edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
12/05/2014
El de S&P, previsto para el 23 de mayo

El Gobierno busca el respaldo de las tres agencias de rating

Un buen informe certificaría su `teoría de la recuperación´, reforzaría el apoyo de los mercados a la política del Gobierno y, además, daría más votos
Juan José González

Sobre el papel, tan sólo faltaría la agencia S&P para redondear la nota que ya han avanzado Moody´s el 21 de febrero y Fitch el 24 de abril, y para que se cumpla el objetivo del Gobierno: contar con la opinión favorable de las tres principales agencias de calificación de riesgo crediticio del mercado. Una opinión positiva que, como es el caso, se considera un buen aval para la política económica del Ejecutivo. Al menos desde tres departamentos (Economía, Exteriores e Industria) se estaría trabajando desde principios del pasado mes de abril para lograr la respuesta unánime de las agencias de rating. El efecto de sus decisiones sobre los mercados financieros es indiscutible, en muchos casos es una guía para los inversores institucionales internacionales. Pero el tiempo oficial de la campaña electoral al Parlamento europeo parece haber pillado, y bloqueado, la decisión de la agencia de calificación crediticia, S&P, cuya nota y perspectiva de la deuda deberán esperar el turno que fija el calendario de publicaciones, el 23 de mayo, día en que finaliza la campaña electoral.

En esta ocasión, el triple impacto positivo que provocan las buenas noticias (como las malas) de las agencias, deberá esperar al resultado electoral, lo que no evita que el Ejecutivo lo intente por todos los medios. Pero lo que llama la atención es que los técnicos de varios departamentos se encuentren trabajando en un mismo frente sin tener en cuenta que si en algo se ha avanzado en el control de las agencias de rating es, precisamente en el aspecto regulatorio, el cual se rige de un tiempo a esta parte por un calendario. Por esta razón, no se entendería que la calificadora que falta por pronunciarse sobre la nota española (S&P) emitiera la suya en pleno período electoral. Moody´s publicó la suya el 21 de febrero y no volverá a examinar la economía española hasta el próximo día 20 de junio y 17 de septiembre. Fitch ya realizó la suya el 25 de abril, mientras la de S&P se espera, según el calendario de publicaciones, para el 23 de mayo, una fecha que puede dar lugar a revisión, pues coincide con la última jornada de campaña electoral. Esta agencia volverá a hacer un segundo análisis entre octubre y noviembre.

El efecto positivo de las calificaciones es tan rentable para las empresas españolas, al poder emitir bonos y pasar a figurar como inversores potenciales dado su grado de inversión, como favorable y beneficioso para los intereses políticos de un Ejecutivo que quiere ver reconocida su labor en la política económica. Y las revisiones juegan un papel fundamental de cara a lograr ese reconocimiento en los mercados financieros. Si bien no se puede afirmar que se trate de una relación automática de causa-efecto, sí es demostrable el impacto de una calificación positiva.

La primera gran agencia que abrió el fuego de la revisión del rating español, fue Moodys el pasado 21 de febrero al elevar la nota de la deuda soberana de España a Baa2 y mejorar la perspectiva a largo de estable a positiva, momento en que la prima de riesgo española marcaba los 188 puntos básicos. Posteriormente se publicaría la nota de Fitch, otra de las grandes, que elevaba un escalón el rating de España hasta BBB+ y perspectiva estable, con el diferencial de deuda en 177 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos mantiene que el diferencial español puede seguir acercándose a los 100 puntos básicos antes del mes de agosto, lo cual entraría en el terreno de lo previsible si se tiene en cuenta que la prima de riesgo actual está en 146 puntos básicos. Por tanto, el examen a la economía española de otro de las grandes calificadoras, supondría la más valiosa aportación tanto para las empresas españolas como para los objetivos políticos del Ejecutivo.

Tan sólo puede haber un punto negro que reste valor a la opinión de las calificadoras: que las cuentas de las Comunidades autónomas no sean tan positivas como parecen mostrar las cuentas del Estado. Y en este caso, el rating del Reino de España no conseguiría mejorar su actual nota.

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