edición: 2412 , Jueves, 22 febrero 2018
23/03/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El futuro Reglamento de Sociedades adapta las obligaciones formales del régimen de consolidación fiscal

Xavier Gil Pecharromán
El futuro Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que actualmente última Hacienda, adapta las obligaciones formales del régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro de consolidación, incluida, tras la reforma fiscal, en la nueva Ley del tributo. También, se incluye la desaparición de la opción en el régimen de operaciones de reestructuración permite minorar obligaciones formales en este régimen especial.
Destaca el nuevo procedimiento de compensación y abono de activos por impuesto diferido, cuando se produce su conversión en créditos exigibles para la Hacienda Pública. Así, los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados con entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por los derivados de obligaciones implícitas o tácitas, así como los derivados que representen una retribución de los fondos propios; derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

No tendrán la consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización; las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones; pérdidas del juego; o donativos y liberalidades; todos ellos correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración tributaria.

La conversión de los activos por impuesto en un crédito exigible frente a la Administración tributaria se producirá en el momento de la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al período impositivo en que se hayan producido las circunstancias previstas en la Ley del Impuesto.

Esta conversión de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria determinará que el contribuyente pueda optar por solicitar su abono a la Administración tributaria o por compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter estatal que el propio contribuyente genere a partir del momento de la conversión.

La solicitud de abono del crédito exigible frente a la Administración tributaria se realizará a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que el contribuyente inste la compensación del crédito exigible frente a la Administración tributaria con otras deudas, deberá dirigir al órgano competente para su tramitación la correspondiente solicitud, para cada deuda cuya compensación pretenda realizar, de acuerdo con el modelo que se aprobará por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

La resolución de esta solicitud deberá notificarse en el plazo de 6 meses. En lo no previsto en este artículo, resultará de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación. La competencia para tramitar el correspondiente procedimiento y dictar resolución en los supuestos regulados en este artículo se establecerá mediante la correspondiente norma de organización específica.

Se incorpora, además, la información país por país, encontrando cobertura legal en la disposición final décima de la Ley del Impuesto y en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como instrumento indicador de la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, si bien esta información será exigible a partir de 2016, tal y como viene establecido por la propia OCDE.

Por otra parte, se modifica la documentación específica de operaciones vinculadas a la que hace referencia la Ley del Impuesto, completando, por un lado, la necesaria simplificación de este tipo de documentación para entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones de euros y adaptándose, por otro lado, al contenido de la documentación que se establece en la OCDE.

En este punto, resulta destacable que mientras se reduce considerablemente la documentación a exigir a las entidades medianas y pequeñas, simplificando significativamente sus cargas administrativas, se incrementa la exigencia de transparencia que el buen gobierno actual requiere respecto a las multinacionales.

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