edición: 3051 , Martes, 22 septiembre 2020
10/07/2012
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

El Gobierno busca más ingresos por venta de vivienda facilitando la compra a extranjeros no residentes

En los últimos cinco años las Administraciones han ingresado 13.000 millones menos por la caída del mercado inmobiliario
La compra de inmuebles por parte de extranjeros, residentes y no residentes, aumenta un 36% en el primer trimestre
Juan Carlos Martínez

Si los ministros de Finanzas de la Unión Europea aceptan hoy, en su reunión del Ecofin, la propuesta de la Comisión Europea de conceder a España un año más para lograr reducir el déficit hasta el 2,8% en 2014, serán unos 50.000 millones los que habrá recortar hasta entonces, mediante la acción conjunta de disminuir los gastos y obtener más ingresos, vengan de donde vengan. Entre estos últimos podrían abrirse paso de nuevo los provenientes de una vía recaudatoria muy mermada durante los últimos años con la brutal caída del mercado inmobiliario, como es la procedente de la venta de viviendas.

Una simple modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería podría reactivar, al menos en parte, esta fuente de ingresos, hasta hace cinco años el auténtico maná que permitía a las Administraciones Públicas ingresar a manos llenas gracias a las 500.000 o 600.000 viviendas que se vendían. Una partida, la de la recaudación procedente del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y de los actos jurídicos documentados (AJD), por la que, en conjunto, se han dejado de ingresar más de 13.000 millones de euros.
 
Para tratar de recuperar parte de esos ingresos, y a la vista de que los dos Reales Decretos no han dado el resultado esperado de una salida rápida y acelerada de los activos en manos de la banca, está el Gobierno evaluando la posibilidad, como sucede en otros países, de que los extranjeros no residentes puedan formalizar la compra de la manera más sencilla posible. Además de los ingresos impositivos por el aumento de las transacciones se abriría una vía con la que reducir el excedente existente en la costa mediterránea, la zona que aglutina el 70% de las viviendas disponibles.
 
Tal y como está la legislación actual, la adquisición de una vivienda en España no garantiza la obtención de una autorización de residencia, y para proceder con la compra de un bien inmueble, el extranjero debe obtener con carácter previo un Número de Identificación de Extranjero (NIE). El que contiene la tarjeta de identidad de extranjero, el documento destinado a identificar a los extranjeros no comunitarios a efectos de acreditar su situación legal en España.
 
Si, por otra parte, el comprador extracomunitario desea residir temporalmente en España sin realizar actividad laboral deberá tramitar una autorización de residencia no lucrativa, acreditando la disposición de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia.
 
La propuesta ha sido remitida a la Secretaría General de Inmigración por parte de la consultora  Emergia Partners, encabezada por el profesor Jacinto Soler Matutes, ante el interés creciente de sus clientes extranjeros por invertir, a título particular, en propiedades inmobiliarias en España aprovechando la fuerte rebaja de precios que se está produciendo.
 
En principio, y a falta de concretar los detalles, bastaría con que el Gobierno modificara el Reglamento de Extranjería para dar un nuevo contenido al concepto de contribución económica del extranjero, de manera que se concediera la tarjeta de residencia automática a partir de la compra de inmuebles por un mínimo de 250.000 euros, solo en el momento en que esta cantidad fuera efectivamente desembolsada.
 
La modificación llevaría consigo un cambio fiscal. Con la actual legislación, todas las personas físicas no residentes y propietarias de una vivienda en España están obligadas por ley a presentar el impuesto anual sobre el patrimonio para los no residentes y a tener un representante fiscal en España, pero, en muchos casos, no lo hacen. El problema surge cuando venden, ya que el comprador se ve obligado a retener el 3% del valor de la transacción y abonarlo en un plazo de treinta días, por ser, en último término, a quien el Fisco reclamaría.
 
Aunque lejos todavía de los niveles alcanzados en los últimos años del `boom´ inmobiliario, cuando se alcanzaban porcentajes próximos al 9%, las 22.360 viviendas adquiridas en España por extranjeros en 2011 supusieron un 6,04% del 2011, y el incremento superior al 36% registrado en el primer trimestre del presente ejercicio deja entrever que en 2012 volverá a dejarse sentir la presencia inversora de los extranjeros en el mercado inmobiliario español.

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