edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
05/03/2009

El Gobierno busca un nuevo papel para la Banca

Juan José González

En esta ocasión no se va aprovechar del paso del Pisuerga, sino del Támesis. Los veinte Estados, más otros tres invitados, entre los que se encuentra España, van a aplicar mano de hierro al sistema financiero internacional, sentenciado como único culpable de la crisis de 2007. De la reunión del grupo el próximo 2 de abril, en Londres, a las ‘bancas’ de todo el mundo les caerán penas que van desde una mayor supervisión y control de su actividad, hasta la limitación de tamaño, mercados, remuneraciones de la alta dirección y beneficios. Por si fuera poco, se teme un ‘toque’ a la distribución de dividendos, lo que equivaldría a la edición del acta de defunción bancaria.


Pero, por añadidura, los Ejecutivos de cada país se buscarán la forma de ‘arreglar’ su particular Banca. Y aquí es dónde aprovechando que el Támesis pasa por donde pasa, el Gobierno y el Banco de España, quieren ir un poco más allá. Porque no preocupan ni los paraísos fiscales, ni los activos problemáticos, que para eso ya habrá tiempo. Preocupan el volumen de beneficios, la distribución de la riqueza -los dividendos-, la propiedad de las entidades financieras y la falta de compromiso con el Estado en apoyar nuevos modelos económicos.
 
No es seguro que las diez propuestas del Gobierno para la próxima cumbre en abril del G20 hayan sido consultadas, sondeadas ni sugeridas por alguno de los banqueros presentes  en las últimas reuniones de La Moncloa. Si acaso, las voces de algunos de ellos, como la del presidente del BBVA, han querido alabar la idea de un supervisor único europeo y poco más. Así que, lo más probable es que su autoría corresponda al Banco de España siguiendo las pautas marcadas por el equipo económico del Gobierno. Quizás, como no podía ser de otra forma, el apoyo y consenso sobre esos diez puntos de los principales banqueros, habría sido una buena demostración de confianza y colaboración entre Ejecutivo y Banca. Porque seguro que a los seis banqueros les sobran ideas, y buenas, cuando el asunto trata sobre la reforma del sistema financiero.

Todo indica que se pondrán en marcha nuevos registros que afectarán a transacciones extrabursátiles, operaciones con paraísos fiscales (estos a punto de perder su posición y privilegios)… Igualmente, se pretende que se hagan públicas todas las sanciones por prácticas engañosas o abusivas, que en la actualidad sólo llegan a publicarse en alguna página de las memorias del Banco de España.

El compromiso adquirido en la última reunión de este grupo, en noviembre pasado, en Washington, era la puesta en marcha inmediata de las resoluciones allí adoptadas, de las que poco o nada se ha avanzado, próximos a cumplir los cuatro meses desde la reunión. Se teme a las propuestas del Gobierno español sobre la forma en que piensan plantear la nueva supervisión de los mercados, productos y actores financieros, porque de esta propuesta es muy probable que nazca una nueva regulación. Se teme porque, en este caso, determinadas áreas del negocio bancario recibirán un severo control, y más concretamente, los fondos privados de capital, los de capital riesgo, hedge funds, etc. todos ellos de gran peligro para el funcionamiento del sistema, como se ha podido comprobar en los últimos tiempos.

Hay dos puntos en las propuestas del Gobierno español (y se supone que también en el resto de delegaciones) que están llamadas a causar una revolución en el sector. La primera, el establecimiento de un sistema de provisiones anticíclicas, destinadas a cubrir riesgos con el ciclo económico al alza, si bien estas provisiones obligarían a las entidades financieras a mantener el ritmo de crédito a los clientes solventes. Y la segunda, relacionada con la información contable, la cual se pretende mejorar sobre la base de que debe evitarse la sobrevaloración de los activos.

En la cumbre de Londres, se abordará uno de los temas que levanta pasiones entre la clase política dirigente, las retribuciones de la dirección, consideradas sino el origen de todos los males, sí al menos una de sus causas. Se quieren controlar, limitar y en algún caso eliminar, se buscan criterios más razonables para fijar las remuneraciones variables de consejeros y ejecutivos. El Ejecutivo pretende que comiencen a aplicarse las buenas prácticas de gobierno corporativo y que sea a través de las juntas de accionistas donde se aprueben las retribuciones de la alta dirección. Y a ser posible en las juntas de 2009. Mientras tanto, a presumir a Londres de la buena salud de la Banca española.

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