edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
03/12/2012
Las autoridades consideran que una inflexión en las cuentas exteriores es un cambio de tendencia

El Gobierno archiva hasta marzo considerar un rescate para España

Carlos Schwartz

“El Gobierno ha descartado considerar una solicitud de rescate a la Unión Europea (UE) de momento y ha archivado la cuestión hasta el cierre del primer trimestre de 2013 en marzo”, afirmó rotunda una fuente de medios financieros que dijo estar al tanto de los debates en el seno del ejecutivo. La fuente afirmó que esta decisión está basada en la convicción de que “la situación de la macroeconomía española mejora”. Esa presunta mejoría sería obra de los aciertos de política económica del Gobierno, según la fuente. Mientras, el goteo de moderado optimismo que el Gobierno viene expresando en torno a las cifras de la economía española amenazaba con desbordar el pasado viernes tras el anuncio de las cifras de balanza de pagos.

Por primera vez desde junio de 2011 el Banco de España (BdE) reducía su posición deudora con el Banco Central Europeo (BCE). Aunque la cifra acumulada entre enero y septiembre sigue siendo espectacular, 233.523 millones de euros. Lo que arrancó sonrisas fue la entrada de dinero bajo la forma de inversiones de cartera con 9.745 millones de euros y “otras inversiones” con 5.585 millones de euros. En agosto la cifra de inversiones de cartera también había sido positiva aunque en poco más de 2.000 millones de euros.

“El Gobierno considera que esas cifras suponen un cambio de tendencia y que el grifo de la inversión extranjera en deuda pública española se ha abierto y ha hecho sostenible la financiación del gasto público”, afirmó la fuente. La misma apuntó que por otra parte el Tesoro ha logrado hacer caja para cubrir las necesidades al menos hasta marzo de 2013, y que el ejecutivo considera contra el pronóstico de la mayoría de los analistas privados que el déficit público está bajo control. Lo cierto es que en el afán de contener el déficit del Estado el Gobierno bajo la presión de la troika formada por el BCE, la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que no ajustará las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre. El ahorro restará al déficit de la Seguridad Social 4.000 millones de euros, pero aun así las posibilidades de que el déficit central quede en el objetivo fijado o por debajo de él son escasas.

“Lo grave es que el Gobierno ha tomado una inflexión en las cuentas exteriores como un cambio de tendencia, y es poco claro que sea así”, señaló la fuente. “Estamos ante un equilibrio sumamente precario porque la estabilidad que se percibe desde finales de julio es el resultado del anuncio por el BCE de su mecanismo de Transacciones Monetarias Directas (OMT, por sus siglas en inglés) que es el mecanismo diseñado para la compra de deuda pública de los países que soliciten formalmente un rescate”, señala una fuente de un fondo internacional de inversión en deuda soberana.

Esta fuente explica que la precariedad estriba precisamente en la posibilidad de que al no solicitarse el rescate en el medio plazo se vuelva a sufrir un episodio de castigo por parte de los mercados. “El problema no es solo ese. Hay un aspecto que no está vinculado a las cuentas del Estado sino a la actividad de los agentes económicos. Incluso si el Gobierno logra que su endeudamiento sea sostenible, será a costa de la asfixia financiera de las empresas y el de la sociedad en general”, afirma una fuente de un grupo empresarial español. Esta afirma que ”los bancos destinan su liquidez a financiar al Estado como negocio más seguro, o tienen sus inversiones atrapadas en deuda pública soberana. Uno de los efectos de un rescate que adquiera deuda soberana es limpiar las carteras de los bancos que verían sus recursos liberados para destinarlos al crédito. Eso no va a ocurrir mientras no entre en funcionamiento el OMT del BCE”.
 
Este es el motivo de fondo por el cual buena parte de los dirigentes de las empresas españolas se encuentran enfrentados a la negativa del Gobierno a solicitar un rescate a Bruselas. Mientras, miran con profundo recelo, sino escepticismo, los arranques oficiales de optimismo. La cuestión central para estos sectores es que la posibilidad de que el Gobierno se financie con deuda a costes que en teoría pueda asumir no implica una salida a la actividad productiva del país.

Por esta vía lo único que el Gobierno va a lograr es aumentar la carga de la deuda como proporción del producto interior bruto (PIB), lo cual le obligará a incrementar los impuestos indirectos y recortar aún más el gasto público. En esencia algo que la OCDE viene de sugerir a las autoridades españolas en una hoja de ruta a la que el Ejecutivo tradicionalmente opone primero una negativa grandilocuente para luego hacer suya. El ejemplo es de la semana pasada, el ajuste de las pensiones se hará por debajo del IPC. En ninguno de los escenarios de medio plazo el Gobierno incrementará sus ingresos por la vía de mayor recaudación fiscal por una reactivación económica. Muy por el contrario el escenario es de una mayor contracción del consumo interno, incremento del paro y caída de la recaudación fiscal por la renta de las personas y las sociedades. Lo único que el Gobierno puede estar festejando es que en su percepción, y solo en ella, ha logrado alejar el fantasma de un rescate que parecía inminente en junio y que le hubiera restado todo crédito político a menos de un año de gobierno.

Sin embargo, una multitud de temas pendientes pueden trastornar la postergación hasta marzo de cualquier decisión sobre el rescate. Entre las cuestiones pendientes está el saneamiento bancario, la capitalización de la banca con deuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y no con dinero, la creación de la SAREB, la imposibilidad de que el sector bancario resuelva sus problemas de liquidez con el presente proceso, y la imposibilidad de que el sector financiero reanude el ciclo de crédito a las empresas.

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