edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
23/01/2012

El Gobierno alienta las esperanzas para “amnistiar” a las casas antiguas del perímetro de costa protegido

 Xavier Gil Pecharromán
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que  anunciaba hace unos días una profunda reforma de la Ley de Costas ha dado pábulo a las esperanzas de las comunidades autónomas de poder salvar los núcleos de viviendas situados en la zona marítimo-terrestre protegida por la Ley del Suelo desde 1998. La intención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es prorrogar las concesiones, para mantener el desarrollo de las empresas relacionadas con actividades marinas. Las palabras del ministro, pronunciadas durante la toma de los altos cargos del Ministerio, han generado un agrio debate entre quienes apoyan la medida y quienes la rechazan, porque son miles las viviendas que se encuentran en esta situación.

Así, la Xunta de Galicia no sólo ha amnistiado miles de viviendas construidas en suelo rústico, tras la dejación de sus funciones de control urbanístico, sino que ahora desentierra también un viejo proyecto, que los Tribunales Constitucional y Supremo habían desbaratado, como es lograr que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística y de protección del medio rural de Galicia que permita un recorte del área de dominio marítimo terrestre desde los 100 metros a los 20 para los núcleos de viviendas creados con anterioridad a 1988, fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas.

La Xunta trata lograr que se reconozca de forma oficial como núcleos urbanos el centenar de asentamientos tradicionales marineros que quedaron clasificados como suelo rústico, sin posibilidad de nuevas construcciones construir y con restricciones para acometer cualquier reforma en las casas que no sean las precisas para su mantenimiento.

Esta diferencia de 100 a 20 metros es la que se prevé en la Ley del Suelo estatal para construcciones de características especiales, pero la Xunta no fue capaz en su momento de demostrar que los núcleos de viviendas que defiende eran anteriores al año 1988.

El Tribunal Constitucional derogó el articulado en la que se había incluido esta modificación. Y en 2009 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad un nuevo acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado que reconociera como núcleos urbanos estos emplazamientos, iniciativa que hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Mientras tanto, la Xunta no ha realizado el deslinde que sí se ha realizado en otras zonas de España en situaciones similares. Para las viviendas anteriores a 1988, el Ejecutivo tenía que articular una fórmula de concesión, cediendo el inmueble a su anterior propietario por un plazo de 30 años, prorrogables otros 30. Y para el resto, debería haber ordenado el derribo.

En el caso del Tribunal Supremo, la sentencia, de 13 de mayo de 2011, señalaba que la incoación del expediente de deslinde, con el señalamiento de la línea provisional, impide el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público delimitado de forma provisional y prohíbe la aprobación de Planes Urbanísticos que lo desconozcan y a tal finalidad obedecen los artículos 112.a/ y 117 de la Ley de Costas y 205.1.a/ y 210.3 y 5 de su Reglamento aprobado por Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre.

Hasta ahora, existía tan solo un Plan B, a través de la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del Grupo Mixto en la que se reconoce que la citada regulación ha contado con el más amplio apoyo parlamentario y social en Galicia, ya que proporciona una respuesta idónea a la grave problemática de uno de los aspectos característicos de su realidad urbanística costera, que está ocasionando una importante inseguridad jurídica a muchas familias gallegas.

La proposición considera que, por tanto, se debe incorporar a la Ley de Costas, la regulación específica de las particularidades de los asentamientos poblacionales tradicionales en la costa gallega, contenida ya en la legislación autonómica, al objeto de dotar de coherencia a la regulación de estas situaciones y evitar la existencia de posibles dificultades interpretativas que generen inseguridad jurídica.

Exactamente, se afirma que “en los deslindes del dominio público marítimo terrestre el límite interior de su zona de servidumbre de protección habrá de ajustarse a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la Administración urbanística autonómica”.

Sin embargo, la Xunta le puede salir ‘un grano’ en esta actuación por el caso ENCE, ya que quiere no renovar y, por tanto, acabar con la concesión  de la papelera que se asienta sobre el dominio marítimo-terrestre protegido en la Ría de Pontevedra, que concluye en 2018. Se trata de una promesa electoral que el PP está dispuesto a cumplir a pesar de las presiones de las centrales sindicales representativas en la empresa.

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