edición: 2495 , Lunes, 25 junio 2018
13/11/2012

El futuro Reglamento de Arbitraje de Consumo potencia la mediación previa para reducir tiempos y costes

Javier Ardalán
El incremento de reclamaciones de consumo experimentadas desde la implantación del Sistema Arbitral en 2008, sumado a la necesidad de economizar recursos y a la simplificación de los trámites del procedimiento arbitral son las principales causas que llevan al Gobierno a acometer una profunda reforma de la regulación actualmente en vigor.

La eficacia del procedimiento es mayor cuanto más rápido y sencillo es, por lo que en el nuevo texto se considera que su duración no debe superar los 90 días, salvo que la complejidad del asunto lo exija así, en cuyo caso el plazo para decidir puede llegar hasta los seis meses.

Con estas premisas, el Ministerio de Sanidad cuenta con un proyecto de actualización del Reglamento en el que se potencia la resolución de los conflictos por un árbitro único, posibilidad que fue introducida en el Reglamento de 2008 y que ha dado resultados muy positivos, especialmente en cuanto a la reducción de costes..

Así, un solo árbitro, propuesto por la Administración, será el que resuelva los asuntos planteados cuando las partes lo acuerden o cuando así lo disponga el presidente de la Junta Arbitral. No obstante, si la cuantía de la pretensión fuera superior a los 600 euros, las partes podrán solicitar que sea designado un órgano colegiado.

Se flexibiliza, por otra parte, el funcionamiento y la organización de las Juntas Arbitrales de Consumo, permitiendo a sus presidentes tomar la decisión de optar por las alternativas que el propio Reglamento les ofrece, especialmente en el campo de la mediación. Así, podrán optar por el seguimiento o no del procedimiento de mediación previa a las actuaciones arbitrales así como la posibilidad de optar por no iniciar actuaciones arbitrales tras haber llevado a cabo una mediación en los supuestos de escasa cuantía y complejidad.

Se mantiene la mediación previa a las actuaciones arbitrales, para lograr que las partes alcancen por sí mismas un acuerdo amistoso, que evite la imposición de la solución adoptada por los árbitros. Para facilitar esta mediación previa al inicio de las actuaciones arbitrales, se establece la presunción de que quien acepte el sometimiento al arbitraje, acepta que previamente se lleve a cabo el procedimiento de mediación, que mantiene su carácter voluntario, otorgándose a las partes la posibilidad de mostrar su oposición al inicio de dicho procedimiento, determinando que para la solución de la disputa se lleven a cabo solo actuaciones arbitrales.

El Presidente de la Junta Arbitral será quien decida si se lleva a cabo dicha mediación, pudiendo determinar que en aquellos supuestos en lo que cuantía de la pretensión sea inferior a 50 euros no se lleven a cabo las actuaciones arbitrales, a no ser que las partes hubieran mostrado su oposición a la mediación.

La experiencia ha venido demostrando que cada vez son más los comerciantes que prefieren alcanzar un acuerdo en un procedimiento de mediación que concurrir a un procedimiento arbitral y que el nivel de satisfacción de las partes en conflicto aumenta con el logro de un acuerdo entre ellas. A ello hay que añadir la descongestión que supone para las Juntas Arbitrales este tipo de acuerdos que se recogen en un acta y que además, según se ha venido constatando, son cumplidos por las partes en la misma medida que los laudos arbitrales.

Muy importante es que tanto los mediadores como los árbitros deberán ser acreditados para poder actuar como tales, y se procurará la necesaria formación para el ejercicio de sus funciones.

Con el fin de agilizar el procedimiento se dispone que cualquier modificación de la pretensión inicial del reclamante o la formulación de la reconvención por el reclamado deban efectuarse con anterioridad a la celebración de la audiencia. Con ello se pretende evitar que el periodo de audiencia se alargue innecesariamente, cuando las partes desde el principio conocen los hechos que se discuten y las circunstancias que concurren en la controversia que mantienen.  Y, finalmente, con carácter general la decisión será tomada en equidad, salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho.

En lo referente a las pruebas, las partes que las propongan deberán soportar el coste que dichas pruebas ocasionen. No obstante, aquellas cuya práctica se determine de oficio por el órgano arbitral, podrán ser costeadas por la Junta Arbitral si el Presidente de la Junta lo acepta.

El Real Decreto posibilita que las partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad que rige los procedimientos de mediación y el arbitraje, puedan solicitar que las actuaciones se lleven a cabo por medios electrónicos, siempre que quede garantizada su identidad y el respeto a los principios de los procedimientos.

En ambos casos –mediación y arbitraje- se trata de procedimientos de naturaleza privada, que se rigen por el principio de autonomía de las partes implicadas y no por la legislación administrativa, aunque sean realizados por personal al servicio de la administración. Es por esto por lo que las partes pueden decidir por sí mismas la incorporación de las nuevas tecnologías tanto para las actuaciones como para las notificaciones, por la habilitación que les confiere el Reglamento.

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