edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
29/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El futuro Código Procesal Penal incluirá un nuevo procedimiento de mediación penal voluntario y gratuito

Javier Ardalán

El Gobierno está a punto de enviar al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Código Procesal Penal, que sustituye a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal e incluye por primera vez en la historia la mediación penal, que será siempre gratuita y voluntaria. Se entiende por mediación penal, a los efectos previstos en este Título, al procedimiento de solución del conflicto entre el encausado y la víctima libre y voluntariamente asumido por ambos en el que un tercero interviene para facilitar que alcancen un acuerdo. Se trata de una necesidad que viene impuesta por las obligaciones internacionales, pero que también es fruto de la necesidad de usarlo en la práctica, en la que se habían llevado a cabo ya algunas experiencias alentadoras y fructíferas.

Hasta ahora, salvo en el ámbito del derecho sancionador de menores, no había regulación al respecto y, además, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal, no ha llegado a ser desarrollada.

En la actualidad, se pretende una proyección en el Derecho penal de adultos inspirada por las exigencias de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre que sustituye a la citada Decisión Marco.

Con la mediación penal se persigue hacer posible el empleo, siempre voluntario, de un mecanismo de solución del conflicto entre infractor y víctima que satisfaga las expectativas de la víctima de obtener una explicación del hecho, la petición de perdón y una pronta reparación. Para el infractor la mediación sólo tendrá las consecuencias favorables procesales o materiales que del acuerdo se deriven, en su caso.

La futura norma regula, además, que ni el fiscal ni los tribunales podrán ofrecer ventajas al encausado por el hecho de someterse a un procedimiento de mediación, sin perjuicio de los efectos procesales o materiales que puedan derivarse conforme a la Ley del acuerdo con la víctima si se alcanza.

La mediación se concibe como el sistema de gestión de conflictos en que una parte neutral, el mediador, con carácter técnico y en posesión de conocimientos adecuados, independiente de los actores institucionales del proceso penal e imparcial, ayuda a las personas implicadas en una infracción penal, en calidad de víctima e infractor, a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre modos de reparación, tanto material como simbólica.

Este procedimiento pretende ser un instrumento para alcanzar ciertos fines en los que ocupan un primer lugar los intereses de la víctima. El procedimiento supone únicamente la posibilidad de insertar en el proceso penal un mecanismo voluntario para las partes, con todas las garantías procesales y con unas consecuencias predeterminadas legalmente pero que no se anudan necesariamente a la mediación y que pueden ser muy dispares (desde el archivo por razones de oportunidad, a la suspensión de condena, apreciación de alguna atenuante, o incluso sin repercusión sustantiva alguna).

La voluntad de someter el conflicto con la víctima a mediación por el infractor se comunicará a la víctima por el Ministerio Fiscal, cuando no lo considere inadecuado en razón a la naturaleza del hecho. La comunicación se realizará directamente o a través de la Oficina de Atención a las Víctimas.

El mediador se encuentra sometido a secreto profesional y no podrá declarar sobre los hechos de los que tenga conocimiento con ocasión de su intervención en el procedimiento.

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