos al desarrollo económico y al bienestar de los ciudadanos.

La Comisión pide la aplicación por parte de los Estados miembros y de las empresas de medidas concretas para mejorar la trazabilidad de sus productos (por ejemplo, armas y cigarrillos) con el fin de contrarrestar más eficazmente los tráficos ilegales.

La lucha eficaz contra la delincuencia organizada en todas sus formas considera que necesita medidas que afecten a los recursos financieros de las organizaciones delictivas. Considerando que las mafias también se benefician de la zona gris de colusión con otros sujetos (empresas, administraciones locales, etc.) que, a pesar de ser ajenos a la estructura de las organizaciones delictivas, traban con éstas relaciones de  negocios lucrativas para ambas partes.

La corrupción es un grave obstáculo para la eficiencia de la administración pública, desalienta la inversión, altera el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal entre empresas y, en última instancia, compromete el crecimiento económico; considerando que los gravosos mecanismos de la burocracia, así como el elevado número de autorizaciones previas necesarias, desalientan la actividad empresarial y pueden favorecer los fenómenos de corrupción.

Considera que una burocracia engorrosa y lejana a los ciudadanos, unos  procedimientos complejos y la exigencia de una serie de autorizaciones previas, las demoras e ineficiencias creadas a veces por los mismos burócratas para obtener un lucro personal, además de obstaculizar la efectividad de la actuación administrativa, comprometen la transparencia de los procesos de toma de decisiones, exacerban a los ciudadanos y, por lo tanto, ofrecen un terreno fértil para la corrupción.

Finalmente, recomienda el fortalecimiento de la transparencia y la reducción de la burocracia de la administración pública, sobre todo en el delicado sector de los procedimientos de licitación pública; alienta la promoción de una cultura de la legalidad y de la integridad tanto en el sector público como en el sector privado, incluso mediante medidas específicas de protección de los denunciantes. Además, alienta el uso de agentes provocadores para descubrir los hechos de corrupción en la Administración Pública.

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