edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
06/06/2012

El Gobierno, asfixiado por el saneamiento bancario, pide los eurobonos

La banca española anegada de liquidez deja en el dique seco al Estado que la sostiene
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
Carlos Schwartz

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una operación de imagen cuando menos curiosa lanzó un mensaje de asfixia a los dirigentes del G7 que mantuvieron una reunión virtual para debatir las circunstancias europeas. De acuerdo con el ministro la situación es de cierre de los mercados para la refinanciación de España a causa de la rentabilidad que los inversores internacionales exigen de la deuda pública española como prima por el riesgo de impago. Mientras, la banca ha recibido de los sucesivos manguerazos del Banco Central Europeo (BCE) 315.000 millones de euros en cifras gruesas, y puede acudir a la facilidad marginal de crédito para pedir más, si es necesario. Mientras, las posiciones abiertas en MEFFREPO, el mercado que en España reparte la financiación obtenida de London Clearing House (LCH) en Londres medida por el promedio de los últimos 10 días de cada mes, es del orden de los 22.000 millones. Si es cierto que el volumen efectivo ha subido significativamente desde noviembre de 2011 de acuerdo con las cifras de MEFF, alcanzando los 107.000 millones en mayo. Pero esta cifra lo único que indica es que el cruce de operaciones con deuda como garantía se ha extendido entre un mayor número de entidades, es decir se ha repartido más. Sin embargo el neto, es decir la posición en la cámara, se mantiene igual con oscilaciones.

Otra cosa es el precio que pagan. LCH viene incrementando los márgenes sobre la deuda española, que están ahora en los 630 puntos básicos, en linea con los parámetros definidos para el colateral general en euros aplicado a la deuda soberana con calificación A, nivel al que ha caído España en febrero pasado. De abril a mayo en cualquier caso ha habido un incremento de 589 a 630 puntos básicos en el coste. Pero esto es digerible. Lo que ya no será tan fácil de pasar por el estómago es la advertencia de las fuentes financieras que revolotean sobre LCH de que la cámara de compensación está estudiando un incremento de los márgenes a aplicar específicamente a la deuda soberana de nuestro país. LCH ha hecho eso en el pasado con la deuda pública de Irlanda y Portugal. Es uno de los síntomas de que el “rescate” se cierne sobre un país. De momento ese incremento prosigue en las cabezas de los gestores. Pero en el caso de decidirse se convertirá de la noche a la mañana en un coste punitivo de los recursos obtenidos a través de las entidades de contrapartida.

Pero mientras la banca goza de liquidez, el Gobierno ve con creciente inquietud la imposibilidad de financiar la recapitalización de los bancos. Incluso en el caso de que esta operación solo demande los 40.000 millones que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, considera necesarios. Este no ha aclarado si esa cifra incluye a Bankia o no. Pero en cualquier caso la operación no es sostenible mediante la emisión de deuda, no solo por su coste, sino por el efecto sobre el déficit del presupuesto. Expresión de esta realidad es el vuelco del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien decidió sumar su voz a la operación de presión sobre el G7 en la sesión de control al Gobierno en el Senado afirmando por primera vez de viva voz que son necesarios una unión fiscal supranacional, un regulador bancario europeo con una unión bancaria, un fondo de garantía colectivo de la zona y que la financiación de dicho sistema se haga mediante eurobonos.

El problema es que el proceso que puede desembocar en instituciones como las apuntadas y en instrumentos como los reclamados está muy lejos de poderse materializar en el corto plazo. Incluso en el largo plazo. Las peticiones del Gobierno están destinadas al consumo interno. Los fondos de garantía alemanes, tres en total, ya han señalado que se oponen a que sus recursos generados mediante la explotación de los depósitos de los ahorradores alemanes sean utilizados en el saneamiento de la banca de cualquier otro país. No parece que haya en el horizonte un Gobierno alemán dispuesto a torcerle el brazo a su sistema bancario. Mientras Rajoy hacía esta puesta en escena, el G7 debatía los planes de contingencia para evitar una verdadera tormenta monetaria que puede acompañar al rápido debilitamiento del euro provocado por las vicisitudes de Grecia y la inestabilidad en los mercados de deuda soberana de España e Italia.

La cuestión de fondo para el G7 sigue en pie. Gane quien gane las elecciones en Grecia el 17 de junio, el Tesoro de Estados Unidos considera inevitable una salida del país del euro en el medio plazo. Este punto de vista parece compartido por Japón, Canadá y Reino Unido junto con Franca e Italia. Es decir, cuatro extracomunitarios y dos de la UE.

Los seis países también consideran preferible una acción concertada de la eurozona para permitir una recapitalización directa de la banca en España sin obligar al Gobierno a tragar la amarga medicina de una intervención. Ahorrar este escalón evitaría la imposición de medidas aun más recesivas que Washington mira con recelo y desesperanza. El grupo, en el que Alemania ha quedado aislada, es de hecho un aliado de las posiciones de Rajoy. Pero el Gobierno de Alemania carece del apoyo de su sistema financiero y su empresariado, así como del margen político entre su propio electorado, para avanzar en este sentido. Entra dentro de la lógica de la tétrada del G7 apoyar estas posiciones: otro cantar sería si ellos tuvieran que pagar los platos rotos durante el festín. Alemania y los países que la apoyan dentro de la Unión Europea (UE) son los principales contribuyentes a cualquier operación de esta naturaleza y no existe en la UE, ni por asomo, un interés común que esté por encima de los intereses nacionales de los grupos económicos de cada país. Ni Alemania, ni Holanda ni Austria, ni Finlandia, van a comprometer la solvencia de su deuda soberana, sus excedentes de balanza de pagos, sin poner un precio muy alto a los países que asistan. Un precio que ellos perciben como garantía de cobro de sus ayudas.

España está en un callejón sin salida. Es el Gobierno quien ha optado por ese rumbo de colisión al decretar condiciones de capitalización y operaciones de salvamento bancario sin tener resuelto el problema de su financiación. El BCE ha creado las condiciones de liquidez para evitar los problemas de muy corto plazo. Pero una cosa es la liquidez y otra la solvencia. Ahora lo que ha puesto en jaque al Gobierno es la solvencia del sistema. Restablecer la solvencia requiere dinero. Y eso ya no depende de las autoridades nacionales porque al euro solo lo emite el BCE. Lo que es peor, la banca tiene asegurada la liquidez pero el Estado no. La paradoja es que lo que ha ocasionado esta situación es la falta de solvencia de una parte del sistema financiero español.

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