edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
18/11/2009
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

El ‘gas’ de los Kirchner y sus vaivenes tarifarios ahogan a las energéticas extranjeras y despejan el camino a su intervención

El incumplimiento tarifario, las amenazas de Enersa y las cargas fiscales para pagar la mano estatal en TGN dejan a Metrogas a los pies de los caballos de la deuda y a Repsol y BP con ganas de saltar
La Casa Rosada quiere dar ejemplo con las españolas: ya hay un plan para intervenir Metrogas y Autopistas del Sol si se deslizan hacia el default o levantan más la voz
Ana Zarzuela

Trataron de ponerlo sobre la mesa durante el periplo argentino de De la Vega, pero Cristina Fernández no dejó que las energéticas españolas le empañaran los brillos de su sintonía con Moncloa y las promesas de un nuevo acuerdo entre MERCOSUR y la UE. La presidenta le cantó a Zapatero el  ‘no pasaba nada’ y se entregó a otro estribillo de su milonga de nuevas ventajas fiscales y actualizaciones de precios para su mercado de la energía. Ha jugado a despejar el descontento que YPF, Techint y Petrobras clamaron a los vientos de Wall Street y a opacar la sombra del default con nuevas ofrendas de paz para las energéticas. Pero de la ‘milonga del paso a dos’, Cristina Fernández se devuelve al tango arrebatado, al son de la séptima reforma de la Ley de Emergencia Económica. 

 El regulador tiene ya sobre la mesa de BP y Repsol la hoja de ruta de la intervención estatal en Metrogas -la misma que ejecutó con TGN- si no hace frente en quince días a una deuda de 16 millones de dólares. No sería la primera vez, en 2007 Guillermo Moreno desembarcó durante un día en la concesionaria del gas para forzar el reemplazo de su directiva. La Casa Rosada suda la fiebre de su intervencionismo en  las empresas de servicios públicos y ensaya el aviso para navegantes en las espaldas de las multinacionales españolas, ahora que han puesto ya en la misma despensa a Autopistas del Sol -que recauda 12 millones de dólares mensuales y debe más de 1.143 millones con el lastre de la congelación de peajes de los Kirchner- si no paga el 23 de noviembre los intereses de su deuda. Se lo pone difícil a las exportaciones del gas -las de Chile tienen ya fecha final- y no atiende a los costes de las eléctricas;  hace cada vez más costosa la presencia del regulador sobre ellas y carga cada golpe de intervencionismo a sus espaldas: la mano estatal sobre TGN es mucho más que un ‘aviso para navegantes’ para Gas Natural Ban y Metrogas en las espaldas de Total: pagan ya 5,29 millones de dólares por ella. Ahora, Repsol, Endesa y Gas Natural se lo han dicho alto y claro a las puertas de la Casa Rosada: no va más. Las energéticas que operan en Argentina por primera vez buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales.

Estrechó los lazos de la Anses, levantó los baldosines de la liquidez ajena y ahora Cristina Fernández estrecha los muros de un laberinto al que Standard & Poor’s le ha puesto apellidos: es el reino de la “discrecionalidad” kirchnerista sobre los negocios energéticos y las inversiones de las multinacionales. Uno que, según los cálculos del banco, sólo a Metrogas le cuesta cada año más de 45 millones de dólares en el limbo tarifario. La Casa Rosada se piensa aún las tarifas gasistas que prometió hace casi un año, ha atrapado la producción y las regalías de YPF en su ‘guerra’ con las provincias petroleras, los dividendos de las eléctricas –Endesa entre ellas- llegaron tres meses tarde, por la puerta de parcialidad y con la ‘propina’ de más inversiones.

Estira otra falange de su mano de hierro, o al menos se lo hace ver a las multinacionales energéticas: Hay sed de golpes de efecto populistas en la Casa Rosada. Se bebe de nuevo el que iba a ser el ‘bálsamo’ de las tarifas revisadas del gas y de la luz aprobadas hace meses, las que congeló para la galería electoral y vuelve ahora a suspender. Y da marcha atrás en la desgravación por inversión en hidrocarburos. Buenos Aires ha hecho del ‘tango del tarifazo’ con Edesur y Edenorte -paso adelante y paso atrás- la última de las ‘piezas’ de un safari empresarial en el que busca demostraciones de control y promesas de inversiones sobrevenidas. Las alertas de Techint y de YPF ante la SEC llueven sobre mojado en las alarmas que encendió el informe de ocho ex ministros de Energía argentinos, reunidos para recordarle a los Kirchner que su modelo está al borde del colapso. Sólo la resolución del CIADI -el pago del Estado de 172 millones de dólares por la pérdida de valor de Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur- les recuerda a los Kirchner los límites de sus avanzadillas.

Ni Endesa -aunque Edesur ya supera desde el 14 de septiembre el bloqueo a sus dividendos- ni Petrobras, ni Metrogas están solas ante un aviso para navegantes a la patronal energética, que se resiste a las ‘vacunas’ oficiales. A las gasistas, las eléctricas y las petroleras las atrapa en un calendario en el que las ‘hojas’ de los acuerdos, los decretos y las licencias nunca acaban de caer. Si denuncian, demora aún más su horizonte tarifario, si intentan despejar el horizonte de su deuda por los atajos del default, lo neutraliza. Las multinacionales del sector respiran por las mismas heridas que han llevado a la Casa Rosada a imponer directivos en las empresas participadas por la Anses, a pelearle los dividendos a Techint, o a transferirle a la Secretaría de Comercio Interior unas nuevas riendas del mercado de las tarjetas de crédito. Pero el tambor de las amenazas hace eco con más fuerza en el sector energético: en el del gas, el Gobierno extrajo a un millón de clientes de las nuevas tarifas.

AMENAZAS A METROGAS

Sin el reajuste de precios prometidos -lo recuerdan sus accionistas de Repsol y BG- Metrogas rozará en menos de dos meses la suspensión del pago de deuda. No va más para la principal distribuidora de gas del mercado argentino. BP y Repsol estiraron, desde las promesas de la Casa Rosada en septiembre y el decreto de precios de octubre, las costuras de la paciencia. Pero ni el descenso del 91% en sus beneficios en el tercer trimestre, ni el aliento de la deuda de 250 millones de dólares ni la subida de costos del 190% desde 2001 le permiten transitar ni un trimestre más por el desfiladero en el que sus tarifas siguen congeladas desde hace una década.  Si llegan -advierte la Casa Rosada ahora- los 11 millones de dólares extras ya no llegarán a las arcas de la gasista: el Estado pondrá de largo con ellos un fondo fiduciario para mantener y expandir la red hasta que retire los contenciosos pendientes en tribunales internacionales.

Reedita los pasos que transitó con Transportadora del Gas del Norte (TGN), el rehén gasista de la guerra de los Kirchner con Techint. Lo saben BP y Repsol, sus principales accionistas, tanto que ya cruzan ultimátums con la Casa Rosada. El regulador, Enersa, no oculta que respira por las heridas de la denuncia que la anglo-española sostiene ante el Ciadi y se lo ha dejado claro, negro sobre blanco: si seguirá los pasos de TGN, intervenida desde que en diciembre de 2008 declaró el default de una obligación negociable de 22 millones de dólares sobre su deuda de 347 millones.

La dependencia del gas foráneo y el final de las exportaciones de GNL a Chile, el descenso de la explotación de crudo, la renuncia a las infraestructuras regionales que soñó y los recortes eléctricos acotan un nuevo ‘corralito’ con las empresas como víctimas y con las tarifas, las limitaciones a las exportaciones de energía, la intervención estatal en las Juntas Directivas de una veintena de empresas –la mitad de ellas energéticas-, o los muros del pago de dividendo como verjas del laberinto. Ni el atractivo de unas reservas que se han dejado caer, ni las concesiones de unas provincias petroleras que disputan tasas y regalías con la Casa Rosada y han visto cómo la explotación y exploración de hidrocarburos se reduce son suficientes para compensar la pérdida de las ‘reservas de la confianza’ de las multinacionales en la ‘energía’ de Argentina.

Los Kirchner les han recordado, a sangre y fuego, el peso del marco regulador y de la huella del intervencionismo. La llegada, gota a gota y por la puerta de la parcialidad, de los nuevos aumentos de las facturas del gas y la luz en octubre no opaca que aún quedan pendientes, en la nevera de la Casa Rosada, cinco decretos generales y una decena de acuerdos sectoriales. La renegociación de los contratos de las distribuidoras del gas -con Metrogas al frente- no tiene la autorización de Enargas y, a la vista de la nueva reedición -la séptima seguida- de la Ley de Emergencia Económica y de los avisos del regulador, no llegará por ahora.

De las nueve distribuidoras pendientes, sólo Gas Natural logro autorización para fijar los incrementos, una suerte que ni Camuzzi Sur, Camuzzi Pampeana, ni Gas Nea han podido materializar, a falta del decreto sancionador. Para Gas del Centro, Gas Cuyana, Gasnor, Metrogas y Litoral Gas, lo que nunca llegó es la fecha administrativa de aplicación de los cinco decretos que esperan desde su publicación el 26 de marzo. Nada que no haya vivido Gas Natural Ban. Y nada que no salpique, por igual al sector eléctrico, con Endesa en cabeza: en siete años Edesur sólo ha podido hacer efectivo un aumento del 15% (en febrero de 2007) y limitado a los usuarios no residenciales.

Con la temporada alta la casa Rosada y el Enre (Ente Regulador de Energía Eléctrica) sangran por las heridas del recuerdo del desabastecimiento. Agobiado por el peso de los subsidios, el Gobierno descongeló a fines de 2008 las tarifas de luz y gas para los hogares residenciales. Pero menos de un año después, le fallaban las cuentas del populismo. La marcha atrás en su plan de reajuste tarifario y la exclusión de un millón de nuevos hogares (otros 300.000 habían sido ‘tocados por la mano de Kirchner en abril) compensaron la denuncia del Defensor del Pueblo y taponaron en junio el reclamo de inconstitucionalidad. Pero ahora necesita nutrir las arcas del Estado y ajustar el sudoku del déficit energético.

Para empezar, ha comenzado a orquestarlo ya con las facturas de sus reguladores: Enargas les cobrará a las empresas 71,37 millones de dólares para controlarlas, un 34,35% por encima de los  53,12 millones de 2008, y casi un 200% más que los 24,40 millones que desembolsaron en 2001, cuando el peso era aún convertible con el dólar. Una tendencia que sigue el ENRE, que regula a las empresas del sector eléctrico: les cobró a firmas como Edenor, Edesur, Edelap y Transener $ 76,87 millones este año, un 46% más que en 2008.

En la electricidad, los Kirchner buscan ahora rentabilidad en la guerra con las eléctricas y el repudio al ‘tarifazo’ que apadrinaron en mayo. Ni siquiera las manipuladas estadísticas oficiales disimulan la situación. La demanda eléctrica se ha reducido, incluso según el Indec. Ni siquiera ocurrió en la recesión del efecto tequila, con una caída de cuatro puntos del PBI El amago de emboscada a la participada por Endesa  -Edesur- fue sólo ‘una mancha más para el tigre’, no fue muy diferente a lo que ejecutaron en 2008 con Edelap: a Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. Ya en 2008 invirtió 84 millones de euros, casi el doble que en 2007. A Camuzzi (62 millones de pesos), TGS (30 millones), Gas Natural (6 millones) y Distribuidora de Gas Cuyana (8,5 millones) la luz verde al reparto de dividendos entre sus accionistas ya les costó antes de las elecciones una concreción al alza de las inversiones previstas.

A Edesur, Edenor y Edelap, intenta compensarles ahora con la luz verde -tras dos años de demora- para cobrar la deuda de 60 millones de dólares por el servicio eléctrico a las villas (barriadas) y los asentamientos del Gran Buenos Aires, a los que -a cambio- suministran sin cortes por impago, como una ‘obligación social’ con la Casa Rosada. Y ahora la Casa Rosada desanda el guiño fiscal que les hizo en julio a  las petroleras, tan sólo uno días después de que YPF anunciara su inversión de 348 millones de dólares (suficiente para que el país mejore en un 18% la refinación y la producción de naftas) decidía incluir la construcción de las plantas refinadoras en el Programa de beneficios impositivos. Eso era antes de la debacle electoral y los apuros del invierno austral. Por si acaso,  la Casa Rosada sigue enseñando los galones del intervencionismo: ha dejado claro con el antecedente de la papelera Massuh y Quilmas que el medio centenar de fábricas y empresas que quedaron a cargo del Estado por quiebras sólo pagarán su consumo energético -si llega el caso- en especie.

LA ‘FIEBRE’ DEL INTERVENCIONISMO

Ni la limitación del voto al 5%, ni la imposibilidad de sumar acciones individuales de las AFJP y la incapacidad estatal -teórica- para nombrar directores alteraron los planes de la Casa Rosada por el atajo de las AFPJ. Los Kirchner se encapricharon, para empezar, del gas y la electricidad, con la llave de la regulación de los sectores estratégicos en una mano y la avidez por el control de las grandes compañías en la otra: han desembarcado en las juntas directivas de Camuzzi Pampeana y Gas Cuyana y han colocado a Simón Dasensich en la Junta de en Endesa Costanera y al sindicalista Bassi en la de Gas Natural Ban y han aterrizado con directivos y síndicos en Siderar, Edenor y EMDERSA, entre casi otra veintena. Y prometen ahora acometer la segunda ‘ronda’, la repesca de los que se resistieron a tender la alfombra roja a los enviados de la ANSES.

Pero los tentáculos de las AFPJ ya le saben a poco a Cristina Fernández. Levanta los baldosines propios y ajenos, en busca de liquidez y actos de fe para inversiones futuras. Por eso hizo en junio de Edesur la última de las ‘piezas’ de un safari empresarial en el que busca demostraciones de control y promesas de inversiones sobrevenidas. El amago de emboscada a la participada por Endesa  fue sólo ‘una mancha más para el tigre’, no fue muy diferente a lo que ejecutaron en 2008 con Edelap: a Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. A Camuzzi (62 millones de pesos), TGS (30 millones), Gas Natural (6 millones) y Distribuidora de Gas Cuyana (8,5 millones) la luz verde al reparto de dividendos entre sus accionistas ya les costó antes de las elecciones una concreción al alza de las inversiones previstas.

Se lo han dicho, claro y alto y en foros ajenos Techint -TGN- e YPF: las distorsiones entre los precios locales y los internacionales, el abrazo argentino a los subsidios, los cortes de energía ordenados por el Ejecutivo al tejido industrial, la inflación, la flotación administrativa del peso, las barreras regulatorias y los altos impuestos a la exportación son las señales de humo del fuego de la crisis energética con la que coquetea ya el país. Las exigencias más estrictas de abastecimiento de las estaciones de servicio, y la importación de fuel a precios internacionales para satisfacer la demanda local “a precios locales significativamente más bajos” les quitan oxígeno a la operación de las multinacionales energéticas. Repsol fue forzada más de una vez  a renegociar los contratos de exportaciones con previa autorización del gobierno. No pueden asegurar que puedan ser renegociados en términos favorables y menos aún que la carga fiscal no aumente a medio plazo. El sector petroquímico perdió atractivo para las compañías extranjeras cuando Néstor Kirchner fijó el precio máximo por barril que obtienen las petroleras y, de esa manera, restringió las ganancias corporativas. Y las líneas rojas del suministro gasista encadenan los cortes en las plantas de generación eléctrica.

MODELO ENERGÉTICO EN ALERTA

No son los ocho ex secretarios de Energía los únicos que advierten a la Casa Rosada: “Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto". Si no hay inversiones en generación y transporte de energía, no será sólo la rentabilidad de las multinacionales y el abastecimiento los que estén en peligro. Las reservas de gas se han reducido un 43% desde el 2000. Ni la caída del consumo por la reducción de la actividad industrial ni los esfuerzos de Cristina Fernández por fortalecer los lazos del gas y del petróleo con Hugo Chávez a cambio de carne argentina han aminorado el impacto de las zozobras bolivarianas: Bolivia ha reducido sus envíos a la mitad que hace un año (tan sólo un tercio de los 5 millones diarios acordados) y a la planta regasificadora que se prometían Venezuela y los Kirchner ni está ni se la espera, ha corrido la misma suerte que el complejo entre Pdvsa y la estatal argentina Enarsa en la Faja del Orinoco. Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo han descartado el anillo de gasoductos regionales con el que soñaron los Kirchner y Alan García. Hasta Lula -con una inversión de 7.000 millones de dólares en plantas gasistas- ha entendido que por las venas energéticas del sur no correrá el gas de Argentina, por más que el gobierno resucite de nuevo el proyecto del Gasoducto del Nordeste.

Son sus propios vecinos los que le recuerdan las líneas rojas de un terreno de juego cada vez más estrecho para las energéticas españolas. Lo ha hecho ya Michelle Bachelet, ahora que tiene a mano el polo de regasificación de Quintero, la llave no sólo a la autonomía, sino a la venta al mercado argentino por primera vez, después de años de cortes del suministro y del último ‘kirchnerazo’, con el que la Casa Rosada duplicó el impuesto a la exportación del gas. Endesa y Metrogas- paradojas del modelo argentino- podrán aprovechar su participación para darle la vuelta al ‘embudo’ gasista de los Kirchner. Serán los envíos de Trinidad y Tobago -más seguros y un 50% menos costosos- los que nutran las urgencias chilenas. Y los que permitan a la mano de Repsol en Metrogas y a Endesa (a través de su filial local) diversificar gracias a las grietas energéticas de la Casa Rosada.  A medio plazo, serán también los padrinos del tratamiento de choque gasista argentino.

Las reservas de gas se han reducido un 43% desde el 2000. Ni la caída del consumo por la reducción de la actividad industrial ni los esfuerzos de Cristina Fernández por fortalecer los lazos del gas y del petróleo con Hugo Chávez a cambio de carne argentina han aminorado el impacto de las zozobras bolivarianas: Bolivia ha reducido sus envíos a la mitad que hace un año (tan sólo un tercio de los 5 millones diarios acordados) y a la planta regasificadora que se prometían Venezuela y los Kirchner ni está ni se la espera, ha corrido la misma suerte que el complejo entre Pdvsa y la estatal argentina Enarsa en la Faja del Orinoco. Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo han descartado el anillo de gasoductos regionales con el que soñaron los Kirchner y Alan García. Hasta Lula –con una inversión de 7.000 millones de dólares en plantas gasistas- ha entendido que por las venas energéticas del sur no correrá el gas de Argentina. Es el único vértice huérfano del triángulo de las Bermudas energéticas del cono sur abocado a importar GNL y a depender de sus vecinos, ahora que Uruguay se prepara para instalar una nueva planta de gas natural licuado en Montevideo.

GAS NATURAL, A CUBIERTO

Gas Natural se salvaguarda. La presencia del enviado estatal en GN Ban llegó en abril, para los de Salvador Gabarró. Pero con el 50,4% de las acciones en las riendas de la española, ni el control ni la estrategia se cuestionan. Y eso no tiene capacidad de erosionarlo el Gobierno argentino al que, hasta ahora, la compañía presidida por Salvador Gabarró -presente en Argentina desde 1992, con cerca de 1.380.000 clientes y responsable de la distribución de gas natural en la provincia de Buenos Aires Norte- ha sabido encontrarle el ritmo y despejar el camino a revisiones tarifarias en 2007 y septiembre de 2008 y un contrato prorrogado hasta 2027. Para Gas Natural, la respuesta pasaba por la ‘argentinización’ que a Antoni Brufau le funcionó con Eskenazi en YPF. 

La venta del 19,6% de Gas Natural BAN el pasado trimestre le ha permitido hacerse con un tentetieso argentino ahora que el Estado desembarca  en la gasista por la puerta de las pensiones y responder al desafío de Gazprom en la construcción del Gasoducto del Noreste. Ahora promete no levantar el acelerador de las inversiones, pero mira a México y Brasil y mueve sus fichas argentinas para diversificar y rebajar la exposición a los vaivenes de los Kirchner. Paradojas del peronismo, las AFJP pueden ser la ofrenda de paz de la Casa Rosada: hasta ahora, debían destinar un 5% a sectores productivos; si quieren, los Kirchner le pueden poner el apellido de YPF o de Gas Natural Ban y abrirles además a Gabarró y Brufau el acceso a los planes de producción industrial e infraestructuras energéticas.

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