edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
08/04/2014
Hora de reordenar las empresas públicas

El Gobierno amplia el grupo de empresas `no estratégicas´ para privatizar más

Plantea deshacerse del 80% de las empresas para ingresar 40.000 millones de euros
Juan José González

El Plan Público de Empresa (PPE) adquiere forma a medida que pasan los meses y conforme a la agenda que marcan las necesidades, tanto políticas como presupuestarias. El Partido Popular está muy cerca de finalizar el plan de remodelación de las participaciones públicas en empresas, dispersas bajo una multiplicidad de formas jurídicas, sectores, mercados, mayoritarias, minoritarias y, más o menos, estratégicas. En el PPE, como es lógico y también como difícilmente podría ser de otra forma, aparece la larga sombra de Moncloa. Sombra que quiere controlar y decidir, finalmente, cuál va ser el futuro del complejo grupo empresarial integrado a día de hoy por 220 sociedades y donde parece haber de todo: sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, de derecho público y algún ente que no encaja exactamente en la tipología societaria conocida.

Moncloa tiene en este asunto un triple objetivo: político, económico y empresarial. Y cree llegada la hora de hacer caja para el Presupuesto futuro, pero también de paso, reducir el tamaño del grupo y hacer limpieza a fondo, eliminando mediante ventas y cierres tanta diversidad empresarial. Llama la atención que, en aras de maximizar ingresos, Moncloa califica de `no estratégicas´ al 80% de las sociedades.

Ya se sabe que en tiempos de crisis las necesidades suelen desbordar cualquier previsión. Algo así es lo que le sucede al Gobierno, a pesar de que el cierre del déficit público en 2013 (6,6%) no se pueda decir que haya sido negativo para sus intereses y objetivos. Considera el Ejecutivo que se han cumplidos los planes y que Bruselas ha visto con buenos ojos que no cabía hacer más esfuerzo -en forma de recortes- para cumplir con el 6,5% pactado. Así que el 6,6% de déficit, al margen de consideraciones de cálculo contable, se ha logrado a base de reformas, ajustes, recortes y mucha `técnica´ presupuestaria. Pero se ha logrado. Sin embargo, llegar al 4,2% para el presente, es harina de otro costal, se hace cuesta arriba porque el compromiso será más duro, pesado e impopular, y de mayor coste político que el de 2013, pues la maquinaria electoral para las generales ya estará trabajando al máximo rendimiento.

En todo caso, cualquier actuación sobre el grupo de empresas públicas fue considerada desde la llegada del Partido Popular al poder como una especie de silo o reserva estratégica para el futuro. Y el futuro se ha convertido en presente antes de lo previsto, inicialmente para el segundo semestre de 2014, momento en el que se esperaba dar el golpe y "hacer la revolución de la empresa pública" -en palabras de un técnico de Hacienda- lo que confirma que ha llegado el momento de poner en valor empresas y entes públicos, de desinvertir. Es el objetivo económico, el encargado de colaborar para hacer caja y poder cumplir el objetivo del 4,2% pactado para el presente año. 

Para alcanzar el objetivo político se impone reducir la presión fiscal y rebajar el ritmo de los recortes. Ahora hay que buscar ingresos, lo que necesariamente pasa por privatizar la mayoría de las 220 sociedades y entes públicos. Demasiadas participaciones con más problemas que beneficios y que en su mayoría entran ahora -el plan de Moncloa- en una calificación más amplia y generosa del criterio estratégico. Al parecer, los técnicos se han guiado en esta ocasión por las necesidades de ingresos, el cual se vería más favorecido en la medida en que hubiera un mayor número de empresas no estratégicas y, por tanto, susceptibles de ser privatizadas.

La opinión dominante entre los técnicos encargados del PPE, es que la privatización de las participaciones empresariales que dependen del ministerio de Hacienda deberán seguir la estela de las participaciones del ministerio de Fomento (Adif, Renfe, Puertos del Estado, Ineco y Aena) y que son consideradas como el núcleo principal de los planes de privatización del actual Gobierno. Y siguiendo el criterio de la "ausencia de justificación para la presencia del Estado en la mayoría de las empresas públicas" debido a concurrencias con empresas privadas, hace posible la salida del Estado sin necesidad de otras justificaciones. 

En juego están entre 32.000 millones y 40.000 millones de euros de ingresos por la venta de participaciones públicas, y la diferente entre una y otra cifra dependerá de flexibilizar el criterio de actividad estratégica para el Estado, algo que deberán decidir en Moncloa los ministros de Hacienda y de Fomento. En cualquier caso, la Agencia Efe, RTVE, Red Eléctrica, CDTI, Enusa, Icex e Idae, se consideran estratégicas, si bien no es necesaria la presencia mayoritaria del Estado.

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