edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
10/09/2013
Pérdida de valor

El futuro sistema de pensiones despierta dudas entre la opinión pública, que ve preferible trabajar `en negro´ a perder su dinero

Un informe del Instituto de Estudios Fiscales analiza la caída que experimentará el subsidio a raíz del plan del Ministerio de Empleo
ICNr

Las reacciones a la decisión del COI de arrebatar a Madrid la posibilidad de organizar los juegos olímpicos de 2020 siguieron sucediéndose durante la jornada de ayer, aunque hubo otros asuntos que ocuparon la atención de la opinión pública. Uno de ellos es la reforma pendiente de las pensiones, anunciada recientemente por la ministro de Empleo, Fátima Báñez, sobre la que aún no se conocen demasiados detalles. A pesar de ello, sectores especializados comienzan a valorar los efectos que ésta tendría, basándose en los estudios encargados por Empleo en los que se apoyará la renovación del sistema. Las conclusiones no son buenas y las reacciones ciudadanas no se han hecho esperar.

Ayer mismo se conocieron los cálculos llevados a cabo por los técnicos de Hacienda, que han hecho sus cábalas sobre cómo perjudicará el futuro sistema de cálculo a sus beneficiarios. Los pensionistas que empiecen a cobrar el subsidio en los 10 primeros años en que rija ese corrector, es decir, entre 2019 y 2029, ante la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad como el que Empleo ya ha anunciado, tendrán derecho durante ese periodo a una pensión un 5,8 por ciento menor que aquélla que les hubiera correspondido en 2012. Y las pérdidas no acabarán ahí: se producirán disminuciones de idéntica cuantía acuulándose en décadas posteriores en las que seguirá rigiendo el factor de sostenibilidad, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales. La conclusion es que, pasada la barrera de 2050, los nuevos jubilados cobrarán, en esos 10 años, un 22 por ciento menos de lo que les habría correspondido con el sistema actual.

La idea de Empleo pasaría por ajustar varias variantes: el ritmo al que se cobra, lo que un trabajador ha cotizado durante su trayectoria laboral, y el hecho de que esa persona va a tener una esperanza de vida larga. La lógica es conocida, y desde el Ministerio se ha explicado por activa y por pasiva que, gracias a que viviremos más, hay que espaciar en mayor medida el pago de lo que a los trabajadores cada vez más longevos les corresponderá. Todo ello para evitar la quiebra del sistema. Además, los ciudadanos recuerdan que la situación de crisis actual no ayuda a llenar la hucha de las pensiones: la descomunal tasa de desempleo y la exclusión de miles de trabajadores del mercado laboral –sobre todo en mayores de 45 años- que les arrastrará de por vida promete acrecentar el agujero que provoca el sistema actual. En definitive, hay una concienciación total entre la opnión pública de la necesidad de cambiar algo, y se sabe que se perderá con el cambio porque la situación no es la misma que antes. Pero, ¿cuál es el límite de lo tolerable? ¿Se está pensando en los efectos a largo plazo de la nueva fórmula y en hasta qué punto ésta permitirá mantener unos gastos mínimos para sus beneficiarios?

UNA SOLUCIÓN DESROPORCIONADA

En respuesta a estas dudas, desde Hacienda parece claro que con la aplicación de un coeficiente corrector que se acompase con la evolución de la esperanza de vida `va a quedar solventado el problema de la sostenibilidad´ de la Seguridad Social. Otra cosa es que, paralelamente, se esté trasladando íntegramente el problema a los beneficiarios, quebrando el espíritu de esta ayuda y dejándola en una `limosna´ que obligue a acudir a formulas privadas de forma paralela. Los expertos alertan de que, mientras se elimina un obstáculo, es posible estar cimentando otro igualmente grave: el `incremento de las posibilidades de generar bolsas de pobreza entre la población jubilada´.

Una pista la da el hecho de que Empleo no haya seguido a piesjuntillas las recomendaciones del grupo de expertos que lo asesoró antes de acometer la reforma del sistema de pensiones. Otra, el hecho de que la aplicación de la nueva fórmula se posponga hasta 2019, algo que los ciudadanos interpretan como una fórmula para `escurrir el bulto´ hasta dentro de unos años e implantar el sistema sin demasiada resistencia, aprovechando la existencia de problemas más graves y actuales a los que hacer frente. En todo caso, las dudas están ahí, y la opacidad de Empleo comienza a molestar a la opinión pública, que pide conocer la letra pequeña de la reforma cuanto antes para poder valorarla antes de que ésta se imponga sin diálogo, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de esta legislatura. Se trata de un `no´ al bombardeo de cambios sin reflexión, sobre todo cuando de lo que se habla es de un tema tan delicado como el de las pensiones.

En este sentido, los técnicos de Hacienda proponen que el componente corrector no esté ligado en exclusiva a la esperanza de vida, sino que sea sensible también a otras variables, como el ratio número de cotizantes sobre jubilados, o las tasas de ocupuación y fertilidad, el saldo migratorio o la productividad. Se trata, en todos los casos, de factores que `influyen muy directamente sobre el equilibrio financiero del sistema´, según el Instituto de Estudios Fiscales. Lo contrario podría suponer, según su análisis, que al aplicar un factor de sostenibilidad que radicara en exclusiva sobre la proporción de cotizantes sobre jubilados, en el entorno de 2050 se produjera una reducción acumulada para los nuevos pensionistas de hasta el 45 por ciento con respecto a las cuantías percibidas por los pensionistas en 2012. Un porcentaje tan elevado se reduciría de forma notable, hasta el 25 por ciento, introduciendo en el cálculo lavariable de la esperanza de vida.

Los ciudadanos, por su parte, atendieron al grueso de la reforma y hablaron de ella como el `último asalto al estado de bienestar´, perpetrado de manera que el Partido Popular no pierda el voto de los pensionistas de cara a 2016. Además, pidieron tener en cuenta la inflación en los cálculos estimatorios. `Cuando me jubile habrán bajado un 20 por ciento, al que si le sumo la inflación de un uno por ciento anual serían 30 por ciento nos da una rebaja del poder adquisitivo de mínimo un 50 por ciento´. Tampoco se dejó de lado uno de los efectos posibles de la reforma: el auge del dinero en negro. Si cotizar deja de ser `rentable´ y la confianza en la Administración decae, lo más probable es que los ciudadanos opten por llevar a cabo todas las triquiñuelas posibles para colaborar con el Fisco. Los propios lectores aseguraron que prefieren trabajar `en negro´ y evitar perder su dinero de cara al futuro, máxime cuando el Gobierno de turno puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento.

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