El fracaso en dar soluciones al déficit de tarifa pone de
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
15/07/2013

El fracaso en dar soluciones al déficit de tarifa pone de relieve el agotamiento de las supuestas reformas del Gobierno

El Ejecutivo, incapaz de ponerse por encimas de los enfrentamientos ministeriales no logra atacar las cuestiones de fondo
Carlos Schwartz

El real decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, “por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico” es lo que el Gobierno ha venido anunciando como nueva reforma del sector eléctrico, pero que ha mostrado no ser más que un remiendo complicado y poco transparente cuyo único fin es tratar de taponar la sangría del denominado “déficit de tarifa”, es decir la diferencia entre los costes de la generación de la electricidad y lo recaudado por su venta al consumidor. Una vez más de lo que se trata es de hacer un ajuste de las partidas que forman parte del sistema recortando las asignaciones de forma poco equitativa a cada uno de los actores del propio sistema. Es interesante resaltar lo que el propio texto del real decreto-ley esgrime para dar cuenta de la urgencia de hacer algo. De un lado admite que todas las previsiones de límite del déficit establecidas a priori por sucesivas administraciones fueron incorrectas. Esas previsiones estaban contenidas en el decreto ley 6 de 2009 en el que se establecía “ex ante” el déficit para los años 2010, 2011 y 2012. Las previsiones fueron equivocadas y se debió corregir las estimaciones para dar cabida al déficit real. En el 2010 se corrigieron los límites y se fijó a 2013 como el año “sin déficit”. Nuevo traspié.

El 14 de febrero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo procedió a mantener el precio de los  peajes de acceso a las redes “al considerar que los ingresos serían suficientes para cubrir los costes del sistema en el año 2013”... Pero claro, se equivocó... y ocurrió que, según el real decreto del pasado sábado... “durante el primer semestre de 2013 se han producido una serie de hechos que han variado las hipótesis sobre las que se realizaron las estimaciones a principio de año, lo que traerá como consecuencia la aparición de nuevos desajustes al  final del ejercicio si no se toman medidas de urgencia para corregir la situación”. Lo que ocurrió es que por las condiciones climatológicas en especial el incremento de las lluvias y el viento, el precio del kilovatio en el mercado se hundió hasta un nivel mínimo de “18,17 €/MWh de media en el mes de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19 €/MWh previstos para el conjunto del año”.

Por otro lado, se ha producido un incremento de las horas de funcionamiento de tecnologías con régimen de primas, como la eólica. “Todo ello ha determinado una notable desviación al alza del sobrecoste del régimen especial” y por añadidura “se ha producido una contracción de la demanda más acusada de lo previsto. Así, el balance eléctrico publicado por Red Eléctrica de España, S.A. como operador del sistema, muestra a fecha 5 de julio de 2013 una disminución de la demanda de 2,7 por ciento en lo que va de año 2013, y una caída de un 2,3 por ciento en el último año móvil frente a una caída estimada del 0,3 por ciento considerada en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero”. Es decir, para resumir, las premisas sobre las cuales el ministerio de Industria estableció los peajes de la tarifa fueron equivocadas. Todo esto indica que Industria creyó que pasaba de puntillas por sobre este año sin tener que volver a retocar las tarifas eléctricas ni el reparto de los costes entre los actores del sistema, pero sus previsiones resultaron equivocadas. La base del revés según afirma el ministerio ha sido la climatología. Es decir, el régimen de costes del sistema eléctrico español no tiene en cuenta el efecto de los factores meteorológicos, al parecer.

Mientras, el Gobierno afirma en el real decreto del pasado sábado que, de acuerdo con las últimas cifras disponibles de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el saldo acumulado de deuda -de los consumidores, cosa que no aclara porque se trata de derechos de cobro- alcanzó al 10 de mayo de este año a los 26.062,61 millones de euros. Es decir esta deuda exigible a los consumidores, y que se tituliza mediante el fondo denominado FADE, es el déficit de tarifa acumulado a mayo pasado. Pero, además, el dinero recaudado en concepto de peajes eléctricos entre 2003 y mayo de 2013 y pagado como parte del coste de generación ha sido de
11.823 millones de euros. Lo cual quiere decir que los consumidores han tenido, en teoría, una carga total de 37.885 millones de euros de los cuales poco más de dos tercios están diferidos y pesan en realidad sobre el balance de las compañías generadoras de electricidad. La presencia fantasmática del término “consumidor” en toda esta historia es lo que da soporte al invento de la titulización del déficit puesto que en última instancia existe un pagador final. Por supuesto para poder colocar esa deuda, esta debe tener aval del Estado porque de lo contrario los inversores no se creerían lo del pagador final. Ocurre que el límite fijado al aval del Estado en la Ley General de Presupuestos de 2013 era de 22.000 millones de saldo vivo. Por lo tanto el Gobierno deberá incrementar la cifra del aval del estado en 4.000 millones más para hacer frente al déficit acumulado... de momento.

Y entonces vinieron los remedios. Y estos han sido los mismos de siempre. El reparto de las cargas entre los agentes del sistema incluidos desde luego los consumidores, pero sin atacar ninguno de los problemas que están en la base del déficit de tarifa. Mientras, el enfrentamiento entre el ministro de Hacienda y el ministro de Industria ha hecho que a pesar de que por ley los denominados extracostes peninsulares y extrapeninsulares deben ser asumidos por la vía de los presupuestos generales del estado, en el caso de este año por razones de equilibrio presupuestario la cifra estimada en 1.800 millones de euros de ciertos costes solo será atendida en la cuantía de 900 millones.

El cálculo de las grandes empresas de generación es que el conjunto de medidas aprobadas por los sucesivos gobiernos suponen en 2013 una reducción de ingresos del sector eléctrico de 5.700 millones de euros, de los cuales 3.600 recaen sobre la generación convencional peninsular y extrapeninsular, transporte y distribución de estas eléctricas. Es decir, cargan con el 65% de la caída de ingresos. Su cálculo es que las medidas aprobadas el viernes suponen una nueva reducción de ingresos del orden de los 2.700 millones de euros, de los cuales 1.000 millones recaen sobre las convencionales. Es decir que la reducción total de ingresos del sector eléctrico en 2013 es del orden de los 8.400 millones de euros. Lo cual no evita que el recibo de la luz suba más de un 3% para los consumidores.

Es decir que España está sentada sobre una bomba de tiempo que se denomina déficit de tarifa con una cifra acumulada de 26.000 millones de euros, que el Estado acabará por avalar totalmente y que a pesar de su definición teórica como deuda de los consumidores, es impensable que se traslade a éstos. Lo maravilloso es que esta cifra de deuda con aval del Estado es un invento político y es la manifestación de la incapacidad de arbitrar una solución a los costes de generación y distribución. El Gobierno del Partido Popular acaba de demostrar que no es capaz de una verdadera reforma del sector eléctrico. Aunque pretenda vender al paquete aprobado como tal.

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