edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
08/06/2010
A los nueve meses de nacer y tras un rotundo fracaso

El Facilitador Financiero tiene los días contados

El Plan de Ajuste del Gobierno obliga a prescindir de este instrumento
Juan José González

La idea no era mala pero el Facilitador Financiero no funciona. Alguno los consideraron poco menos que una broma, los más, completamente inútil. Los recortes generalizados en ministerios y organismos públicos, hará que aquella idea nacida en el Ministerio de Economía, aunque inspirada en una propuesta de Miguel Sebastián, esté a punto de recibir carpetazo a los nueve meses de su nacimiento cuando su duración se situaba en el horizonte de 2012. Y el balance no puede ser más pobre: con  apenas 3.500 peticiones de información y demandas de crédito de unas 50 empresas de bajo volumen, el resultado final, hasta el mes de mayo pasado, era que las pymes tan sólo habían utilizado el 1% de la capacidad de ese instrumento.

Creado sobre la base de que las empresas pequeñas y medianas, ante los elevados costes de tramitación y solicitud de préstamos y avales para sus actividades, se decidirían por acudir a la ventanilla –call center- del ICO, organismo del Estado encargado de articular la actividad de la herramienta. En principio, el plan era que los facilitadores estudiasen las peticiones de crédito hasta dos millones de euros, puesto que en numerosas ocasiones pymes y autónomos ven rechazadas sus solicitudes sin un detenido estudio.

Así que para solventar los problemas de liquidez, al estar el mercado del crédito cerrado a cal y a canto, se decidió poner en práctica la idea, si bien con escasos medios. La idea ha resultado un fiasco, para muchos insólita, por redundante para cámaras de comercio, bancos, cajas y cooperativas de crédito. Y para un numeroso público teórico, político y académico, la propuesta del Ejecutivo era poco menos que divertida. Con un coste anual presupuestado, sólo para su funcionamiento, puesto que no contaba con dotación ni fondos asignados, la oficina del Facilitador Financiero consumía unos diez millones de euros en un año, de los que, parece que afortunadamente apenas se han consumido dos millones. Lástima que en este caso, la austeridad tenga su origen en la falta de operatividad y utilización del mecanismo que en la práctica se ha mostrado inservible.

No se puede decir que las pymes tengan el grifo del crédito cortado como tampoco que este fluya a borbotones, pero la situación de escasez no les impide alcanzar acuerdos con bancos y cajas para seguir descontando papel y conseguir líneas de crédito, eso sí con mayores limitaciones y costes. Porque en realidad, la figura del Facilitador ya existía. En la mayoría de las cajas de ahorros trabaja un gestor de cartera desde hace por lo menos 20 años, y en algunas de ellas tiene una elevada categoría profesional reconocida en la estructura de mandos de la entidad.

El gestor de cartera, Facilitador para Economía, resulta ser el intermediario entre la entidad financiera y el cliente, un experto que debe evaluar proyectos para que el cliente no se marche del banco y para que el banco no se columpie con el riesgo que asume. En las sucursales pequeñas de la banca es el director quien se encarga personalmente de estos asuntos.

Los críticos con el Facilitador Financiero apuntan a que se trata de una justificación administrativa orientada a demostrar que el Gobierno trabaja y se preocupa como nadie, cuando en realidad lo que necesitaban las empresas es un análisis de riesgos que no estuvieran tan presionados por la regulación de la morosidad. Este es el punto más problemático en las demandas de crédito debido a que los comités de las entidades financieras se muestran implacables en el control de sus tasas de morosidad. Precisamente en este capítulo es donde el ICO se debería mostrar más flexible y admitir mayor número de demandas de crédito rechazadas por otras entidades financieras.

Pero sobre la idea del frustrado Facilitador que anunció en su día Elena Salgado, llama la atención la falta de cintura para reconvertir el mecanismo y sus objetivos iniciales, hacia otros más asequibles, y que se tenga en cuenta la práctica de multitud de subvenciones, ayudas y diversos mecanismos que, en línea con las buenas intenciones del Ejecutivo en su creación terminan fracasando por el coste administrativo que las acaba convirtiendo en ineficientes e inservibles.

Hasta la fecha, poco o nada se sabe de los setenta prejubilados y/o jubilados que a cargo del Estado analizarían, desde las Cámaras de Comercio, como facilitadores, las demandas de préstamos de pymes y autónomos. Setenta funcionarios que tendrían, se dijo en un principio, capacidad para estudiar hasta 200.000 solicitudes de crédito, y que en ese balance tras nueve meses de actividad se quedó en poco más que nada.

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