edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
25/11/2011
LA OREJA DE LARRAZ

El futuro Gobierno del PP revisará por cuarta vez consecutiva el texto de la reforma Concursal

Javier Ardalán

La Ley Concursal y las reformas de 2009 y la de septiembre pasado, que entrará en vigor el próximo 1 de enero del próximo año, han apostado por dar prioridad a la viabilidad de la empresa concursada, aunque las estadísticas siguen mostrando que el 98% de las sociedades que entran en este procedimiento terminan en liquidación. Así se puso ayer de manifiesto en las jornadas de la Abogacía General del Estado.

El juez Fernando Presencia, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, está convencido de que a partir de enero el número de concursos de acreedores se multiplicará por tres a causa de la reforma de la Ley Concursal que entra en vigor en enero. Los impagos de los administradores serán responsables de la próxima oleada de suspensiones de pago.

El procedimiento se ha cortado en sus posibilidades de recurso, ya que la Ley de medidas de agilización procesal, que eleva de 150.000 a 600.000 euros la cuantía mínima para el recurso de casación, el Tribunal Supremo tan sólo admitirá los recursos que guarden interés casacional ante resoluciones contradictorias de varias Audiencias Provinciales, que afecten a la doctrina del alto tribunal o aquellas sobre "las que no existe jurisprudencia de una norma de cinco años de vigencia".

Ha sido el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha reconocido que estas reformas no ha solucionado todos los problemas, al señalar en el Congreso anual de los de los abogados del Estado, que es necesario incluir en la Ley un sistema de corresponsabilidad entre acreedores y deudores y un instrumento que permita a largo plazo la negociación entre ambas partes, para evitar que insolvencias temporales sobrevenidas se conviertan en definitivas".

El Partido Popular, por su parte, prevé modificar la Ley Concursal con el objetivo de, en materia de vivienda, liberar a los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable. Así lo explica en el capítulo dedicado a la Política de Vivienda que ha incluido en su programa electoral,

El programa incluía una reforma para "introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".

E n el trimestre que va de julio a septiembre, sólo por detrás de Barcelona (252 concursos); Valencia (con 164); y Sevilla (con 64). Eso sí, también superan a la provincia gaditana la Comunidad de Madrid (con 168); la Región de Murcia (con 53); o las Baleares (con 60).

Las cifras sobre concursos la de este trimestre es la peor cifra trimestral desde que el INE contabiliza la declaración de concursos. Nunca antes hubo en Cádiz tantas empresas y familias en situación de quiebra.

El tratamiento de los instrumentos financieros derivados en el concurso, sin resolver, a pesar de que se ha modificado el artículo 16 de la LC y ahora se plantea una nueva prereforma, previa a la general.

El problema es que este artículo obligaba a las entidades financieras a liquidar el contrato de swap tras declararse el concurso, pero las entidades financieras, en aplicación de la Ley Concursal, interpretaban que era un crédito contra la masa.

Los juzgados emitieron diversas sentencias, hasta la de 19 de noviembre de 2008 del juzgado nº 2 de Barcelona, aceptada por los la mayoría de los jueces en el seminario de Barcelona del año pasado. A partir de ella, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona emitió la utilización de los swap como una estrategia de blindaje de intereses.

Esta sentencia evidencia que muchos deudores conciertan operaciones de pasivo, sin que tengan costumbre de hacerlo. En ellas hay un compromiso de permuta de intereses fijos por variables lo que beneficia a la entidad financiera tras la declaración del concurso. Hasta este fallo, no recibían el tratamiento general de créditos subordinados, pero desde entonces, los intereses permutados sí que lo están recibiendo.

La reforma debería introducir criterios que sobre en qué situaciones debe calificarse el saldo de estas permutas como subordinado al existir un blindaje de intereses.

La reforma no aporta soluciones al problema, dependeremos del criterio interpretativo de los jueces porque cuando se pronuncie el Supremo habrá pasado la crisis, y la mayoría de estas operaciones están relacionadas con el pasivo.

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