edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
05/12/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno amplía en dos años el periodo de desinversión del FROB en las entidades bancarias

Xavier Gil Pecharromán
El Gobierno ha decidido extender el plazo de desinversión del FROB en dos años adicionales, desde los cinco actuales hasta los siete, con la posibilidad de que, si fue a necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos de la resolución, este plazo se ampliase nuevamente por el Consejo de Ministros.
Así se regula en el Real Decreto-ley  de medidas urgentes en materia financiera, publicado en el BOE el pasado sábado. El artículo 31.4 de la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, establecía un plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha de su suscripción o adquisición, para la desinversión por el FROB de las acciones ordinarias o aportaciones al capital social que hubiera adquirido en el marco de los procesos de reestructuración y resolución.

Si bien esta Ley, ha sido derogada en su práctica totalidad por la Ley 11/2015, de 18 de junio, aquella sigue siendo de aplicación a los procedimientos de reestructuración y resolución iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este último texto legal.

La consecuencia de esta subsistencia transitoria de este régimen es que el FROB debe proceder a la desinversión en las entidades en las cuales participa en un plazo de tiempo determinado, el que resta por cumplirse de los mencionados cinco años, que resulta manifiestamente insuficiente, pues las exigencias normativas y técnicas y la experiencia demuestran que los procesos de desinversión de este tipo de entidades requieren de un período de tiempo superior a un año.

La desinversión de estas entidades en dicho plazo dificultaría seriamente el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la resolución, que es asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, puesto que se tendría que producir con rapidez y al margen de las condiciones del mercado. Y es precisamente este riesgo el que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la medida y, por lo tanto, su adopción mediante real decreto-ley.

Por otra parte, el Real Decreto-Ley introduce una modificación del esquema de registro de las eventuales minusvalías resultantes de la aplicación de la normativa contable que se realizará en el patrimonio neto de la SAREB.

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, habilitó al Banco de España para fijar un marco de valoración de la cartera de la SAREB, que se concretó mediante circular. Ahora, mediante esta forma de registro se asegura que su régimen contable es coherente con el mandato de desinversión a largo plazo que tiene que desarrollar y que se consideró en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera acordado con las autoridades internacionales. Los efectos de la aplicación de esta norma se tratarán contablemente como cambio de criterio contable.

Según el Gobierno, la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma obedece a que la volatilidad de la evolución del mercado inmobiliario ya ha tenido un impacto en la cuentas de la entidad, lo que ha obligado a la realización de modificaciones estructurales.

Si antes del cierre de cuentas de 2016 no se tomasen medidas esta volatilidad volvería a tener un serio impacto, con las consecuencias jurídicas que ello implica, y a comprometer la viabilidad a medio plazo de la entidad. Todo ello supondría un incumplimiento sobrevenido de las condiciones del Memorando de Entendimiento y una inconsistencia grave con el mandato y los objetivos generales de la SAREB.

Finalmente, el Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, recibe la autorización del Gobierno para firmar el llamado ‘Contrato de facilidad de préstamo’ con la Junta Única de Resolución y la habilitación a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para operar con el Fondo Único de Resolución. España era uno de los pocos Estados miembros pendientes de celebrar el contrato.

Este organismo entró en funcionamiento el 1 de enero de 2016 y será dotado progresivamente por las contribuciones bancarias durante un periodo transitorio que tendrá lugar entre 2016 y 2024, hasta alcanzar un tamaño equivalente al 1% de los depósitos garantizados.

El Mecanismo Único de Resolución, en vigor desde 2015, es uno de los pilares del proyecto de Unión Bancaria y tiene encomendada la resolución de las entidades financieras de los Estados miembros que forman parte de la Unión Bancaria.

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, prevé que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (SAREB) debería cumplir con las obligaciones generales de formulación de cuentas anuales con las especificidades necesarias para asegurar la consistencia de los principios contables que le sean de aplicación con el mandato y los objetivos generales de la sociedad establecidos en dicha ley y los que se fijen reglamentariamente.

El Real Decreto-Ley deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley y dos disposiciones finales que regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley y su régimen de entrada en vigor, que tiene lugar el día de su publicación en el BOE.

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