edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
19/03/2013

El Gobierno aplica las reglas de unidad de mercado al traslado de residuos peligrosos

Xavier Gil Pecharromán
El traslado de residuos peligrosos entre comunidades autónomas pasará a estar regulado por el Estado, en un Real Decreto-Ley, que actualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que plantea la puesta en marcha el `contrato de tratamiento´ y la figura del `operador de traslados´, que será el responsable de que se traten debidamente.

La necesidad de mantener la unidad de mercado dentro de la estricta observancia de las normas sobre protección del medio ambiente, y de respetar el principio de la libre circulación de mercancías –si bien muy matizado cuando se trata de residuos y especialmente si son peligrosos- aconseja la adopción de criterios comunes, aplicables a todos los traslados que se realicen en el territorio del Estado.

El `operador del traslado´ como la persona física o jurídica que traslada o pretende hacer trasladar residuos a otra comunidad autónoma para su tratamiento. Es por tanto la persona que organiza el traslado, y por consiguiente la que decide cuál debe ser el tratamiento que debe darse a los residuos y el destino de los mismos –entendido como el lugar físico al que se trasladarán-.

El operador será, como regla general, el productor de los residuos. Ahora bien, si éste entrega los residuos para su tratamiento a un recogedor titular de un almacén autorizado o a un negociante, éstos podrán ser los operadores del traslado en lugar del productor. La determinación del operador es importante a los efectos del control administrativo de los traslados y de la aplicación del régimen de vigilancia y sanción previstos en la Ley 22/2011, de 28 de julio. Por ello, el futuro real decreto establece que en caso de que todas las personas anteriores sean desconocidas se considerará operador del traslado la persona física o jurídica que esté en posesión de los residuos.

El real decreto contempla una excepción a la consideración del productor como operador. Se trata de los casos en que  cuando se trate de la recogida de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos de diferentes productores que se trasladan a una instalación de almacenamiento situada en otra comunidad autónoma; en este caso se contempla la posibilidad de que sea el titular del almacén el que actúe como operador y notifique previamente el traslado desde cada lugar de producción al almacén.

El titular del almacén será asimismo el `operador de los traslados´ que se produzcan desde el almacén hasta otras instalaciones para tratamientos posteriores. Un ejemplo de esta situación sería la recogida de aceites industriales usados procedentes de talleres de reparación situados en una o varias comunidades autónomas, que se llevan temporalmente a un almacén situado en otra comunidad autónoma distinta, a la espera de su traslado a una instalación de regeneración situada en una tercera, en este caso el operador del traslado desde cada taller al almacén será el titular del almacén.

Se incluyen también las definiciones de `Documento de identificación´, que acompaña e identifica a los residuos en todo tipo de traslado, y el “Contrato de tratamiento” -”: el acuerdo entre el operador y el destinatario del traslado que establece, al menos, las especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias- equivalente al denominado “documento de aceptación” vigente en la actualidad.

La razón de este cambio de denominación está en la confusión que se ha producido en el pasado entre la “aceptación” como documento que plasma el acuerdo entre productor y gestor de los residuos que garantiza que los residuos serán tratados adecuadamente y la “aceptación” como el hecho físico de admitir en la planta de tratamiento los residuos entregados por el transportista que ha efectuado en traslado.

El traslado de residuos destinado a la eliminación deberá notificarse previamente porque este tipo de tratamiento ocupa el último lugar en la jerarquía de residuos consagrada en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y por tanto debe proporcionarse a la Administración la ocasión de que valore si existe una alternativa más razonable que trasladar los residuos a otra comunidad autónoma para su eliminación, de acuerdo con los principios de autosuficiencia y proximidad, sentados también en la ley.

El procedimiento de notificación previa se ha diseñado teniendo presente la necesidad de simplificar y facilitar a los operadores los trámites administrativos, y para ello el plazo que se otorga a las administraciones para manifestarse –diez días- es muy breve, y el silencio administrativo tiene carácter positivo, de manera que si en dicho plazo no hubiese pronunciamiento el operador podrá efectuar el traslado.

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