edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
27/11/2008

El Gobierno, atado para crear empleo público

J.J. González.- Sensibilizados como estamos todos con los costes, los recortes de gastos, el ahorro; imbuidos en esta atmósfera de necesidad y abocados a apretarse el cinturón, pensamos en esos tres millones de parados que ya registra nuestra economía, al tiempo que recordamos que España cuenta con tres millones de funcionarios entre las tres administraciones, la general, la autonómica y la local). El morbo que provocan las cifras nos lleva a decir que tocamos a un funcionario por parado, o un parado por funcionario. Da igual, por cada 15 habitantes españoles hay un funcionario, o lo que es parecido, una quinta parte de nuestra fuerza laboral cobra del Estado.

Con los Presupuestos Generales para 2009 en la mano, si tomamos únicamente a los funcionarios de la Administración pública y universidades, nos sale que cada empleo público nos costará el próximo año 50.000 euros, es decir, el doble que el coste laboral de un trabajador privado. En esos mismos Presupuestos, nueve de cada cien euros irán destinados a gastos de personal.

Desde su llegada al ministerio de Administraciones Públicas, su titular, Elena Salgado, no parece que haya abanderado ninguna acción tendente a racionalizar las plantillas del Estado. La Administración Central ha adelgazado en los últimos años, justo en sentido contrario al de las Autonomías y ayuntamientos que se han convertido casi en oficinas de reclutamiento laboral en estos años de bonanza económica. Está comprobado que un cambio de Gobierno suele provocar un acelerón en la creación de puestos de trabajo en la Administración, no solamente políticos y asesores, sino también plazas de funcionarios de carrera. Decía el profesor Enrique Fuentes Quintana que los presupuestos y los déficits están, entre otras cosas, para administrarlos y que en época de vacas flacas, al igual que las empresas públicas, la Administración del Estado debería cubrir con nuevo empleo las necesidades del mercado laboral.

Los gobiernos que han  vivido crisis económica conocen las afirmaciones del profesor, si bien, en la práctica no resulta tan sencillo. Sucede igualmente que la llegada al poder de un nuevo Ejecutivo se ve acompañada por un ímpetu reformador y legislador que en muchas ocasiones enmascaran y ocultan las verdaderas intenciones del equipo de Gobierno. Cuando llegó el Partido Popular al poder en 1996 una de las primeras medidas que adoptó fue la de limitar la creación de empleo público, estableciendo la relación de reponer un nuevo funcionario por cada cuatro bajas que se produjeran. Este ejercicio, mitad racional, mitad irracional, duró lo que dura un Gobierno en minoría.

El final de la pasada legislatura significó igualmente la muerte de un Plan de reducción de plantillas, previsto para su puesta en marcha en varios ámbitos de la Administración (general, autonómica y local). El entonces titular del departamento, Jordi Sevilla, que años atrás intentó vender sin éxito (pero con muy buena voluntad) que aquel Estatuto Básico del Empleado Público sería la panacea porque los empleos públicos ya no serían vitalicios. Se confundió el ministro porque la única novedad de tan aparente nombre fue la de que si un funcionario público no cumple con sus obligaciones podrá ser destinado a otro lugar. En esto se quedó la reforma.

Tanto Partido Socialista como Partido Popular, un o y otro, se han olvidado, tras alcanzar el poder, de limitar la creación de empleo público, una de sus promesas en los numerosos folios del programa electoral. Y mientras sigue pendiente un análisis a fondo de las plantillas de las administraciones públicas, lo que importa ahora es la puesta en marcha de un plan de empleo público para los próximos tres años, tiempo que resta para que el Ejecutivo pueda implantar medidas de creación de empleo sin forzar demasiado la maquinaria del déficit presupuestario.

Ahora es el momento más adecuado para crear empleo pero no así el más oportuno para cargar más gasto. Y ante esta disyuntiva tenemos que ni el ministerio de Administraciones convoca plazas de empleo, ni Economía da más pautas de actuación que la de reducir costes por todos los medios. Ambos departamentos ministeriales se encuentran en un análisis de costes que tiene como objetivo recortar los presupuestos de gastos corrientes de forma drástica.

Y mientras tanto, alguna organización sindical ya ha reaccionado ante la idea que se baraja de prejubilar a más de 25.000 funcionarios mayores de 58 años en diciembre de 2009.

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