edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
10/07/2010

El Gobierno acaba, en plena Campaña del Impuesto sobre Sociedades, con la incertidumbre sobre las operaciones vinculadas

Desaparece la obligación cuando el volumen total de las operaciones efectuadas con la misma persona o entidad no supere los 250.000 euros
Xavier Gil Pecharromán

El Gobierno ha puesto fin a la incertidumbre creada sobre la declaración de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas, que estaban a falta de un Real Decreto que aclarase quienes quedaban exentos de estas obligaciones. La tensión era enorme entre empresarios y asesores fiscales puesto que  las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones formales llegan a 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por cada conjunto de datos omitido, inexacto o falso. Además, en caso de correcciones valorativas por la Inspección de Hacienda, la sanción consiste en una multa pecuniaria proporcional al 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con el mínimo del doble de la sanción que correspondería por aplicación de las multas citadas anteriormente.
· Referencia del Consejo de Ministros

Desaparece, por tanto, la obligación de documentar las operaciones vinculadas cuando el volumen total de las efectuadas con la misma persona o entidad no supere los 250.000 euros, con independencia del tamaño de la empresa y del carácter interno o internacional de las operaciones.
 
La entrada en vigor de las medidas de documentación generó un enorme debate entre los empresarios y los asesores fiscales que veían imposible el cumplimiento de semejantes operaciones, por la dificultad de obtener, por ejemplo valores comparados con las empresas competidoras, además de por los enormes costes y esfuerzos de personal que suponían.

Estas medidas tienen carácter retroactivo desde el 19 de febrero de 2009, por ser la fecha a partir de la cual resultan exigibles las obligaciones documentales,  través de la entrada en vigor del Real Decreto 1793/2008, el 19 de noviembre de 2008, que estipulaba que las obligaciones de documentación reguladas en la sección 3ª y 6ª del capítulo V del título I del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades entrarían en vigor a los tres meses, es decir: el 19 de febrero de 2009.

Las operaciones vinculadas son compraventas que realizan las empresas dentro de un mismo grupo o con los socios particulares y sus familias. Se trata de uno de los objetivos de control del fraude fiscal más importantes en el ámbito internacional y, desde febrero de 2009, obligaba a entregar el cálculo de valor de dichas operaciones entre la documentación necesaria para el Impuesto de Sociedades.

A partir de ahora, se mantiene junto con las operaciones superiores al cuarto de millón de euros, la obligación de documentar estas operaciones con paraísos fiscales, con personas físicas en estimación objetiva y las transmisiones de negocios, carteras, inmuebles o intangibles.
 
El Real Decreto que regula estas modificaciones era ‘desesperadamente’ esperado por quienes tienen que cerrar en estos días las cuentas y realizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2009.

Esta medida modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en cumplimiento, del mandato contenido en el Pacto de Zurbano, aprobado el pasado 9 de abril, que establecía un plazo de tres meses para incluir estos cambios.

Este Real Decreto Ley eximía ya de tal obligación a aquellas empresas cuya cifra de negocio durante el ejercicio fiscal no superara los ocho millones de euros, siempre y cuando el importe conjunto de las operaciones vinculadas realizadas por la empresa en dicho período no superara los cien mil euros.

Así, la mayoría de las empresas han quedado liberadas de tener que documentar estas operaciones, que suponían unos costes desmedidos para las sociedades y que habían situado fuera de la Ley a la mayoría de ellas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas.
 
Como consecuencia del Real Decreto aprobado, dicha exoneración se extenderá también a las operaciones que se realicen entre agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas (UTE) para cualquier operación que realicen con una entidad del mismo grupo fiscal al que pertenezcan sus miembros. También será efectiva para las entidades de crédito integradas a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), en las operaciones que tengan relación con el cumplimiento del referido sistema.

Y, atención, porque esta no ha sido la única medida aprobada por el Consejo de Ministros con incidencia en las empresas, puesto que ha aprobado la reforma que adapta la regulación en materia de contrabando al Código Penal. Por ello, cambia el concepto de delito de contrabando y se delimitan los criterios de graduación de las infracciones administrativas en relación al actual modelo de gestión del control aduanero.

Asimismo, se aumenta el límite inferior de las cuantías establecidas para la calificación penal de los ilícitos de contrabando y se incluye la definición del principio de concurrencia de sanciones con idéntica regulación a la de los supuestos tributarios.

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